Polémica por los mil millones destinados a mejorar la conectividad en las cárceles

El gobierno nacional dio a conocer que invertirá 1.000 millones de pesos para mejorar la conectividad de las unidades carcelarias del Sistema Penitenciario Federal, según se informó a través de la resolución 2183/21. El programa será financiado con el fondo fiduciario del Servicio Universal, que se alimenta de aportes obligatorios de las empresas de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones como Movistar, Claro, Personal, Fibertel, entre otras.

De acuerdo a la justificación que entregó el gobierno, el objetivo es mejorar la conexión para videollamadas, plataformas educativas, repositorios de contenidos audiovisuales, "favorecer los procesos de conectividad digital de los internos conforme el desarrollo de sus actividades" y "reducir la brecha digital posibilitando el acceso equitativo y de calidad a internet".

El Servicio Penitenciario Federal está compuesto por ocho complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias. Hay cerca de 11.000 personas privadas de la libertad en estas entidades. La inversión del programa de conectividad será de alrededor de $90.000 por preso. Esta determinación alimentó las críticas del sector opositor al kirchnerismo y en las redes los cuestionamientos a la resolución se multiplicaron. Sin dudas, una de las quejas más puntuales es la falta de conectividad en las escuelas.

"Observar cierto atraso tecnológico, amén de las adecuaciones en el plano de la seguridad, en cuanto al acceso a la educación, el trabajo, la salud, la asistencia social, el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad, así como también para mejorar el funcionamiento de las áreas administrativa, contable, de capacitación, transmisión y comunicación del personal penitenciario", expresa la resolución dada a conocer por el gobierno.

Extracto de la resolución

* Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.

* Que, asimismo, la citada norma establece que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo, pudiendo establecer categorías a tal efecto.

* Que, a tales fines, por medio del artículo 21 de la mencionada ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las reglas para su control y auditoría.