El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló este jueves que se realizarán "clarificaciones" a los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
"Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan a este proyecto de ley para tener un proceso de pesca más claro", dijo Francos en rueda de prensa en Casa de Gobierno, luego de reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Según el funcionario, hubo una interpretación errónea de las reformas planteadas por el proyecto que comenzará a ser debatido la próxima semana en el Congreso. "El espíritu es muy claro y se había creado una confusión sobre el sentido de las 200 millas que son para la pesca nacional", reconoció Francos.
Cinco gobernadores del sur, pertenecientes a todo el arco político, se expresaron esta semana en contra de las modificaciones que plantea la ley ómnibus en materia pesquera. Ignacio Torres, y sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa, cuestionaron la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, la competencia desigual en los cupos de captura y finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
Para los mandatarios, estos ejes "afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros".
Las modificaciones que despertaron la crítica de los aliados
Entre las reformas dispuestas que generaron la reacción de un grupo de gobernadores e intendentes del PRO figuran la búsqueda de derogar el artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922 que "obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino".
También el artículo 27 que establece que se hará una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, sin atender el historial de capturas de los últimos 10 años, la capacidad de inversión, entre otros factores, generando así una competencia desigual y el artículo 40 que, actualmente, establece que el personal de embarque debería ser de nacionalidad argentina con 10 años de residencia.
Con las modificaciones propuestas por La Libertad Avanza se busca eliminar la obligatoriedad de este ítem, lo que posibilitaría a las empresas a contratar personal extranjero, no alcanzados por los convenios colectivos de trabajo.