La canciller Susana Malcorra aseguró ayer que el decreto migratorio de la Casa Rosada "no plantea una Argentina xenofóbica", y enfatizó que el gobierno irá el 20 de marzo a defender la normativa en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Anteayer el organismo internacional dio a conocer su "preocupación" por la norma que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de enero con el objetivo de impedir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos y la realización de fraudes para evadir controles fronterizos, además de acortar los plazos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
El caso ante la Cidh es consecuencia, dijo Malcorra, "de una presentación por parte de algunos sectores que es inexacta", aunque el gobierno tiene la "responsabilidad de no haberlo comunicado lo suficientemente bien".
En ese marco, los sacerdotes de las villas de emergencia de la región metropolitana de Buenos Aires advirtieron que la decisión del gobierno nacional de endurecer las leyes de migración tendrán "consecuencias discriminatorias" e incentivarán "el racismo y la xenofobia".
Los curas villeros cuestionaron en un documento que la medida se haya adoptado mediante un decreto de necesidad y urgencia, "salteando la discusión legislativa, espacio apropiado para el tratamiento de un tema tan delicado".
"Estamos muy preocupados por las consecuencias discriminatorias de la medida implementada desde el gobierno nacional, y por su consecuente incentivación del racismo y la xenofobia en nuestro pueblo", sostuvieron en el texto.
La canciller Malcorra explicó que la norma "no plantea una Argentina xenofóbica, sino una Argentina en línea con lo discutido en el Mercosur y que necesita asegurarse que los crímenes transnacionales son evaluados de una manera muy especial", explicó la jefa de la diplomacia.
"Vamos a ir (a la audiencia del día 20), vamos a presentarnos; la Argentina no se esconde y participa activamente de todos los foros. Muchas veces aquellos que critican" a la Casa Rosada por el decreto "están asociados a otros Estados que por ejemplo no son partícipes activos y no dan las explicaciones que damos nosotros en foros equivalentes", comparó la ministra.
En ese sentido, remarcó que "es evidente que hay una crítica respecto de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y allí hay una visión distinta del gobierno de cómo dar las explicaciones" ante la OEA o la Cidh.
Anteayer, el secretario ejecutivo de la Cidh, Pablo Abro, señaló que el decreto "es un tema que llama mucho la atención de la comisión porque la comisión siempre ha valorado la legislación migratoria argentina como un modelo para la región, que ha contaminado positivamente a otros países".
En la audiencia de oficio que tendrá lugar dentro de 10 días el organismo apunta a conocer el "alcance que pretende el gobierno con estos cambios".
Ese mismo día se tratará, en paralelo, las denuncias que involucran a la dirigente Milagro Sala, detenida desde hace poco más de un año.
A fines de enero pasado, el presidente Macri firmó un decreto a través del cual modificó la ley de migraciones, estableciendo categorías, requisitos y plazos de admisión para la aceptación y residencia de ciudadanos en el territorio nacional.
El objetivo, informó el gobierno, es "ser restrictivo" con los extranjeros que vengan a "delinquir" al país, a quienes se intentará "expulsar".
Por Alvaro Torriglia
Por Javier Felcaro