La senadora nacional por Santa Fe insistió en la necesidad de agravar penas en paralelo con la difusión de una causa contra tres psicólogas en la ciudad
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
La legisladora ya había propuesto la reforma ligada a denuncias falsas en 2023.
La Corte Suprema de Santa Fe no es el único organismo interpelado por la causa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil en Rosario. Al mismo tiempo que el tema empezaba a tratarse públicamente, en el Congreso se reabrió el debate sobre un proyecto para aplicar penas más altas por este tipo de delitos.
Aunque distintos estudios señalan que son muy pocos los casos en los que alguien miente deliberadamente sobre una agresión sexual, la senadora nacional Carolina Losada sigue convencida de la necesidad de modificar el marco legal para abordar estas situaciones. Luego del recambio parlamentario de diciembre, su propuesta fue girada nuevamente a la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.
El ingreso de Patricia Bullrich como presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) jugó a favor de los intereses de la legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR) alrededor de una reforma que ya había impulsado sin éxito en 2023. El expediente volvió a la agenda a principios de marzo pasado, días antes de que trascendieran las presentaciones que hicieron en septiembre un grupo de abogados contra tres psicólogas que trabajaron como peritos en causas de abuso sexual infantil.
A partir del crecimiento de la representación del oficialismo en el Senado, la periodista rosarina quiere volver a discutir los términos del Código Penal de la Nación. El artículo 245 actualmente establece un plazo de prisión entre dos meses y un año o una multa por denuncias falsas. El proyecto plantea un nuevo piso de un año de cárcel con un tope de 3 años.
Por otra parte, la propuesta de Losada incluye una sanción más severa para hechos ocurridos en contextos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual. En ese caso se impulsa una condena máxima a 6 años tras las rejas. El mismo agravante se añade de manera explícita al artículo 275 para las sentencias contra declaraciones falsas de testigos, peritos o intérpretes.
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En tercer lugar, la senadora también quiere establecer penas mayores por el encubrimiento de este tipo de delitos, algo que no está expresamente definido en el Código Penal. Esto implica una modificación del tercer y cuarto inciso del artículo 277.
Recientemente, la legisladora reconoció que no hay números oficiales que den cuenta de esta situación como un problema frecuente en los tribunales. No obstante, le aseguró a LT8: "Sucede en todo el país. Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás".
El año pasado, la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Uruguay hizo un trabajo pionero a nivel regional para analizar la cuestión. Luego de una serie de análisis de expedientes judiciales tramitados entre 2021 y 2023 junto con una veintena de entrevistas, concluyeron que "las denuncias falsas en materia de violencia basada en género son insignificantes" en ese país.
Los resultados coinciden con investigaciones similares en otras partes del mundo. El equipo encargado del estudio apuntó que la cantidad de casos en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países oscila entre el 3 y el 6 por ciento del total. En España, la Memoria de la Fiscalía General del Estado indica que las sentencias condenatorias por estos delitos alcanzaron un promedio de 0,0084 por ciento entre 2009 y 2023.
A nivel nacional, uno de los aportes más concretos para echar luz sobre el tema lo hizo Virginia Berlinerblau, médica psiquiatra. En 2003 publicó el artículo "Backlash y abuso sexual infantil", donde compartió hizo un análisis estadístico de una muestra de 315 casos abordados a lo largo de seis años en el Cuerpo Médico Forense de la Nación.
En ese relevamiento, sólo el 3,8 por ciento de los evaluaciones psiquiátricas determinaron que las denuncias eran falsas en las entrevistas a niños y niñas. Además, la especialista aclaró que los casos insustanciados o infundados no necesariamente entran en esta categoría porque muchas veces pueden incluir "reclamos válidos de abuso que simplemente no alcanzan el nivel de evidencia requerido para seguir una investigación" o para presentar el caso ante un tribunal.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Elbio Evangeliste
