El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director del Organismo de Investigaciones (OI) Marcelo Sain fue citado a audiencia imputativa para el martes de la semana próxima en el marco de la causa que lo investiga en el marco de una licitación para la compra de armas para la policía por parte del Ministerio de Seguridad. Se trata del proyecto de adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual requeridos por Sain. Una compra por 1.400 millones de pesos que fue frenada por el propio gobierno de Omar Perotti y por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
Junto a Sain comparecerán el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado habilitado, Marcelo Leandro Correa.
La imputación fue fijada para el 19 de abril en hora a determinar, no será en una audiencia oral y pública ni frente a la presencia de un magistrado. El juez Nicolás Falkenberg consideró que al llegar las personas imputadas en libertad a la instancia en donde los fiscales les formularán cargos el trámite se realizará, como en la mayoría de casos semejantes, en la sede del Ministerio Público de la Acusacion (MPA) en Santa Fe, dado que según el juez no hay necesidad de efectuar control de legalidad de la detención. Esto implica que la formulación de cargos, la figura de las imputaciones y la evidencia no será conocida en el momento de ser planteada y dependerá de la difusión que le den las partes.
Lo que sí se tratará en audiencia pública serán los pedidos de medidas cautelares en las que los fiscales eventualmente pueden pedir medidas restrictivas de la libertad o imposición de cauciones económicas. Se espera que esa audiencia sea al día posterior de la imputación.
La pesquisa judicial es por una licitación que se interrumpió. Se inició luego de que la empresa fabricante de pistolas Bersa cuestionó ante la Justicia la fijación de las condiciones de un proceso licitatorio destinado a adquirir armamento para la policía santafesina, por considerarla arbitraria de parte del gobierno provincial, al valorar que el motivo de esa condición podía ser favorecer a otra proveedora. La presentación se hizo mediante un amparo que autorice la presentación de ofertas en la mencionada licitación sin las limitaciones fijadas en las cláusulas. La Justicia en lo Contencioso Administrativo resolvió la suspensión del proceso de compra a fin de analizar si lo que refiere la denuncia tiene sustento.
Lo que indicaba Bersa SA es que las condiciones se habrían expuesto, con una cláusula específica, para que la licitación la gane una proveedora determinada. Los representantes legales de la empresa alegaron que el pliego técnico copia textualmente la descripción de los productos de otro proveedor y pide que se ordene autorizar la presentación de ofertas en la mencionada compulsa sin las limitaciones fijadas en un anexo agregado.
Bersa sostiene que la convocatoria para comprar armas para la policía fue publicada en el Boletín Oficial del 14 de enero de 2021 indicaba que las ofertas serían recepcionadas hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2021 y que la apertura se realizaría el día 5 de febrero a las 10. Aduce que adquirió el pliego a los fines de poder participar en la licitación demostrando su interés al señalar ser la única empresa nacional dedicada a la fabricación de pistolas.
La presentación judicial fue porque la provincia estipuló que se desestimarían las ofertas que no incluyeran a todos los ítems incorporados en el renglón único. Esto impediría, por ejemplo, que Bersa solamente ofreciera pistolas semiautomáticas, sino proponía también una oferta en los demás artículos requeridos. Y refirió a una publicación de un portal de internet en el que se informó acerca de la intención de la provincia de adquirir armas de la marca israelí “Iwi”. A la vez que observa que las “especificaciones técnicas” de las nuevas condiciones “son una transcripción de los manuales de las armas de dicha empresa”.
La cláusula restrictiva impedía que Bersa pudiera efectuar una oferta para la compra de pistolas semiautomáticas ya que no permitía ofertar por ese solo ítem sino que obligaba a los proveedores a suministrar, como condición para la participación, en todos los ítems de los bienes a licitar. Eso dejaba a Bersa fuera del proceso.
Lo que alertó Bersa en su amparo es que la nueva regla de la licitación “no sólo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.
El planteo indicó que “con la restricción impuesta por el pliego, se genera como consecuencia que sólo puedan presentarse aquellos oferentes que puedan ofertar la totalidad de los productos y entiende que ello implicará que la administración sólo pueda adjudicar todo el renglón a un único oferente, aun cuando por algunos de los ítems pueda no resultar beneficioso”. Además analiza “la magnitud de la renovación de pistolas por parte de la provincia para las fuerzas de seguridad, y arguye que tal licitación debería aspirar a que se genere una mayor competencia, con el fin de tener la posibilidad de obtener la oferta más conveniente”.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó suspender el proceso licitatorio para que el gobierno provincial brinde las razones que tuvo para modificar con una cláusula el pliego licitatorio y ejerza su derecho de defensa sobre la legitimidad de su determinación dado que, dice el tribunal, no habría dado respuestas a los reclamos de la demandante. Fue un día antes de la fecha de apertura de sobres. El diputado provincial radical Juan Cruz Cándido había presentado en los días previos un proyecto de comunicación para que el gobierno provincial informe las razones que motivaron la suspensión, los dictámenes de las asesorías letradas y el estado del proceso de adquisición de armamento.
