El juez Marcelo Martínez de Giorgi tomó declaración indagatoria a los 31 detenidos luego de la marcha a Plaza de Mayo del viernes pasado para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y dispuso su excarcelación. Sólo quedó uno en custodia por un problema con su documento de identidad (falso).
Luego de las audiencias, el magistrado se entrevistó con un grupo de representantes de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, a los que les habría adelantado su conformidad para dictar la excarcelaciones de los acusados.
María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), reveló que durante la reunión se le hicieron al juez una "serie de señalamientos" que, a su entender, permitirían ver que se trató de "causas armadas" por las fuerzas de seguridad.
"Nos manifestó su voluntad de ordenar las excarcelaciones de forma inmediata", aseguró la integrante de la organización de derechos humanos en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py.
Frente a la sede judicial del barrio porteño de Retiro se había congregado una manifestación en apoyo a los detenidos, convocada por la Correpi y otras organizaciones políticas y sociales.
"El propio juez ha reconocido que no tiene elementos para sostener la detención", agregó Verdú, quien agradeció la influencia que tuvieron los medios de comunicación para que la jornada de audiencias se adelantara un día.
Señaló, a su vez, que el horario de detención de varios de los acusados que figura en los actas policiales no coincide con el registrado por muchos medios digitales.
Los detenidos habían sido trasladados al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5, a las 8, para prestar declaración indagatoria a esa hora.
Pero Martínez de Giorgi no llegó al lugar sino varias horas después, lo que provocó la versión de que las audiencias iban a ser aplazadas hasta hoy, instancia que finalmente no ocurrió.
Si bien el juez contaba con 24 horas para resolver los pedidos de excarcelación, terminó cumpliendo el planteo de la defensa para que los detenidos fueran puestos en libertad de inmediato.
Ismael Jalil, uno de los abogados defensores, aseguró que se trata de una "causa políticamente armada" contra los 31 presos, entre los que se encuentran docentes y trabajadores de medios de prensa alternativos.
"No tienen nada que ver con los incidentes. La figura que les imputan implica que tienen que ser ellos los que los provocan", cuestionó.
En ese sentido, el letrado indicó: "Acaban de retener por 72 horas injustamente a trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Van a pagar esto".
Jalil acusó también al gobierno de estar "más preocupado en generar una noticia a las 22 del viernes" que desplazar del centro de la atención a lo que definió como "una extraordinaria movilización popular en reclamo de la aparición con vida de Maldonado".
Como prueba de que los detenidos "nada tienen que ver" con los disturbios, el abogado señaló que dos de ellos son "periodistas pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron detenidos por filmar".
Los manifestantes, que estaban alojados en cuatro dependencias policiales de la ciudad de Buenos Aires, fueron acusados de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad".
Una docena de los detenidos había sido derivada a la comisaría 12ª del barrio porteño de Caballito. Otros siete fueron a la comisaría 15ª, en Retiro, y 14 a la comisaría 30ª de Barracas.
Los enfrentamientos de la policía con manifestantes se generaron luego de la multitudinaria marcha por la aparición con vida de Maldonado, que no registró incidentes hasta varias horas después del acto, y derivaron en que un puñado de ellos comenzara a quemar contenedores de basura, pintaran paredes y rompieran vidrios de comercios y edificios públicos.
Según fuentes de la propia policía, un total de quince efectivos resultaron lesionados durante la protesta.
En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, opinó que los disturbios durante la movilización "estaban preparados de antemano" (ver página 9).
Maldonado permanece desaparecido desde el 1º de agosto, cuando testigos aseguran haberlo visto por última vez durante un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut, luego de una protesta sobre la ruta 40.
Por Hernán Cabrera
