El jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, confirmó ayer que postergarán hasta febrero
el pedido de audiencia a la presidenta Cristina Fernández para presentarle su propuesta del
“consejo económico social”, que permita formalizar el diálogo entre distintos sectores
y se diferencie de la iniciativa oficialista del “pacto social” a la que atribuyen
pocas certezas.
Aguad evaluó que “si la presidenta privilegia los intereses de la
Argentina” debería recibir a las autoridades del partido opositor, para conocer “una
visión distinta” a la del oficialismo.
La idea de los radicales es “institucionalizar” la relación
entre los sectores económicos y políticos, y crear un espacio de asesoramiento al gobierno nacional
en el que se elaboren proyectos que tengan en cuenta los principales temas de la gestión.
A través de la creación de este consejo, los radicales buscan separarse
de la iniciativa del “pacto social” que presentó la presidenta, que creen más cercana a
“una mesa de negociaciones” con sindicatos y empresas, que a un organismo formal que
debata los asuntos centrales de gobierno, explicaron fuentes partidarias.
Antes de asumir, Fernández de Kirchner convocó a un diálogo
multisectorial para definir los principales lineamientos económicos y sociales de su mandato, pero
hasta el momento no dio mayores definiciones sobre el tema.
La propuesta de la UCR está basada en un proyecto presentado en 2002 por
el ex presidente Raúl Alfonsín cuando ocupaba una banca como senador y se presentaría con algunas
modificaciones al comienzo del nuevo año legislativo.
Allí, Alfonsín proponía la creación de un organismo “extra
poder” con personería jurídica de carácter público, integrado por representantes del sector
público, de las actividades económicas, sociales, culturales y cooperativas, que durarían cuatro
años en sus cargos.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, anunció al asumir al frente del
partido a principios de diciembre que solicitaría una reunión con la presidenta para debatir temas
vinculados a la distribución del ingreso, el desempleo y la mejora de la calidad institucional en
la nueva gestión.
Pese a que estaba previsto concretar el pedido a fines de diciembre
—según precisó el propio Morales—, se dejará “hasta después de las
vacaciones” la posible audiencia con la presidenta Cristina Kirchner, dijo Aguad.
