La Legislatura santafesina activa el estudio del caso del fiscal Matías Edery: integrantes de la comisión bicameral de Acuerdos recibirán este miércoles al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, quien al plantear su inhibición por considerar que se está frente a una falta grave (que excede su competencia), dejó en manos de senadores y diputados el procedimiento administrativo respecto de la conducta del integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario.
La comisión de Acuerdos, que preside la diputada socialista Lionella Cattalini, tiene previsto recibir a Mai, a las 9.30. Acerca de Edery, hay en curso dos vías de investigación: la penal, que se instruye en la ciudad de Santa Fe, y la administrativa, por la cual el auditor del MPA había notificado días atrás a la Legislatura la apertura de un procedimiento con el objetivo de recolectar distintas pruebas.
Edery acaba de ofrecer un extenso descargo a las expresiones de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes pusieron en duda su relación profesional con Mariana Ortigala, testigo protegida que derivó en informante de la Agencia de Criminalidad Organizada, donde el fiscal cuestionado se desempeña.
Antes de planear su inhibición en el caso, el viernes pasado, Mai había recibido de Socca una ampliación de la denuncia contra Edery, que incluyó elementos probatorios sobre el posible encubrimiento del fiscal hacia Ortigala.
Mai solamente podía intervenir si la posible falta cometida por Edery era considerada leve. En ese caso, la sanción no superaría los dos meses de suspensión.
Pero si la falta es calificada como grave, directamente tiene que intervenir la Legislatura. En ese marco, senadores y diputados cuentan con facultades plenas para llevar adelante un proceso disciplinario, llegando incluso hasta la destitución (el máximo castigo).
No obstante, antes correrá un plazo de treinta días en el que deberán formalizar la acusación y, finalmente, someterla a una Asamblea Legislativa.
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El descargo de Edery también será analizado por senadores y diputados provinciales.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
Cattalini señaló que Mai se inhibió en el caso por considerar que constituye “una falta grave” por parte de Edery y que, por ese motivo, le corresponde intervenir a la Legislatura. Ahora, senadores y diputados accederán a las pruebas recolectadas por el auditor del MPA.
Luego, la comisión de Acuerdos deberá definir si se mete de lleno en el caso. De resolver en ese sentido, automáticamente arrancará una investigación que deberá atravesar varias etapas: acusación, provisión de pruebas, escucha de testimonios y defensa del señalado. Finalmente, llegará un dictamen por la suspensión o la destitución.
Escenario
En ese contexto, Cattalini instó a “llevar calma a una institución como el Ministerio Público de la Acusación, que está atravesando una profunda crisis que duele a todos y, por la cual, se dice que está dividido en bandos, algo que no es sano para la sociedad santafesina”.
A la bicameral de Acuerdos, además de Cattalini, la integran sus pares radicales Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, Clara García (PS), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), además de los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y Alcides Calvo (del peronismo) y Lisandro Enrico (de la UCR).
Paralelamente, en la agenda de la comisión parlamentaria también figura el tratamiento del expediente de Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista. Instructora de la causa, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó su destitución.
Aunque en la sesión conjunta de ambas Cámaras prevista para este jueves, desde las 13, sólo se trataría la probable suspensión de Gabriela Lescano, fiscal de Cañada de Gómez, investigada por incumplimiento en los deberes de funcionaria pública.
De todos modos, uno de sus abogados volvió a reclamar un freno al trámite dado el “estado de indefensión” —por su estado psicofísico— en que se encuentra Lescano.