Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy invocaron razones de seguridad, edad y ausencia de riesgo de fuga
Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi.
Los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron este viernes ante el Tribunal Federal Oral 2 el pedido formal para que le concedan a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria, por razones de seguridad, de edad y ausencia de riesgo de fuga.
Al mismo tiempo, solicitaron que “durante el tiempo que demande el trámite de resolución de esta incidencia la prisión de Cristina Fernández de Kirchner se efectivice provisoriamente bajo la modalidad” de detención domiciliaria en la vivienda ubicada en San José 1111, 2°D, donde actualmente reside.
La elección de ese domicilio en particular tiene que ver, “entre otros motivos, en la conveniencia de fijar un domicilio dentro del ámbito de competencia territorial del Tribunal” para “facilitar cualquier medida de contralor que pueda ser ordenada en lo que se refiere al cumplimiento de la pena impuesta”.
Los letrados advirtieron que en caso de que denieguen la solicitud, acudirán ante la Corte Suprema y los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos.
>> Leer más: Cristina Kirchner anticipó que el miércoles se presentará en Comodoro Py
En lo jurídico, los abogados argumentaron que la Convención Americana de Derechos Humanos y las denominadas “Reglas de Mandela” asisten el derecho de toda persona privada de su libertad a recibir un trato digno y humanitario.
Por un lado, remarcaron que Cristina Kirchner supera los 70 años de edad y recordaron que la ley nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores presumen "un mayor grado de vulnerabilidad que conduce a que las personas que se encuentran en dicha franja etaria cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.
Al margen del factor de la edad, Beraldi y Llernovoy indicaron que la prisión domiciliaria resulta de “adecuación razonable y necesaria” en este caso por razones de estricta seguridad.
El hecho de haber sido presidenta de la Nación hace que por la propia naturaleza del cargo que desempeñó, Cristina Kirchner haya tenido acceso a “información de carácter secreto o bien confidencial” de Estado, por lo que “la custodia de los ex mandatarios constituye una cuestión de interés institucional”.
>> Leer más: Vivir arriba del balcón de Cristina: cómo es y cuánto cuesta un departamento en su edificio
Por otra parte, los abogados recordaron que “durante la sustanciación de la etapa final de la audiencia de debate celebrada en el presente proceso nuestra defendida fue víctima de un intento de homicidio”, que no se consumó “por circunstancias absolutamente fortuitas”.
Al respecto, indicaron que “si bien los autores materiales de la maniobra actualmente están siendo juzgados ante el Tribunal Oral competente”, la Justicia no ha avanzado sobre los “autores intelectuales”, quienes se encuentran “libres” y representan un peligro para la seguridad de Cristina Kirchner.
Sobre este punto, señalaron que "una de las personas sospechadas (en alusión a Gerardo Milman, a quien no nombraron) tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich), en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal".
A su vez, resaltaron que encerrar a Cristina Kirchner en una institución carcelaria supondría “dejar sin efecto la custodia que le corresponde” como ex presidenta de la Nación, ya que “no puede cumplir sus funciones dentro de un establecimiento penitenciario”.
Por las razones de seguridad apuntadas, y en particular por por haber sido víctima de un intento de magnicidio, los letrados sugirieron con énfasis dejar de lado “cualquier posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”.
Según apuntaron, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos “han objetado en forma expresa los regímenes de vigilancia extrema o supervisión permanente, en tanto resultan lesivos con estándares elementales que hacen a la dignidad humana”.
Por último, los letrados hicieron notar que “el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”.
“En el caso que nos convoca, insistimos, ello deviene superfluo, ya que Cristina Fernández de Kirchner cuenta con una custodia permanente, a cargo de una fuerza de seguridad federal. Ello garantiza suficientemente que nuestra asistida no se va a profugar, de una manera mucho más eficiente que una tobillera electrónica, que simplemente sirve para dar aviso del eventual incumplimiento de la detención domiciliaria”, concluyeron.
Un nuevo informe de la Usina de Datos de la UNR mostró la evolución de la situación laboral en la región. Más adultos mayores permanecen en el sistema y las condiciones son peores
Por Juan Iturrez
Por Claudio Berón
Por Luis Castro