Foto: Archivo / La Capital
El ex jefe del Estado fue imputado días atrás por el envío irregular de armas a Bolivia en 2019.
El magistrado en lo Penal Económico Javier López Biscayart habilitó la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia desde la Argentina en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El juez hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al ex presidente Mauricio Macri, a la ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich (ya designó abogado defensor: Julián Curi) y al otrora titular de Defensa Oscar Aguad.
López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación que aporte “de inmediato” el original de la carta que figura como recibida “en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, identificada con el número de nota 184 AB, con ingreso el 15 de noviembre de 2019”.
Además, pidió que detalle, “con el respaldo documental del caso, si en la embajada, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Normando Alvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo” de la sede diplomática argentina.
En ese sentido, solicitó que Cancillería “remita el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la embajada durante octubre y noviembre de 2019” y que consigne los datos de cada texto, a la vez que advirtió que, si hay documentos secretos, sean enviados en sobre cerrado.
El magistrado también le pidió a la Cancillería que informe, con el respaldo documental del caso, si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la embajada en 2019.
Asimismo, solicitó los “registros fílmicos sobre los procedimientos de control aduanero concretados en el aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)”.
Además, requirió “al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (El Palomar) que, en 48 horas”, aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre de 2019, y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.
En esa línea investigativa, López Biscayart también solicitó los datos personales de los encargados de carga y descarga.
El magistrado rechazó, además, un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para “tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados”.
La Unidad de Información Financiera había solicitado ser querellante en la investigación para tener acceso a la causa y evaluar si pudo haber algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.
López Biscayart también dispuso que se requiera al responsable de la Anmac que remita en 48 horas la totalidad de las actuaciones que dieran por resultado la autorización de salida temporal, mediante resoluciones Nº 974/19 y 982/19, e informe las personas intervinientes.
En tanto, el ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, calificó como un “hecho gravísimo” el envío de material represivo a Bolivia en 2019 y resaltó que hay “pruebas fehacientes” de que el contrabando ocurrió.
Rossi indicó que una de las “pruebas fehacientes” es la carta de agradecimiento por el envío de pertrechos para la represión por parte del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara, que en principio fue desmentida por Macri pero que ya fue constatada como verdadera.
Paralelamente, el gobierno de Bolivia brindó nuevos detalles del envío de armamento desde la Argentina en 2019, durante la administración de Macri, y exhibió parte del arsenal secuestrado en ese país.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte de la Argentina cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Al respecto, el funcionario confirmó que se trata de “tráfico ilícito de municiones”, un crimen penado con 30 años de prisión en Bolivia.
Ratificó, además, que en noviembre de 2019 “ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros”, a Bolivia.
En ese sentido, Del Castillo dijo que ya se encontraron “26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la policía”, que son parte de las 70 mil municiones de goma que salieron del país con el argumento de defender la Embajada de la Argentina en el Estado Plurinacional.
En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según detalló el funcionario, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”.
El ministro aseguró que parte del armamento que llegó a Bolivia la mañana del 13 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado, estaba autorizado para reforzar la custodia de la embajada.
Sin embargo, enfatizó que a Bolivia “llegaron otras municiones que no fueron solicitadas y, mucho menos, autorizadas”.
El funcionario indicó que parte del armamento fue entregado a la policía de su país. Pero advirtió que “gran parte también fue entregada a la Fuerza Aérea de Bolivia y hay un faltante todavía en investigación para determinar si fue utilizado en la masacres de Sacaba y Senkata”, cometidas con posterioridad al golpe de Estado.
A su vez, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, aseguró que en el lote que el gobierno de Macri envió al país vecino “había granadas de gases de Estados Unidos”.
“Lo que no se sabe es si (las granadas) estaban antes o llegaron junto con lo que envió la Argentina”, completó Basteiro.
Andrés "Plin" Acosta había ingresado en la lista de prófugos más buscado en octubre pasado tras el hallazgo de armas de alto poder de fuego en su casa
Por Claudio Berón
Por Matías Petisce