El gobierno provincial lanzó una ofensiva en favor del proyecto de emergencia que fue rechazado por la oposición en la Legislatura a fines del año pasado, y que habilita, entre otras cosas, a tomar deuda por $ 15 mil millones y flexibilizar para casos específicos la utilización de recursos de capital para financiar gastos corrientes.
El rechazo a ese proyecto fue el argumento que utilizó la administración de Omar Perotti para extender el cronograma de pagos de salarios a los estatales. En las últimas horas, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, y el titular de Economía, Walter Agosto, salieron a defender la necesidad de declarar la emergencia y a criticar a "pesada herencia" que, aseguran, les dejó el gobierno de Miguel Lifschitz.
"La situación de emergencia es incontrastable", dijo el ministro de Economía en declaraciones al diario El Litoral. El funcionario reiteró que las deudas a corto plazo de la provincia suman $ 22 mil millones y que el déficit financiero de 2019 cerrará en $ 15 mil millones. También puso en duda la magnitud de las acreencias heredadas con la Nación en materia de financiamiento de la Caja de Jubilaciones. Dijo que la deuda de $ 5 mil millones que reclamaba la anterior administración pro ese concepto "no está conformada".
Además, proyectó el rojo del organismo previsional en $ 13 mil millones, "tres veces el financiamiento de $ 3.898 millones que se recibió desde el gobierno nacional".
Agosto señaló que el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), la "caja" del Estado provincial, era de $ 15.200 millones pero, al 11 de diciembre, se habían utilizado $ 14.550 millones. "Sólo quedaron $ 750 millones cuando el costo de la política salarial de diciembre, con el aguinaldo, fue de $ 23 mil millones", agregó.
Por eso, insistió en la necesidad de sancionar la emergencia, que incluye un pedido de autorización para tomar deuda por $ 15 mil millones para recomponer el Fuco, y también para ampliar la capacidad de tomar deuda de corto plazo por $ 6 mil millones. Además, flexibiliza el límite de 40 por ciento establecido en el presupuesto 2020 para volcar recursos de capital a la financiación de gastos corrientes, sin afectar transferencias a municipios y comunas. El ministro quiere poder romper ese techo cuando se trata de atender partidas relacionadas con salud y desarrollo social. Estimó que la actual autorización alcanza sólo al 2,5 por ciento del total del presupuesto.
Pese a este pedido de endeudamiento, Agosto criticó la política anterior de pedir adelantos transitorios al agente financiero para pagar sueldos. "En 2019 se pagaron $ 100 millones de intereses, el equivalente a un mes y medio de financiamiento de la tarjeta de ciudadanía", señaló.
Respuesta
Desde el Frente Progresista rechazan los argumentos oficialistas para pedir la emergencia y, fundamentalmente, la denuncia oficialista sobre la pesada herencia. Insisten en señalar que dejaron una provincia que está entre las menos endeudadas del país, con un stock de pasivos "equiparable a un mes y medio de ingresos".
En cambio, "por cada peso que Santa Fe tiene por pagar, dispone de tres por cobrar", reiteran desde la oposición.
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