Expertos advierten que la corrupción erosiona la democracia

Convocados para debatir sobre la economía del delito, especialistas advirtieron que el lavado de activos y la corrupción pueden poner en juego el sistema democrático.

Organizada por la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, los contadores Ricardo Gil Iribarne y Eduardo Blanco Alvarez participaron junto al ex ministro de Justicia Ricardo Silberstein de una charla que tocó varios temas sensibles para la ciudad y la provincia.

Después de la actividad realizada en el Colegio de Abogados de Rosario, Gil Iribarne y Blanco Alvarez mantuvieron un mano a mano con La Capital en el que analizaron las luces y sombras del sistema actual y los riesgos a la convivencia democrática que generan estos fenómenos.

Blanco Alvarez, especialista en investigaciones patrimoniales, financieras y económicas y fraudes contra el Estado, advirtió que en la Argentina los procesos judiciales son lentos, de 14 años en promedio, y que los resultados de las investigaciones se ven en el mediano plazo.

“Los actores que trabajan en esto lo hacen de la mejor manera posible, (pero) el Estado tiene sus falencias, tiene sus dificultades”, señaló el auditor en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Gil Iribarne reconoció que el Estado y quienes están en la vereda de enfrente del crimen organizado están en una posición de debilidad para combatir esos flagelos. “Ellos dan respuestas más rápidas y coherentes que las que podemos dar nosotros”, admitió el presidente de la Junta de Transparencia y tica Pública (Jutep) de Uruguay, entre 2017 y 2020, y titular entre 2005 y 2010 de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del país oriental.

El experto resaltó que ante esos problemas no hay soluciones mágicas. “Antes de pensar en nuevas normas, hay que pensar en las que ya existen y cómo se aplican. No hay una ley maravillosa, ni cargo ni presupuesto que resuelva eso. Necesitamos tener conciencia de los problemas y trabajar en base a un análisis de riesgos. Tenemos pocos recursos y debemos destinarlos a los principales problemas”, argumentó.

En ese sentido, Gil Iribarne sugirió enfocarse en los grandes inversores, aquellos que mueven millones de dólares, y no, por ejemplo, en pequeños ahorristas o los jubilados, que perciben todos los meses un mismo haber.

Ese criterio, agregó Blanco Alvarez, es el que aplica la Unidad de Información Financiera. “La UIF se enfoca en los actores más riesgosos en función de una matriz, y trata de aplicar con ellos una política de prevención más fuerte”, indicó el especialista.

“Antes de pensar en nuevas normas, hay que pensar en las que ya existen y cómo se aplican" “Antes de pensar en nuevas normas, hay que pensar en las que ya existen y cómo se aplican"

Otro problema, añadió el especialista, es la descoordinación entre el Estado nacional y los niveles inferiores de gobierno. Un ejemplo: los registros de la propiedad y de sociedades son provinciales. “Para investigar un inmueble o una sociedad hay que dirigirse a 24 jurisdicciones, y se complica obtener información. Tenemos una ley sancionada en 2005 sobre sociedades, cuyo último artículo invita a las provincias a adherir, y no se efectivizó”, remarcó.

Y agregó: “Queda mucha tarea por hacer, que todo vaya fluyendo hacia algo más ágil, que la sociedad perciba que las cosas se hacen”.

image.png

Paracaidistas

Consultados sobre los riesgos que presentan para las sociedades que se profundicen estos problemas, Blanco Alvarez alertó que los flujos ilícitos pueden hacer tambalear a cualquier sistema económico. Más, una economía débil como la argentina. “Si manejo fondos ilícitos puedo vender las cosas mucho más baratas que otro que está en el sistema formal, eso rompe las reglas del mercado”, explicó.

Una de las claves, observó el experto, es cortar el circuito de las organizaciones abocadas a la corrupción, la trata de personas, la evasión y otros delitos, y romper el andamiaje creado por contadores, abogados y otros profesionales. “Las estructuras y los nombres son siempre los mismos”, señaló.

En tanto, Gil Iribarne alertó que si la sensación de impunidad se expande entre la ciudadanía “está en juego el sistema democrático”.

“Hay que dar un mensaje fuerte de que la corrupción no es admisible, que no se hace la vista gorda, que no hay impunidad. No es fácil, lleva mucho tiempo, son planes de largo plazo que llevan más de un período de gobierno”, planteó.

Y abundó: “Cuando la gente pasa de la indignación al escepticismo, a aceptar que ciertas cosas son parte del juego, del paisaje o de la condición humana, el riesgo es que sienta que el sistema democrático no le está ofreciendo las soluciones y aparezcan los paracaidistas que caen con las soluciones mágicas”.

“Lo bueno de estos eventos es que te juntan mucha gente que viene de lados distintos. Todos tienen que participar y asumir que son parte del problema y de la solución. Hubo una visión crítica, pero confiada en que hay soluciones”, concluyó.

“Hay que dar un mensaje fuerte de que la corrupción no es admisible, que no se hace la vista gorda, que no hay impunidad" “Hay que dar un mensaje fuerte de que la corrupción no es admisible, que no se hace la vista gorda, que no hay impunidad"

Coordinación

Al abrir el encuentro en el Colegio de Abogados de Rosario, el presidente de la Cámara baja, Pablo Farías, señaló que “el crecimiento en escala y sofisticación que registra el fenómeno de la economía ligada al delito marca la necesidad de hablar de este tema para entenderlo, articular esfuerzos y dar respuestas”.

En ese sentido, el legislador advirtió que se trata de “un problema que requiere ser abordado de manera integral, comprometiendo a todos los actores sociales”, y rescató tanto el proyecto de ordenanza para la detección de lavado de activos presentado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, como las iniciativas de concejales de otras fuerzas políticas de la ciudad. “También hay propuestas presentadas en la Cámara de Diputadas y Diputados; es una buena oportunidad para llevar adelante un trabajo donde es fundamental la coordinación entre todos los poderes del Estado y los niveles de gobierno”, dijo el ex ministro de Gobierno.

Estuvieron presentes en la actividad Roberto Falistocco, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; Jorge Baclini, fiscal General del Ministerio Público de la Acusación; Fernando Arrigo, Fiscal General Federal a cargo de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones de Rosario; Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia y la jueza penal de Cámara Bibiana Alonso, coordinadora del Colegio de Jueces Penales de 2ª Instancia de Rosario.

También participaron Gustavo Zignago, secretario General de la Municipalidad de Rosario, y el decano de la Facultad de Derecho de la UNR, Hernán Botta.

La diputada provincial Lionella Cattalini, impulsora del proyecto de realización de las jornadas, destacó “la amplia convocatoria” del primer encuentro del ciclo, que continuará la semana próxima en Santa Fe. “Habla de la necesidad de generar acuerdos a largo plazo para lograr una política de seguridad activa, que incluya la reforma de la justicia y la coordinación interestatal para prevenir el delito de lavado de dinero”, sostuvo.

“La complejidad del tema nos obliga a ser inteligentes y actuar de manera estratégica para lograr una sinergia entre todas las instituciones del Estado y la sociedad civil, que nos ayude abordar los temas que la ciudadanía nos está demandando”, agregó la diputada del PS.