Espionaje ilegal: el juez Martín Torres señala que se perfilaron personas sin control fiscal

En la primera resolución judicial que evalúa actividades de presunto espionaje ilegal, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain no parece salir indemne. Al fundamentar las medidas cautelares, que no le imponen prisión preventiva pero le prohíben la salida del país, el juez Martín Torres dice advertir que los cientos de perfiles de personas físicas que motivan la acusación contra el funcionario no fueron dispuestos, ni ordenados ni controlados por un órgano fiscal.

La afirmación consta en el sostén que el magistrado da a las medidas cautelares, donde analiza la materialidad de los hechos y la probable autoría de distintos delitos contra Sain, al que los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grinberg acusaron de jefe de una asociación ilícita y por la violación de la ley nacional de inteligencia, medida que fue impulsada además por seis diferentes querellantes de víctimas aparentes de esos perfilamientos. Las imputaciones implican hacer inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas.

"No existen dudas a esta altura del proceso, que gran parte de la información producida mediante los perfilamientos aludidos, en un grandísimo (mayoritario) porcentaje, fue sin conocimiento, autorización ni control fiscal. Lo cual, en sí mismo es grave, sin perjuicio de la subsunción correspondiente de dichas conductas en los tipos penales escogidos, los que a priori lucen razonables, tanto desde el punto de vista de la materialidad del hecho, como desde la intervención que le cupo a cada uno de los imputados sobre los que se discute la actual medida", indica la resolución de Torres.

El juez precisa que "toda la información recopilada, lo fue sin directivas, y que no se conoció la existencia de investigaciones penales preparatorias en trámite", que deben ser ordenadas por fiscales. Destaca no obstante que la defensa aludió a tres trámites donde sí habría existido mandato fiscal.

El magistrado analiza un incidente ocurrido el 26 de noviembre de 2021 cuando varios funcionarios del Ministerio de Seguridad fueron encontrados durante un allanamiento triturando documentación en la sede de esa cartera en Rosario. Torres alude a que no se pudo acreditar qué contenía esa documental. Y responde a la defensa puntualmente: "Se ha dicho en procura de justificar tal destrucción, que es parte de la responsabilidad funcional, preservar la información recabada en razón de esa función o cargo, lo que no veo es cómo se pretende aparentar que esa preservación se logrará destruyendo la documentación".

Al respecto, el juez se detiene en el análisis de las comunicaciones presentadas como evidencia por los fiscales, donde surge la afirmación de Saín, quien habría manifestado expresamente a sus subordinados "tienen dos días para terminar de cerrar todo" y por parte de la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman señalar "ya limpié todo". Esas comunicaciones, subraya Torres, "se dan en el contexto temporal de tales operatorias de destrucción".

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Torres también enfoca la responsabilidad aparente de otros funcionarios como el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Shujman y la ex directora de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones Debora Cotichini. Explicita que "de los teléfonos de Montenegro y Schujman, se confirma la existencia de la asociación ilícita, se verificó la existencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad, Saín, Montenegro, Shujman, Cotichini, quienes eran los destinatarios de toda la información, lo que confirma y abunda la hipótesis de la fiscalía"

El juez agrega que "entre la información verificada de la evidencia se confirman órdenes de violar derechos humanos, de proferir vejaciones y/u omitir el debido control y anoticiamiento de casos caracterizados por este tipo de tratos a personas privadas de la libertad". Ese es otro de los delitos que los fiscales imputan a algunos de los ocho funcionarios alcanzados por el trámite.

El siguiente paso en el mismo trámite se refiere a la confirmación de la audiencia de medidas cautelares sobre los restantes imputados de la causa, lo que será este jueves a las 17 ante el juez Nicolás Falkenberg.