Espionaje ilegal: prohíben a Sain salir del país y tener armas de fuego

La audiencia de medidas cautelares por la causa del presunto espionaje ilegal en Santa Fe habilitó a los imputados ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros ex funcionarios de esa cartera a continuar lo que resta del proceso en libertad, debiendo cumplir varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Para el criminólogo, el juez interviniente impuso la prohibición de salir del país y de tener armas de fuego.

La resolución del juez Martín Torres incluye al ex secretario de Seguridad Pública provincial Germán Montenegro, quien se encontraba fuera del país al momento de comenzar, el martes pasado, la audiencia de cautelares.

Tanto Sain como Montenegro deberán fijar domicilio, quedarán bajo la custodia y no podrán contactar a las víctimas de la causa, como tampoco con el Ministerio de Seguridad. Y tendrán que abonar una caución real.

En ese marco, tendrán prohibida la salida del país, por lo que deberán entregar su pasaporte a la Justicia. Asimismo, Sain tendrá prohibido portar y poseer armas de fuego.

Paralelamente, la resolución del magistrado definió la situación de Agustina Moulins, en su momento contratada en la cartera de Seguridad: deberá fijar domicilio y, vía acreditación ante la Justicia, podrá salir del país.

Durante la audiencia, encabezada por Torres y realizada en los Tribunales de Santa Fe, la querellas y la defensas se metieron de lleno en el debate en torno a la prisión preventiva de los imputados. Los patrocinantes de Sain y otros acusados habían planteado su continuidad en libertad en lo que resta del proceso.

El pedido de prisión preventiva de Sain y otros imputados había sido formalizado días atrás por la querella del diputado provincial de la UCR Maximiliano Pullaro. Y a esa petición terminaron adhiriendo las restantes querellas, excepto la presentada en su momento por la Fiscalía de Estado santafesina.

Asimismo, la mayoría de las querellas no estuvo de acuerdo con las medidas alternativas para que Sain eludiera la prisión preventiva. Por ese motivo, la audiencia de cautelares había pasado el martes a un cuarto intermedio.

Para la fiscalía, se trató de una organización de estructura piramidal, encabezada por el criminólogo, como jefe, seguido por la entonces directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, como organizadora, en el ministerio y la ex directora del Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA) Débora Cotichini _destituida el martes durante un juicio disciplinario_, también como organizadora.

La imputación incluye a Diego Rodríguez (es subsecretario de Control Institucional), Milagros Bernard (contratada por la Subsecretaría de Control Institucional) y Pablo Alvarez ( es subsecretario de Investigación Criminal). A los tres se los acusa, al igual que a Montenegro y Moulins, de realizar tareas de inteligencia ilegales.

Los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado el pedido de audiencia de cautelares ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) un día después de imputar a Sain y a siete de sus otrora colaboradores en Seguridad.

En el marco de la imputación, los fiscales también argumentaron que la agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021.

Segunda cita

Pocas horas después, Jorge Patrizi, juez de Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, encabezó una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal.

La convocatoria había sido dispuesta por el magistrado a partir de un nuevo planteo de los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados), quienes consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.

En ese marco, y en función de los planteos de las defensas, Patrizi se tomará el plazo que estipula la ley (tres días hábiles) para resolver sobre el planteo de competencia de la causa.