El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain está acusado de liderar y conformar una organización para cometer espionaje ilegal.
La Justicia realizará este martes una audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal en Santa Fe, por la cual fueron imputados el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros ex funcionarios de esa cartera.
Durante la audiencia, programada para las 17, se tratará el pedido de prisión preventiva de Sain planteado por la querella del diputado provincial de la UCR Maximiliano Pullaro.
A esa petición terminaron adhiriendo las restantes querellas, excepto la presentada en su momento por la Fiscalía de Estado provincial.
Sobre la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman y la otrora directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones (MPA) Débora Cotichini, el pedido de prisión preventiva, también formalizado por Pullaro, se tratará en una futura audiencia.
La audiencia se realizará en los Tribunales de Santa Fe, pero no frente a Nicolás Falkenberg, juez de Investigación Penal Preparatoria, quien estará ausente por cuestiones de agenda. Su lugar será cubierto por el magistrado Martín Torres.
Los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado el miércoles pasado el pedido de audiencia de medidas cautelares ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Lo hicieron un día después de imputar a Sain y a siete de sus ex colaboradores en Seguridad provincial de conformar una asociación ilícita (en carácter de jefe para el ex ministro).
Para los fiscales, se trata de un presunto grupo criminal que coordinó una estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas mediante la confección de “perfiles”.
Acerca de la audiencia de cautelares, se había especulado con la existencia de un principio de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de tres de los imputados (Sain, Germán Montenegro y Agustina Moulins) para que transitaran la causa con medidas alternativas a la prisión (fijar domicilio, prohibición de contacto con las víctimas y salida del país).
Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA), los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. También por sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo.
Asimismo, argumentaron que esa agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Y que era una organización de estructura piramidal, encabezada por Sain, como jefe, seguido de Schujman, como organizadora en Seguridad, y Cotichini, también como organizadora.
La investigación en la causa de espionaje ilegal comenzó a despuntar luego de dos allanamientos, uno en la sede rosarina del Ministerio de Seguridad y el otro en las oficinas de la cartera en la capital provincial. Allí se secuestraron abundante material y los teléfonos celulares de los colaboradores de Sain.
Paralelamente, Jorge Patrizi, juez de Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, fijó para el miércoles una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal.
La medida, programada para las 17, en la Sala 2 de los Tribunales de Santa Fe, fue dispuesta por el magistrado a partir de un nuevo planteo de los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados), que consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.
El asesinato de la joven de 24 años ocurrió el viernes por la noche y horas más tarde se arrestó a su pareja, un joven de 25 años, quien admitió el ataque.
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