Las cicatrices de la violencia que azota a Rosario en especial, los agobios de la desigualdad y los problemas que la política no logra despejar con relación a la inseguridad pública y a una comunidad hecha de abruptos contrastes. Sobre esas líneas avanzó el largo discurso que el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, pronunció este mediodía al inaugurar el año judicial 2023. "A este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y, especialmente, de nuestras diferentes condiciones políticas", dijo. También pidió abrir los ojos para desafíos que, había comentado antes de ingresar al salón de actos, exigen grandeza: "Asumir cabalmente que con el dolor y el sufrimiento de los rosarinos no se pelean votos".
El penalista que preside la Corte santafesina habló una hora en un marco colmado de representantes de los distintos poderes de la provincia, pero con un notorio ausente: el gobernador Omar Perotti no estuvo en el edificio de Tribunales, en Balcarce al 1600, algo por completo inusual en estas ceremonias. Sí acudieron legisladores provinciales de distinto signo; los tres senadores nacionales por Santa Fe; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón; concejales, la vicebogernadora Alejandra Rodenas y, desde luego, los cinco ministros de la Corte que acompañan en la conducción del Poder Judicial al orador, además del procurador.
Rodenas, Losada, Scarpin, Lewandowski, Javkin, Jatón y Martorano, durante el acto en Tribunales.
Foto: Archivo / La Capital.
"Acá estamos discutiendo poder", definió hacia el final el ministro, algo que aunque sea una obviedad no siempre se explicita. En la misma oración planteo los términos de esa discusión: "Hay que poner en revisión a nuestras instituciones. Y darle calidad a nuestra democracia".
En un prolongado hamacarse por asuntos diversos repasó varias cuestiones: las amenazas de la deslegitimación democrática en tiempos de fuerte desigualdad, poner en revisión a las instituciones, la urgencia de tener jurados populares para avalar las resoluciones penales, los problemas de la superpoblación carcelaria que no frena el delito y gestiona desde allí la criminalidad urbana. Propuso una agenda que exige la reforma constitucional provincial, la reforma policial, la creación de una policía de investigación dependiente de los fiscales como parte de aquella reforma, la garantía de plena autonomía al MPA "que ha sido legislativamente debilitada". Y la atención muy especial a la violencia.
El escenario desde el que hablaba ilustraba más que cualquier palabra. La representación institucional más encumbrada de la provincia reunida en un ámbito con el tránsito cortado por tropas policiales en cuatro calles circundantes y con personal de oscuros trajes de la Tropa de Operaciones Especiales custodiando la sala de actos.
Erbetta invitó a plantar la mirada y la compañía sobre las víctimas. Hizo un especial reconocimiento a los "familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo, familiares que, a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad".
"Pero la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco", dijo Erbetta. "No es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y Justicia federales. El problema de Rosario en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales".
El docente de Derecho Penal de la UNR sostuvo que "la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrenta hoy a un escenario de bandas criminales polirrubros, que aprovechan su expertise en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos". Y marcó también que "el escalón final de la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a sociedades de acción simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales".
Tensiones
En el auditorio estaba representada la institucionalidad provincial en un momento con tensiones lógicas de punta: divergencias en un año electoral y, más relacionada con el Poder Judicial, la elección desde esta semana de las autoridades superiores del ministerio público que maneja en la provincia la persecución de delitos y también la defensa. Este último fue un proceso fallido la última vez: la Legislatura y el anterior gobernador eligieron con visibilidad pública disminuida a un fiscal regional en Rosario, Patricio Serjal, quien terminó destituido por corrupción. Ahora hay un proceso igual que no destaca por el debate franco y a cara limpia. Erbetta no habló de esto, pero sí elogió a los fiscales, y en especial a la Agencia de Criminalidad Organizada, a la que ponderó explícitamente.
Ciertas tensiones que en el recinto adensaban el aire se marcaron allí. Estaba el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), sentado enfrente de dos funcionarios de aquella agencia fiscal, que buscan su desafuero. La turbulencia se contuvo adentro pero no afuera, donde al salir Traferri y Luis Schiappa Pietra tuvieron un encontronazo, a instancias de un planteo verbal del primero, que terminó con la custodia del fiscal irrumpiendo al medio para evitar mayor proximidad física.
Tras comentar los objetivos y metas de la Corte Suprema, los últimos minutos del discurso de Erbetta fueron dedicados a analizar la situación de Rosario, atravesada por la violencia del microtráfico de drogas: "Como todo problema social obviamente quienes más resultan afectados por este estado de cosas son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13 por ciento del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro".
Erbetta habló una hora en un marco colmado de representantes de los distintos poderes de la provincia. El gobernador Perotti no fue de la partida.
Foto: Archivo / La Capital.
"El delito existe en todas las capas sociales, aunque se visibiliza más en sectores de menores recursos como consecuencia natural de la selectividad estructural de los sistemas penales. Una vez más, las disparidades hirientes como diría (el Papa) Francisco", consideró.
Erbetta quiso cuestionar con dureza a las intromisiones ilegítimas de la Justicia en la política. Lo hizo con el foco en Comodoro Py. Y cuestionó "la pretensión de colonización de sectores del Poder Judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria y fenómenos de patología institucional que han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019".
Desde ese peldaño sostuvo "la necesidad de una profunda reforma judicial que permita recuperar un proyecto institucional de justicia pública y democrática, no solamente en materia penal sino en todos los fueros".
