Este jueves a la mañana los diputados del Partido Socialista se le animaron al tabú promoviendo una reforma constitucional “sin reelección” consecutiva. Y, aunque si bien ofrecen la alternativa de discutir la posibilidad de una única reelección para el gobernador se trata de una opción remota: en los comicios de 2031 ó 2035 lo que saca del radar la discusión sobre el particular junto con el tradicional argumento usado en enésimas ocasiones y desde una veintena de años según el cual los únicos discriminados (máxime luego de la reforma de la Constitución nacional de 1994) son el gobernador y vicegobernador de la provincia. De hecho, todo los demás cargos electivos en la provincia tienen reelección inmediata.
Este jueves, el bloque de diputados del socialismo que preside Joaquín Blanco sumó el sexto proyecto para introducir modificaciones a la Constitución santafesina. La iniciativa fue ingresada al cuerpo y presentada oficialmente durante una conferencia en la Legislatura.
Así las cosas, una enmienda a la Carta Magna viene con viento de cola a favor. Ya no quedan partidos con representación legislativa que no impulsen el retoque que, además, es un déficit desde 1994 cuando la Constitución nacional ordenó a las provincias aggiornarse a las modificaciones que entonces le impusiera la convención de Santa Fe ese año.
A ello se suma la iniciativa misma de la Casa Gris de avanzar a toda marcha con algunos aspectos que, todos los sectores, consideran indispensables y necesarios tal el caso de las autonomías municipales. Aunque sobre esto dijeron en la conferencia de prensa del socialismo que “se habló mucho y se hizo poco hasta ahora”.
Este clima favorable que se completó con los socialistas (que siempre fueron reformistas) sumándose a la ola abrió, por primera vez, la presunción de plazo: octubre. Para entonces, las cabezas de los distintos bloques en Diputados piensan que es posible tener un escenario favorable para una convención reformadora.
Por ahora no hay más, pero es mucho más de lo todo lo que se avanzó desde que se empezó a conversar de la necesidad de adecuar el texto vigente desde 1962 y eso fue cuando estaba terminando la década de los 80 del siglo pasado.
Desde entonces se han sucedido los intentos reformistas muriendo todos en el mismo alambique: la reelección del gobernador, lo que llevaba a la oposición de quien promoviera la idea a bloquearla in límine. Tanto fue así, que el ex gobernador, Carlos Reutemann, tuvo que desactivar personalmente una movida de sus colaboradores que pretendían apelar a organismos internacionales argumentando que al gobernador y vice se les afecta su derecho constitucional a ser elegidos. El ex gobernador, Jorge Obeid, pretendió eludir ese obstáculo excluyéndose taxativamente de una competencia por otro mandato consecutivo cuando envió un proyecto durante su mandato. No alcanzó.
Su sucesor, Hermes Binner, hizo lo propio e instaló la máxima según la cual gobernaría en base a la constitución con la que juró pero fue el más osado al proponer una reforma legislativa radical: la unicameralidad. Una experiencia que no mucho antes habían aprobado los cordobeses.
Por eso, el PS piensa que al menos la reelección consecutiva con su proyecto deja de ser un obstáculo. La pone sobre la mesa pero para dentro de casi una década y como fruto de acuerdos necesarios del presente.
Pese a conceder la bicameralidad abjurando de aquel viejo anhelo que significaba un replanteo integral de todo el Poder Legislativo. Hoy el socialismo no tiene (siempre fue mínima) representación ninguna en la Cámara de Senadores. Lo suyo casi es un planteo de sentido común. Si un proyecto de reforma sortea Diputados y pasa al Senado, ciertamente no será uno que proponga eliminar el Senado en su actual formato para mixturar su representación dentro de una sola Cámara sin tener allí una voz que al menos pueda explicar la idea.
Rediscutir la mayoría en Diputados
Aunque no son los únicos, también los socialistas entienden que hoy es necesario rediscutir las mayorías en Diputados. Desde 2011, ya con boleta única de papel, es algo que se hizo evidente. El abandono de la boleta sábana y su reemplazo por la única estratificó los comicios por categorías y la mayoría de 28 diputados que hasta entonces respondían (porque iban en la misma boleta) al partido del gobernador que ganaba y supuestamente permitían la gobernabilidad ya no cumple esa función. El ex gobernador Antonio Bonfatti gobernó con la Cámara de Diputados con mayoría opositora y hoy lo hace el actual mandatario, Omar Perotti.
Blanco abrió la conferencia de prensa en la Sala de Acuerdos Miguel Lifschitz, de Diputados, acompañado del diputado nacional Enrique Estévez; la concejala santafesina Laura Mondino; autoridades partidarias, el presidente de la Cámara, Pablo Farias, y demás miembros del bloque partidario, subrayando que el congreso partidario resolvió impulsar la reforma.
“Por ende -dijo- tenemos un mandato de nuestros afiliados que venimos a cumplir e ingresamos el proyecto de reforma parcial a la Constitución de Santa Fe y es para nosotros un hecho trascendente que marca coherencia con una postura reformista que nuestro partido marca del retorno de la democracia. Hemos sostenido que tenemos (en Santa Fe) una Constitución que ha quedado vieja. Tenemos una provincia progresista con una constitución conservadora y, por otro lado, recogimos todo el trabajo que se hizo en todos estos años y especialmente la impronta reformista durante la gestión de Lifschitz que fue el último proyecto enviado por el Ejecutivo en 2018. Creemos que en este año hay una serie de condiciones que nos permitirían avanzar con la reforma”.
El socialismo, que hoy gobierna la segunda municipalidad más importante de la provincia en la capital provincial, otorga en su proyecto rango constitucional a la autonomía municipal. La reelección para el gobernador la patea para adelante en la segunda opción: a partir de los comicios que corresponderían a 2031 o 2035.
Con el socialista suman seis los proyectos con estado parlamentario y sobre los cuales se abre el interrogante de si habrá o no consensos para llegar a octubre o, a más tardar a noviembre, con una convocatoria a convencionales. Los restantes proyectos fueron presentados por los diputados Gabriel Real, Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Nicolás Mayoraz y Lucila De Ponti.
Para Blanco “el estado de crisis socio económica, pero fundamentalmente política -en la que los ciudadanos no se sienten representados por sus instituciones y los partidos no estamos a la altura de la demanda- y que esté despejado el principal escollo que es la reelección hace propicio a 2022 como el año para discutir la enmienda. Esta, la de Perotti, es la primera gestión que no impulsa una reforma constitucional y solo busca que transcurra el tiempo sin tener una agenda profunda de transformación y ni desde su partido (PJ) creen que tenga una intención reformadora. Despejado que la reforma sea un traje a medida del gobernador de turno, pensamos que podemos iniciar un proceso transparente y democrático de búsqueda de consensos para la reforma”.
El socialista también citó los demás proyectos como síntoma del “clima de diálogo e intención de los diputados de dejar una huella importante. Si ponemos empeño y dejamos de lado aspiraciones sectoriales, este año podría terminar con la necesidad de la reforma votada”.
Clara García, a su turno, dijo que los anima “el entusiasmo para que en un clima de diálogo y consenso se pueda llegar a la reforma. Cuando en el año 2018 nos tocó defender el proyecto de reforma que mando Miguel (Lifschitz) repasamos los discursos de todos los gobernadores y todos, sin excepción hasta entonces, habían planteado la necesidad de saldar esta deuda. Por eso se convierte en un dato insoslayable que Perotti no lo haga. Lo que presentamos es una ley que fijará la necesidad de la reforma y cita sólo algunos artículos a reformar, pero quien decida eso será la Convención Constituyente”.
La diputada citó algunos temas que, entiende, deberá consagrar la enmienda: “Más igualdad y menos privilegios. Basta de fueros para la política; del riesgo de que algunas empresas de servicios públicos puedan ser privatizadas; garanticemos la Caja de Jubilaciones con el 82% móvil; rango constitucional a los derechos de minorías, disidencias, a la defensa del ambiente, a la paridad de género en las listas, pero también en la construcción de la política; autonomía para que nuestros gobiernos locales puedan decidir; períodos en las comunas de cuatro años; el jefe de policía elegido por la Legislatura; que haya voto joven desde los 16 años; juicios por jurado y consulta popular para temas importantes; más transparencia con un Tribunal Electoral independiente; declaraciones juradas patrimoniales públicas”.
