La emergencia sanitaria empujó la discusión sobre un impuesto extraordinario a la riqueza. Para José Nun, politólogo de perdurables aportes a las ciencias sociales, no es que este paliativo circunstancial no sirva. Pero según afirma la formidable crisis del presente, que pone en discusión absolutamente todo, es la ocasión de instalar en la conciencia colectiva la necesidad de producir una reforma impositiva profunda, que deje atrás la estructura tributaria regresiva que se instaló en Argentina a partir de 1976. Nun cree que en un país donde 2 de cada 5 argentinos está en la marginalidad no hay pretexto para no cambiar de raíz el modo en que se cobran tres impuestos básicos: ganancias, inmobiliario y a la herencia. “La intención es hacerlo como los países capitalistas que lograron desarrollo e inclusión. La oportunidad es ahora”, afirma.
—Veníamos de un crecimiento dramático de la desigualdad, con el 40 por ciento de pobreza en Argentina, y ahora el frenazo económico por la pandemia augura mayor distancia social. En el contexto vuelve el debate sobre impuestos. ¿En qué escenario nos encontramos para darlo?
—En la actualidad dos de cada cinco argentinos están excluidos. Es imposible que esas personas sean incluidas si persiste el mismo sistema que las excluyó. Una condición necesaria para no seguir girando en círculo es cambiar la matriz impositiva regresiva que se estableció en la última dictadura y agobia al país. El gran problema no es la presión tributaria, que es lo que siempre se denuncia, sino sobre quiénes recaen los impuestos y cómo. Es fundamental explicar qué es lo que está en juego. Iniciar un debate público que vaya más allá de los sectores políticos que por ahora no han ido más allá de poner parches y remiendos. Lo que hay que cambiar es la noción de la función social de los impuestos: proveer de los recursos para una distribución de los ingresos que atenúe la desigualdad.
—Con la actual estructura impositiva argentina nadie está de acuerdo. ¿Dónde están a su juicio los mayores problemas?
—Todos los sectores políticos hablan de terminar con la pobreza pero no hablamos tanto de la desigualdad. Hay que modificar de raíz una matriz impositiva heredada desde Martínez de Hoz. En Argentina los pobres pagan proporcionalmente más que los ricos. Están en tres impuestos que son clave. Uno es el impuesto sobre la renta. El segundo sobre los inmuebles. El tercero es el impuesto a las sucesiones. Sobre estos tributos se puede pivotear una matriz impositiva progresiva que, de ser bien aplicada, baje la desigualdad. Estos son los tres gravámenes que sostuvieron el alto crecimiento económico de los países desarrollados durante el Estado de Bienestar, que fueron los de mayor productividad económica de los países centrales, desmintiendo a quienes sostienen encabezando la revolución fiscal conservadora de los años 80 que no se debe gravar a las grandes fortunas porque eso va a desalentar la inversión. Esa transformación virtuosa que duró 30 años luego fue descoyuntada por el conservadurismo de los 80. La alta presión que soportan los argentinos se debe al esquema actual, que pone a salvo las grandes fortunas y castiga sobre todo a los sectores medios y bajos.
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—¿Qué ejemplos se le ocurren de esas distorsiones?
—En EE.UU. el impuesto a las ganancias equivale al 14 % del PBI. En Europa es algo más. En nuestro país nunca superó el 6 por ciento del PBI. Se puede marcar sin lugar a dudas de que Argentina percibe por este impuesto tres veces menos que los países de Europa. Si Argentina pasara a cobrar el 10 por ciento, para no ser tan extremos, equipararía el déficit fiscal. O podría estar bajando el IVA, que es un impuesto que en los 90 Cavallo impulsó que pasara del 13 al 21 por ciento y que paga por igual un menesteroso que un millonario. Se recauda el doble por IVA que por impuesto a las ganancias. El resultado de esto es empobrecimiento y exclusión.
—En los países centrales también el impuesto inmobiliario tiene gran centralidad. Usted apunta que en las provincias su participación porcentual es mínima.
—Los datos oficiales indican que en las provincias argentinas el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 77 por ciento de lo recaudado, lo que lo hace más distorsivo que el IVA porque se aplica en cada uno de los tramos del proceso de producción, el IVA solo al final. Mientras tanto el inmobiliario recauda el 5 por ciento. El inmobiliario rural en Argentina es 6 o 7 veces más bajo sobre el PBI que lo que es en EE.UU, Australia, Canadá u otros países de fuerte perfil agropecuario. Esto se debe a la valuación fiscal de las tierras que es absurdamente baja. Al recaudar muy poco por impuesto inmobiliario rural, las provincias se ven obligadas a generar fuentes de ingresos de otros impuestos. En las provincias más latifundiarias las proporciones son desmedidas, como en Salta, donde Ingresos Brutos es el 87% y el inmobiliario rural el 1%, o en Formosa, con el 82% y 2% respectivamente
—¿Por qué las provincias no producen iniciativas para compensar esquemas tan injustos?
—En general porque en ellas la política está financiada por los mismos sectores que por sus tierras pagan impuestos irrisorios. No hemos tenido reformas fiscales dignas de su nombre. Hemos tenido parches. Lo de Macri en su momento fue un remiendo. Esto requiere tener un proyecto de mediano y largo plazo a la economía del país. No es una cosa que no se puede improvisar y tienen que hacerse al cabo de mucho debate. Insisto en lo que digo a nivel general. Especialmente en EE.UU. y el Reino Unido la mayoría de los recursos que construyeron instituciones políticas y fiscales fuertes, que permitieron la administración de un gasto social eficiente, los aportó el 50% más rico de la población mientras que los aportes de la mitad más pobre osciló entre un 10 y un 20 por ciento del total. Con ese esquema se aseguró el pleno empleo y la protección de los más débiles. Al revés la desigualdad no cambiará.
—Lo que se critica es la presión impositiva. No importa la posición social, si hay un acuerdo transversal es que todos se quejan por ella.
—El problema no es el volumen de la presión tributataria sonio sobre quiénes recae. La presión tributaria en Argentina no es tan alta como se dice. En números redondos equivale al 30 por ciento del PBI. En Francia al 40. En los nórdicos al 45 por ciento. Los que dicen muchas pymes de que si pagaran el impuesto a las ganancias tendrían que cerrar tienen razón. La alícuota que se cobra no discrimina suficientemente. A los más poderosos se le cobra un 35 por ciento cuando la presión en los países desarrollados es mucho más fuerte. Esto desequilibra la cosa y obliga a recaudar aplicando el impuesto por igual a las empresas más chicas lo que genera una distorsión. Hay que invitar a la gente que no se fije tanto en el volumen en la presión tributaria sino a su composición. No hay capitalismo sin mercado, pero tampoco hay mercado sin estado. Y el Estado cuesta plata y lo sostiene la ciudadanía. El capitalismo no funciona sin la ley, sin carreteras, sin electricidad, sin sistema de salud. Todo eso tiene que ser regulado por la administración pública a la que hay que mantener. ¿Quién paga para eso? Hasta al Siglo XIX la respuesta general era que todos debían pagar para sostener la administración. Pero hacia 1865 apareció en EE.UU. la idea de la progresividad fiscal, es decir, que el peso de los impuestos fuera proporcional a los ingresos de cada sector.
—Hace unas semanas el diario Financial Times sorprendió al editorializar que habrá que ver a los servicios públicos como inversión en vez de gasto y que la redistribución del ingreso debe volver a la agenda. ¿La recesión que vendrá puede generar cambios hacia otros valores?
—Los cambios comienzan siempre en el plano de las ideas. Hacia 1938 los padres del neoliberalismo, Ludwig Von Mises y Friedrich Von Hayek, empezaron a trabajar fuertemente las mentalidades empresarias y las de los medios de comunicación y enfrentando a un pensamiento dominante —que es el que yo quisiera rescatar que ponía como principal proyecto del Estado el crear trabajo, dar empleo masivo y pagar buenos salarios. Los neoliberales discutieron contra el paradigma keynesiano apuntando a que lo central para el sector público es el control de la inflación y la moneda y que el sector privado debía ocuparse de generar empleo y pagar salarios. Ese trabajo les dio frutos hacia la década del 80. Ahora es el momento de alterar eso lo que no se consigue sin un debate tan empecinado como el que dieron los neoliberales. Es una oportunidad pero dudo mucho si se va a saber aprovechar. Nuestro país tiene tendencias políticas autocráticas. Se necesitan líderes firmes y capacitados para instalar este debate en la conciencia colectiva.
—¿Le parece que no los hay?
—Decía hace unos días en una nota que es sintomático un sentido común político que naturaliza el statu quo de no cambiar nada. La reforma de la Constitución de 1994 introdujo la posibilidad de impulsar iniciativas populares si se juntan las firmas del 3 por ciento de ciudadanos. En esos casos la petición tiene que ser tratada como un proyecto de ley que entra por Diputados. Pero fíjese que queda prohibida toda iniciativa en ese sentido en materia de impuestos. Martínez de Hoz pudo borrar de un plumazo el impuesto a la herencia pero miles de argentinos no pueden pedir un proyecto de ley pidiendo que se reimplante.
—¿Qué le parece que pasará cuando termine la cuarentena?
—En general saldrán mejor parados los países que tengan capacidad de pensar en el después. Hay países que tienen tradiciones liberales y democráticas que les permiten en un momento crucial formar coaliciones más allá de las diferencias políticas que después permiten política de Estado. Es lo que pasó con Churchill en 1940 que mientras caían mil bombas sobre Londres formó una coalición con liberales y laboristas. Churchill lo llama a Lord Beveridge, que era un liberal, en el sentido de progresista que tiene el término en inglés, especializado en políticas sociales. Le pide que le prepare un plan para cuando termine la guerra. Lo que hizo Beveridge fue un soporte de lo que fue después el Estado de Bienestar, planes sociales en beneficio de los trabajadores. Lo notable es que cuando terminó la guerra en 1945 Churchill pierde las elecciones pero el plan Beveridge lo ponen en práctica los sucesores que eran sus opositores. Lo que quiero remarcar es que en pleno desastre hubo un sistema político capaz de pensar cómo salir de la catástrofe. Hay que instalar la convicción de que la fortaleza de la democracia depende de la solidez de las instituciones políticas y fiscales, solo con eso se puede asegurar pleno empleo y protección a los más débiles
—¿Cree que es viable crear aquí acuerdos políticos en la dirección de un programa que ponga freno a la exclusión?
—Es un buen momento para debatir. Tiene que ver como le dije con los liderazgos. Conozco a Alberto Fernández, es un muy buen gestor político pero no tiene las mismas calidades como líder político. Hubo recientemente cosas que me dejaron atónito. Si por un lado llama miserables a los empresarios y llama dirigente ejemplar a Moyano uno puede pensar que es astuto porque es una forma de construir poder. Si fuera así sería aceptable. Pero hasta ahora no hay evidencia que sea así. Veremos cómo se entabla el debate. Cuando Máximo Kirchner mencionó la idea (luego no formalizada) de gravar a los que blanquearon trayendo dinero del exterior era obvio que eso violaría la igualdad ante la ley. Creo que con Carlos Heller hay más viabilidad porque él sabe lo que es una reforma impositiva. Habrá posibilidades si vencemos la improvisación y las tendencias autocráticas.
