El Papa Francisco firmó ayer una declaración en la que llamó a perseguir "intensamente" el delito de lavado de dinero y abogó para que los "bienes incautados a traficantes y criminales" sean devueltos a la sociedad para la "rehabilitación y compensación de las víctimas", al cierre de un encuentro con jueces y fiscales de todo el mundo.
Al término de la "Cumbre de los jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado" celebrada en el Vaticano, se difundió un texto en el que pidió considerar a "la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos" como "crímenes contra la humanidad".
Tras el encuentro del que participaron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los jueces federales Sebastián Casanello, María Servini de Cubría, Sergio Torres, Julián Ercolini, Marcos Grabivker y Ariel Lijo, entre cien expositores y unos 30 veedores de todo el mundo, el Papa pidió la "aplicación efectiva del derecho penal" para castigar esos delitos.
La instrumentación del derecho penal, dice la declaración difundida al término de las jornadas organizadas por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, es imprescindible para "erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos".
También —prosiguió— para "asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldado".
La declaración de la Santa Sede, suscripta por el Sumo Pontífice y los participantes que expusieron en las dos jornadas en las que se dividió el evento, se conoció un día después de que Francisco instara a jueces del mundo a no caer en la "telaraña de la corrupción" para impartir justicia en casos de trata y narcotráfico, y a rechazar las "presiones" de los gobiernos y las "estructuras mafiosas".
Entre los diez objetivos que figuran en el texto, el tercero habla de la necesidad de castigar el lavado de dinero y rescatar el dinero mal habido para devolverlo a la sociedad.
"Los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales", señaló el escrito.
Entre los 10 objetivos que quedaron plasmados en la declaración, se subrayó, además, que la "sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que quien emplea a sabiendas trabajo forzado".
"Las víctimas de trata no deben confundirse con los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto de tráfico", advirtió el escrito, para concluir que "la repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y de las actividades ilegales y deshumanas".
Lorenzetti: "Atacan a los jueces para desacreditarlos"
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró ayer que los jueces reciben "ataques que debilitan su credibilidad". "La noción de juez y de la autoridad judicial está relacionada al sistema institucional y con la credibilidad. Es juez quien es reconocido como tal, pero si el juez es atacado o presionado o deteriorado en su imagen, cuestión que se ve hoy en todo el mundo, este es un juez líquido, es una licuación de la autoridad judicial", sostuvo Lorenzetti en el seminario sobre trata de personas y crimen organizado realizado en el Vaticano.
El magistrado señaló que "muchos se preguntan ¿por qué hay presiones o licuación de la autoridad judicial? Porque es importante". Además, lamentó que "quienes no son considerados ciudadanos: los inmigrantes, las víctimas de trata, los trabajadores ilegales, no tienen ningún derecho", y resaltó que "uno de los grandes cambios" ante esa situación lo pueden hacer los jueces, y puso como ejemplo a la Argentina, donde, destacó, "la Corte reconoció que el derecho a la vivienda o a la atención médica pertenece a una persona que no era argentina que vivía en la calle. Esta sentencia sería inadmisible en muchos países".
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