Son normas que regulan la designación y el sistema disciplinario de los funcionarios, según las pautas de la actual Constitución de Santa Fe
Por Mariano D'Arrigo
LA CAPITAL/Virginia Benedetto
La Legislatura santafesina, con mayoría de Unidos, deberá regular dos instituciones creadas por la Convención Constituyente: el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento.
Con la derrota en las elecciones nacionales ya en el espejo retrovisor, Unidos para Cambiar Santa Fe acelera con la agenda legislativa, sobre todo la que se desprende de la reforma constitucional. La primera parada es un tema sensible: la normativa que regula el proceso de selección y el régimen disciplinario de jueces, fiscales y defensores.
Se trató de uno de los temas más álgidos en la Convención Constituyente, que se extendió entre el 14 de julio y el 12 de septiembre, con base de operaciones en la capital provincial.
Allí se dieron varias discusiones fuertes. Al interior de Unidos, entre la alianza oficialista y otros bloques opositores y entre la política y los representantes de jueces, fiscales y otros actores del mundo judicial.
Al final, se encontró una solución salomónica. Aunque nadie monopoliza el proceso, los estamentos corporativos gravitan más en la designación y la política tiene mayor peso en el proceso disciplinario.
La nueva Carta Magna establece que los jueces y procuradores, los fiscales y defensores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previa intervención del Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Este nuevo organismo está en la órbita del Poder Ejecutivo, eleva una propuesta vinculante al gobernador —uno de los puntos más debatidos en la Convención— y tiene cinco integrantes: un juez, fiscal o defensor, según corresponda a la vacante a cubrir; un diputado y un senador; un abogado matriculado en los colegios con asiento en la provincia; y, un profesor por concurso perteneciente a las facultades de derecho de las universidades con sede en la provincia.
En el caso del Jurado de Enjuiciamiento, encargado de investigar faltas graves y delitos dolosos de los funcionarios judiciales, la Constitución del 2025 estipula que tiene once miembros: un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general, según el órgano al que pertenece el acusado, quien lo preside; dos jueces, fiscales o defensores, según corresponda; tres senadores y tres diputados elegidos por sus respectivas Cámaras con representación de la minoría; y dos abogados matriculados en los colegios con asiento en la provincia.
En las disposiciones transitorias, la Constitución da un plazo máximo de dos años para adecuar la normativa y establece que hasta que se dicten las nuevas leyes se aplicarán los mecanismos vigentes al momento de la sanción de la nueva Carta Magna.
En ambos casos, los procedimientos están cuestionados por el amplio margen de maniobra de la política, que en los tribunales leen como un desbalanceo que socava la independencia judicial. Sobre todo en la designación de jueces y remoción de fiscales, pese a que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó la constitucionalidad de la ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación.
La nueva Constitución dejó a la Legislatura la tarea de regular la organización y funcionamiento del Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público y de disponer qué órgano actúa como acusador de los funcionarios judiciales. Un ejemplo: con qué criterios se eligen los representantes del estamento en el jurado de enjuiciamiento.
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“La ley del jury es la más prioritaria. Podemos tener alguna laguna legal complicada”, dijo a La Capital una de las principales espadas legislativas de la alianza que tiene a la UCR, el socialismo, el PRO y el javkinismo como socios principales.
Antes de fin de año el oficialismo, que tiene mayoría en ambas Cámaras, apuesta a sancionar el presupuesto y la ley tributaria y a comenzar la discusión sobre el régimen municipal. Es otro de los temas pendientes de la nueva Constitución, que plantea un plazo todavía más exigente: debe estar sancionada antes de septiembre de 2026. “Ya nos comimos dos meses”, advierten en la Legislatura, donde el radicalismo domina el Senado pero el socialismo controla la mitad de las bancas del bloque de Diputados.
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Para el año que viene quedará la discusión sobre el régimen electoral. En la cocina del oficialismo algunos hablan de retocar la boleta única. Otros deslizan que se puede introducir el balotaje, pese a que no está incluido en el texto constitucional. “Todo el mundo tiene que estar tranquilo, todo se va a discutir a la luz del día”, asegura un referente legislativo.
Son los que no reciben aporte estatal y representan apenas el 6 % del total. Para el resto, los límites a los aranceles oscilan entre $ 61 mil y $ 277 mil
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