Un camarista confirmó las condenas al abogado Sebastián Gervasoni y al policía Martín Herrera por exigirle dinero y cocaína a un interno de la seccional 4ª en 2017
Las condenas a un abogado y un policía por intento de extorsión fueron confirmadas tras una revisión del caso en los tribunales de Santa Fe.
La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un abogado y a un policía que intentaron extorsionar a un preso en la comisaría 4ª de la capital provincial a quien le exigieron dinero y una bolsa de cocaína a cambio de realizar gestiones para excarcelarlo, a pesar de que ese mismo día le habían dictado una orden judicial de libertad. Los dos fueron detenidos tras un procedimiento de “entrega controlada” de dinero.
Se trata del abogado Sebastián Gervasoni y el policía Martín Horacio Herrera. Al término de un juicio oral de mayo de 2024 realizado en la capital provincial ambos fueron sentenciados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por intento de extorsión, delito agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro y con abuso en el desempeño de sus funciones. Además les impusieron una inhabilitación especial por el mismo tiempo de la pena: al abogado para ejercer su profesión y al policía para desempeñarse en el cargo.
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La sentencia fue apelada por sus defensas y días atrás el camarista santafesino Roberto Prieu Mántaras revisó el caso. Resolvió confirmar la sentencia con una leve reducción en el monto de la pena. “A pesar de que los abogados defensores de Gervasoni y Herrera cuestionaron la interpretación y legalidad de las pruebas, el juez rechazó esos agravios”, destacó el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos.
El caso por el que fueron condenados ocurrió el domingo 2 de julio de 2017 en la comisaría 4ª, ubicada en el barrio Roma de la capital provincial. De acuerdo con lo que se determinó en la investigación, el policía le dijo a un detenido que su caso estaba “complicado” y lo instó a entregarle dinero y una bolsa de cocaína a cambio de ser liberado y no tener inconvenientes con la libertad condicional que le habían otorgado en otra causa. Según precisó el fiscal, “el uniformado sabía que ese día se había dispuesto la libertad de la víctima y le ocultó esa información”.
Herrera se contactó entonces con el abogado , quien fue hasta la comisaría, le reiteró al detenido la exigencia de dinero y le remarcó que él tenía vínculos con “muchos fiscales” y que “manejaba a la Policía”. El intento de extorsión fue presenciado por una mujer que era la pareja del detenido. En el hall de la comisaría la mujer le dio a Herrera un teléfono celular y los papeles de una moto como garantías de que la víctima reuniría el dinero exigido.
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En función de ese supuesto acuerdo el detenido recuperó su libertad. Un día después, el hombre al que trataron de extorsionar y su pareja se dirigieron a la sede del Ministerio Público de la Acusación y denunciaron lo que había sucedido. La por entonces fiscal Mariela Jiménez oyó lo que la víctima relataba en la mesa de entradas, se comunicó con Asuntos Internos de la Policía provincial para que le tomaran la declaración e inició la investigación.
Así, de forma coordinada entre la fiscalía y Asuntos Internos se organizó una entrega controlada de dinero. El martes de esa semana, al mediodía, el hombre intimidado y su pareja fueron hasta la seccional, hablaron con el policía y él les dijo que se comunicaran con el abogado para establecer un punto de encuentro.
En función de lo convenido por teléfono, minutos antes de las 16.30, Gervasoni y el exdetenido se encontraron en Hernandarias y avenida Peñaloza para concretar el intercambio. El abogado le devolvió a la víctima el celular y la documentación y recibió a cambio billetes previamente marcados. En el acto los policías apresaron a Gervasoni y secuestraron tanto el dinero como su auto.
Respecto del fallo de segunda instancia que confirmó la condena, el fiscal valoró: “En sus fundamentos el juez de segunda instancia retomó lo que planteamos acerca de la gravedad institucional del ilícito y su impacto en la confianza pública en las fuerzas de seguridad”.
Por Lucas Vitantonio
