Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
La provincia realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue si se cometieron irregularidades en una operación inmobiliaria
El juicio disciplinario interno a Débora Cotichini, la suspendida directora de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI ) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y recientemente imputada en la causa por espionaje ilegal en Santa Fe, pasó anoche a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo. Se la acusa de transmitir de modo ilícito información hacia el Ministerio de Seguridad provincial, cuando era dirigido por Marcelo Sain.
La reunión había comenzado pasadas las 14, en la ciudad de Santa Fe, y la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, expuso la acusación y mostró la prueba recolectada.
En un contexto signado por la tensión, luego llegaron los alegatos de la defensa y las declaraciones de los testigos, entre ellos Sain (lo hizo de modo virtual y su relato fue extenso) y los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Por la duración de los testimonios, el proceso disciplinario pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes. Ese día se escuchará a la propia Cotichini, tras lo cual llegará el turno de los alegatos de clausura.
Posteriormente, el jurado deberá deliberar y tomar una decisión. Las resoluciones son por mayoría simple: requieren al menos tres votos. La sanción más severa, impulsada por Vranicich, es la cesantía del cargo dentro del MPA.
Si el jurado opta por la cesantía, Cotichini se convertiría en la primera funcionaria destituida del cargo por juicio disciplinario desde la creación del organismo.
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El jurado está integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; su par regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador del PJ Alcides Calvo (reemplaza a Armando Traferri, quien se excusó) y Gabriela Capponi Fiorillo, en representación de los abogados.
La defensa de Cotichini está a cargo de Juan Lewis, el ministro de Justicia del gobierno de Antonio Bonfatti, quien también la representa en la causa por espionaje ilegal.
La denuncia data de septiembre de 2021, cuando Víctor Moloeznik, a cargo del Organismo de Investigaciones tras la partida de Sain al Ministerio de Seguridad provincial y después de su destitución del OI, se presentó ante la comisión de Acuerdos de la Legislatura.
Moloeznik dio cuenta a los diputados y senadores sobre cómo Cotichini le pasaba información confidencial y grabaciones de escuchas judicializadas a Sain, cuando el criminólogo era ministro.
También contó que Cotichini vació su oficina, la cerró con llave y, cuando pudieron acceder a esa dependencia, descubrieron que había formateado su computadora.
Por esas y otras irregularidades, a fines de septiembre de 2021 Cotichini fue separada preventivamente del cargo en el MPA hasta la resolución del proceso disciplinario.
El martes, los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían acusado a Sain de liderar una asociación ilícita dedicada a recabar de modo ilegal información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales, entre otros delitos.
Según los fiscales, Cotichini y Nadia Schujman, en su momento a cargo de la Agencia de Control Policial, eran las organizadoras de una estructura criminal al mando de Sain.
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