El jefe de la OUM le reclama a la CGT que defienda públicamente a Cristina

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, consideró que la Confederación General del Trabajo (CGT) “debe pronunciarse en contra al intento de proscripción” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que “los gobiernos populares son perseguidos”.

“La CGT debiera pronunciarse en defensa a la vicepresidenta y en contra al intento de proscripción contra ella. Los gobiernos populares que defienden a los sectores más desposeídos son perseguidos. Lo que pasa con Cristina Kirchner ya pasó con Dilma (Rousseff) en Brasil”, señaló Furlán.

El referente sindical afirmó que “hay que mostrar solidaridad” con la vicepresidenta porque “mañana puede ser cualquiera de nosotros”.

“Hay sectores del poder que quieren desestabilizar a nuestro Gobierno y pujan por una devaluación”, sostuvo Furlán.

Interbloque

En forma paralela, el interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) rechazó hoy los intentos de “persecución política” contra Cristina, que provienen de “una parte de la Justicia” a través de la causa que se lleva adelante por presuntas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

En un comunicado difundido esta mañana, el grupo de senadores que encabeza el formoseño José Mayans expresó que la persecución contra la funcionaria se lleva a cabo desde la Justicia y “en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares”.

“Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho”, señalan en el escrito.

Los senadores aseguran que “desde hace años” asisten “a una guerra no declarada por parte de un sector de la Justicia y de una parte de la prensa, que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder”.

“Esa estrategia -dijeron- se aplicó en distintos casos ocurridos en el país y también se replicó a nivel regional” con el fin de “eliminar todo tipo de adversario político y, a su vez, ejercer un control social, a través de imponer el miedo y el castigo a quienes intenten representar intereses distintos a los que el poder real ostenta”.

Los legisladores repudiaron “la utilización de la Justicia para realizar acciones deleznables como las referidas, con las que buscan condicionar, ilegitimar y anular desde punto de vista político y social a una líder popular como es la dos veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta”.

“Este tipo de maniobras vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia, además de estar profundamente reñidas con lo que debe ser la práctica política”, añadieron.

En el final del comunicado, llamaron a los argentinos a “reflexionar y prestar especial atención a lo que está ocurriendo a nivel judicial para evitar que se concreten acciones vergonzosas como las señaladas” y afirmaron que “el país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial”.