El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó la citación a indagatoria como imputados del ex comisario Luis Patti, el ex arquero de Rosario Central Edgardo Gato Andrada, los ex militares Reynaldo Bignone y Pascual Guerrieri, y los ex agentes de inteligencia Ariel Porra, Walter Pagano, Jorge Barba Cabrera y Luis Muñoz, por la privación ilegítima de la libertad, tormentos y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, perpetrado el 14 de mayo de 1983. Andrada y Muñoz son los únicos que están en libertad, pero el fiscal de la causa no descarta que queden detenidos tras declarar.
El fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, indicó a LaCapital que todos los imputados deberán presentarse a declarar los días 9, 10 y 11 de noviembre. Actualmente los acusados están detenidos, varios de ellos con condenas por crímenes de lesa humanidad, mientras que Andrada y Muñoz están en libertad, beneficiados por una eximición de prisión resuelta por Villafuerte Ruzo, oportunamente apelada por la Fiscalía y la querella. "Hay otro imputado, el teniente coronel Víctor Rodríguez, alias Chuli, con la misma carga probatoria, sobre quien Villafuerte no se expidió", dijo el fiscal Murray.
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados en el bar Magnum, de Córdoba casi Ovidio Lagos, el 14 de mayo de 1983, alrededor de las 10.30 de la mañana. Los militantes peronistas fueron apresados por un grupo de tareas comandado por Patti, e introducidos en dos autos. Más tarde, los cadáveres acribillados de ambos, con signos de tortura, fueron encontrados en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior de la Nación y la Policía de Buenos Aires informaron que habían sido "abatidos en un enfrentamiento" con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. En el caso fueron involucrados los policías Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez.
La Fiscalía pidió la reapertura de la causa en el año 2005, con la adhesión como querellantes de las hermanas Cambiaso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y su homóloga de la provincia de Buenos Aires. Recién en agosto de 2010, el juez Villafuerte Ruzo decidió reabrir el expediente, pero una apelación del defensor de Patti puso un freno, hasta que en agosto pasado la Cámara Federal de Rosario dio luz verde al trámite.
Murray explicó que todos involucrados están imputados de "privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios". Entre los elementos de prueba, cobraron notoriedad las declaraciones del represor condenado Eduardo Tucu Costanzo que apuntó a los hoy acusados: "Lo del bar Magnum lo hacen Chuli Rodríguez, Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato Andrada", declaró. Pero el fiscal también sostuvo que existe "abundante prueba documental emitida por el Ejército y archivos de inteligencia", entre otros elementos.
Posible detención. Sobre la situación de Andrada, el fiscal Murray indicó que se dispuso "la indagatoria como imputado", lo mismo que para "Muñoz, que era segundo de Guerrieri por aquellos años en el Destacamento de Inteligencia 121". Ambos son los únicos acusados que están en libertad: "Ellos presentaron en su momento un pedido de eximición de prisión, el cual fue aceptado, nosotros apelamos y ahora está a consideración de la Cámara de Casación", aunque aclaró que el juez "podría ordenar la detención en cualquier momento si considera que existe peligro de fuga".
Según un documento aportado por Abuela de Plaza de Mayo ante el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo, en el marco de la causa Campo de Mayo, Andrada fue "agente secreto C-3 del Destacamento de Inteligencia de Rosario y por ende del Servicio de Inteligencia del Ejército". Andrada se venía desempeñando como coordinador de las divisiones inferiores de Central en la zona sur de Rosario, y su relación con crímenes de la dictadura ya había generado inquietud en la comisión directiva presidida por Horacio Usandizaga en 2008. Ayer, la conducción canalla encabezada por Norberto Speciale le pidió la renuncia a Andrada, que la presentó de inmediato. La comisión actuó asesorada por sus abogados que consideraron altamente probable que el Gato quede detenido tras declarar.
Opinión polémica. El juez Villafuerte Ruzo resolvió avanzar, pero dejando sentada su opinión contraria a constitucionalidad de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, no obstante lo cual acata un fallo al respecto de la Corte Suprema. Murray afirmó que "es bastante curiosa esa posición, ¿qué ímpetu, qué voluntad puede poner un juez en esta causa?", se preguntó.
La Fiscalía consideró que esa actitud del juez era motivo de recusación, pedido que fue rechazado por la Cámara Federal rosarina por cinco votos contra uno, ante lo cual, junto con las querellas interpusieron un recurso en Casación. Murray recordó que "hace poco, Casación apartó a Villafuerte Ruzo de la causa que investiga el asesinato del obispo Ponce de León".
