La rebelión de los gobernadores contra el ajuste del presidente Javier Milei, detonada por el recorte de fondos a Chubut, es alimentada por un mix de factores generales y específicos que, a la luz de la creciente tensión institucional, obligan a una discusión por encima de todo interés político y bien fundamentada respecto del modelo de federalismo fiscal vigente en la Argentina.
La poda de 13.500 millones de pesos empujó al chubutense Ignacio Torres, del PRO, a amenazar con no enviar más petróleo ni gas. De inmediato, se encolumnaron todas las provincias, sin distinciones partidarias. La respuesta de Milei no contribuyó a bajar los decibeles y deparó un nuevo capítulo de la saga destinada a castigar a aquellos que tallaron en el reciente freno a la ley ómnibus diseñada por la gestión de La Libertad Avanza (LLA) para resetear el Estado.
Es que la Casa Rosada, como deslizó a La Capital una fuente irrefutable en materia de administración de recursos del Estado santafesino, parece haber elegido a los gobiernos provinciales como uno de los componentes más relevantes del ajuste en el gasto público nacional.
Pero Milei “no plantea una reducción del gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) sino que poda las transferencias que van desde la Rosada a los gobiernos subnacionales”.
Entonces, más que por un problema de tamaño del Estado, todo pasaría por una discusión de federalismo fiscal: qué nivel de gobierno asume qué responsabilidad de gasto.
“Ese debate, que es neurálgico en un país federal, lo resuelve (Milei) de modo unilateral desde el nivel central reduciendo el flujo de transferencias hacia gobiernos provinciales y/o municipales”, continuó el experto.
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Ignacio Torres, el gobernador de Chubut que desafía al jefe del Estado.
Foto: Archivo / La Capital.
Y resaltó que en ningún momento Milei les dice a los gobernadores y/o intendentes que eliminen los subsidios al transporte o el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) sino que anuncia que no los abonará con recursos nacionales y que ellos deberán hacerse cargo.
La réplica mileísta a Torres incluyó el recordatorio de que Chubut tenía una deuda con la Nación y que, por eso, se transfirieron menos fondos en febrero.
Como toda operación de financiamiento, si el acreedor está en condiciones de ejecutar la garantía porque el deudor no pagó, tiene todo el derecho jurídico de hacerlo.
Sin embargo, el especialista advirtió: “Está muy bien que, si la provincia tomó deuda, la pague. Pero el mecanismo para saldarla debe ser compatible con las posibilidades financieras de la jurisdicción”.
Lo ideal y lo tangible
En el plano constitucional, una voz autorizada explicó —en voz baja— que, en 1994, cuando la Convención reformó la Carta Magna nacional, quedó fijado que en el transcurso de los siguientes dos años tenía que dictarse una ley de coparticipación con el aval de todas las provincias. Y que, en ese lapso, ninguna medida de la Rosada podía reducir transferencias a los gobernadores.
“El problema es que el gobierno nacional no está recortando la coparticipación sino que, durante los últimos 30 años, empezó a retener muchos fondos. Como no hay una ley vigente en la materia, los nuevos recursos no se reparten (ejemplo: los impuestos País o al cheque). Esa no era la idea, en 1853, de un Estado federal”, rememoró.
En esa línea, el experto agregó: “Durante los últimos años, si bien la Nación no coparticipa formalmente, lo que hace es repartir fondos. Pero con cierta discrecionalidad, según la cara del cliente. Otras distribuciones surgen de leyes, de los consensos fiscales, acuerdos entre la Nación y las provincias que ahora la Rosada decide dejar de cumplir. En algunos casos puede realizarlo, en otros me parece que no”.
Todo un desbarajuste fiscal en el que la Nación devino en un inmenso cuerpo recaudador y las provincias se tornaron dependientes de una dádiva.
“Un federalismo sin plata, no existe. La discusión tiene que centrarse en aquella idea de 1994: que la Nación no reduzca los porcentajes de lo que las provincias reciben. Puede darles más, quitándose de sí misma, pero no otorgarles menos recursos”, sentenció.
Otra señal de los días por venir la emitirá Milei con el discurso de tono duro, según adelantaron en Balcarce 50, con el que el 1º de marzo próximo inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.