El Poder Ejecutivo ingresó una serie de normativas para su tratamiento en el Congreso. Uno de ellos tiene el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro.
Cuatro proyectos para combatir la inseguridad fueron ingresados en el Congreso para su debate en el recinto.
Cuatro proyectos de ley referidos al combate contra la inseguridad y el crimen organizado fueron ingresados por mesa de entrada del Congreso para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de los proyectos de Ley de Reiterancia, la creación de un Registro de Datos Genéticos, ley de Legítima Defensa y la Ley Antimafias, este último con un gran apoyo de parte de Maximiliano Pullaro.
La Comisión de Legislación Penal se reunirá el próximo martes por la tarde para dar dictamen y habilitar el tratamiento en recinto. La creación de un Registro de Datos Genéticos y el proyecto de Ley Antimafias contarían con buenos ojos de aparte de la oposición para su aprobación.
El proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso advierte de Argentina padece del “accionar de ‘grupos criminales organizados’ que cometen delitos de extrema gravedad”, las cuales “actúan ejerciendo una posición dominante en una zona territorial determinada, como actualmente sucede en la ciudad de Rosario”.
El texto propone una serie de procedimientos especiales como lo es el concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, la cual habilita la actuación “conjunta y sistemática de las Fuerzas Federales de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, de las Unidades Fiscales Especializadas de la Procuración General y de los Juzgados Federales de todo el país”.
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Por otra parte, el proyecto propone la calificación de “delito de asociación ilícita agravada por la constitución y funcionamiento de las organizaciones criminales”, el cual agrava las escalas penales y fija la penalidad del delito más alta según el delito más grave cometido por la organización investigada. Además, “se tipifican hechos ilícitos cuando sean reiterados, bajo amenazas o lesiones o tuvieran por fin la eliminación de organizaciones rivales, se busque amedrentar a la población o se intente asegurar el control de un territorio para la comisión de nuevos delitos".
"Se establece un sistema de extinción de dominio, ya que este tipo de asociaciones utilizan su fuerte 'poder económico’”, apuntado a los bienes y propiedades incautados, que pasarán a ser propiedad del Estado Nacional una vez que se acredite su origen ilícito, "sin perjuicio de garantizar la indemnidad del patrimonio para el caso en que se concluya la causa con la absolución de los imputados".
Sin embargo, las normas de Legítima Defensa y de Reiterancia estarían más trabadas por UxP y otras fuerzas como para salir, por lo que aún no serán tratados y por eso son los que el oficialismo presentaría después.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, diputada por el PRO que preside la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, destacó que “el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió una ley como la que envió el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich".
Según lo indicado, no se puede investigar de la misma manera organización criminal que una organización mafiosa, por lo que el proyecto busca salvar esa diferencia a la hora de tratarlas penalmente.
Por otro lado, la Ley de Registro de Datos Genéticos es la más avanzada en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley tiene como fin incorporar tecnología y actualizaciones de la ciencia en favor de las investigaciones criminales.
Los avances científicos permiten obtener la identidad genética que se traspasa por transferencia al tocar un objeto, a través de lo que se conoce como "ADN de contacto". No obstante, la ley vigente sólo contempla la obtención de un “perfil genético” con una cierta cantidad de fluidos, como la sangre y el semen.
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"La ‘huella genética’ no permite conocer ningún dato personal: ni la raza, ni la edad y ni siquiera el sexo del autor. Es como si se observara la impresión (la foto) de una huella dactilar estampada sobre un objeto, ya que una huella dactilar impresa no permite tampoco conocer edad, raza ni sexo”, sostiene el texto del proyecto y añade que “da información clara y precisa, pero preserva cuestiones de identidad previas. Esa ‘huella genética’ consiste en un ‘código binario’ que se ingresa en un software especializado” que no estará conectado a internet “con los datos de la causa judicial respectiva, sin ningún dato filiatorio de los imputados ni el de las víctimas. Sólo se ingresan los datos de la causa".
Además, "el Registro también se propone ingresar los perfiles genéticos de todos los imputados y condenados del sistema judicial. Al igual que las huellas genéticas, tampoco se ingresan al sistema con identificación filiatoria, puesto que sólo se obtiene un código binario sin nombres ni datos personales, más que los de la causa judicial. El sistema informático compara códigos de barra".
Y concluye: "El sistema también es una herramienta poderosa para acreditar la inocencia en casos complejos, permitiendo exonerar a los inocentes. Además, como el Registro permitirá el ingreso de los perfiles genéticos que, voluntariamente, aporten los familiares de personas en búsqueda, se podrá identificar a las personas perdidas o desaparecidas".
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