El caso Edery acelera el debate en la Legislatura sobre el funcionamiento del MPA

El caso del fiscal Matías Edery acelera en la Legislatura la discusión sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los diputados y senadores gana consenso la idea de reformar la institución encargada de la investigación penal, para darle más poder a la Fiscalía General.

Este miércoles, la comisión bicameral de Acuerdos decidió por unanimidad abrir una investigación contra Edery, integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada.

En la reunión del cuerpo presidido por la diputada socialista Lionella Cattalini se definió que la encargada de llevar adelante el procedimiento es la diputada Lorena Ulieldin, también integrante del bloque del PS.

Una vez que Ulieldin acepte el cargo, deberá analizar el material y formalizar la acusación. Luego vendrá la etapa de provisión de pruebas, escucha de testimonios y la defensa de Edery.

Al finalizar ese proceso, llegará un dictamen que podría sugerir la suspensión o la destitución. Cualquier propuesta de sanción deberá ser refrendada por la Asamblea Legislativa.

Antes de tomar la decisión de abrir el trámite contra Edery, los ocho integrantes de la Cámara baja y los cuatro miembros del Senado recibieron al auditor general del MPA, Leandro Mai, a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y a la fiscal general María Cecilia Vranicich.

Mai se inhibió de intervenir en el caso porque considera que las acusaciones contra Edery podrían ser consideradas como una falta grave. En ese caso, superarían los 60 días de sanción, el plazo máximo que puede aplicar el auditor de manera autónoma.

“Consideramos oportuno y por una cuestión de responsabilidad institucional avocarnos al planteo, es lo más sano para la institución, que la Legislatura tome el caso e investigue a fondo”, dijo Cattalini a La Capital.

Y agregó: “En un plazo responsable, serio y transparente vamos a determinar si amerita una sanción o no, y cuál corresponde”.

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El fiscal Matías Edery, en el ojo de la tormenta. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Edery enfrenta una grave acusación de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno. Lo denunciaron por tener una conducta omisiva con Mariana Ortigala, testigo protegida que derivó en informante de la Agencia de Criminalidad Organizada. También lo señalan por mantener una relación impropia con Lorena Córdoba, imputada en una causa de juego ilegal.

Socca y Moreno pusieron el foco en Edery en el marco de una serie de audiencias en que Ortigala y Córdoba fueron imputadas de ser partícipes de una tentativa de extorsión organizada por el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, a quien Edery investigó en numerosas causas desde 2018.

Edery sostiene que no cometió ninguna falta ni delito, que sus superiores estaban al tanto de la situación de Ortigala como informante y que entregó la información aportada por la mujer sindicada como integrante de la banda de Los Monos.

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En Acuerdos estiman que el trámite durará entre cinco y seis meses. Un detalle: el mandato de Ulieldin vence en diciembre, por lo que otro legislador o legisladora deberá tomar la posta.

Además de Cattalini, integran la comisión los senadores peronistas Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y Alcides Calvo y el senador radical Lisandro Enrico, y los diputados radicales Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, además de Clara García (Partido Socialista), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia).

En el órgano colegiado están quienes creen que el trámite se encamina hacia una suspensión pero quieren ser cautelosos. Más aún, cuando la conducta de Edery también es analizada por la Justicia penal.

Debate

El conflicto estalló en medio de la transición entre Omar Perotti y Maximiliano Pullaro. A partir de diciembre, Unidos para Cambiar Santa Fe tendrá mayoría tanto en el Senado como en Diputados y en la Legislatura ya hablan de reformar la ley 13.013, que regula el funcionamiento del MPA.

En su visita a la Legislatura, Vranicich resaltó la debilidad de la Fiscalía General y planteó que con otra legislación hubiera tomado otras medidas.

En el entorno de Pullaro reconocen que el tema está en análisis pero no quieren adelantar qué reformas propondrán.

De todos modos, en Unidos consideran que el caso Edery es el emergente de un problema más profundo, que atraviesa a la fiscalía regional a cargo de María Eugenia Iribarren. “La cuestión es que la regional no funciona. Hay un desajuste, una falta de coordinación y de sincronicidad. No puede ser que haya tres agencias investigando a las mismas personas y no se pasen la información. Esto no es un problema de egos, hay que ordenar”, dice un referente de la coalición que tomará las riendas del gobierno el 11 de diciembre.