El auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, llevó este miércoles a la Legislatura un paper de más de 120 páginas en los que desglosó una serie de denuncias realizadas contra contra el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery. El documento fue puesto a consideración de la comisión bicameral de Acuerdos presidida por la legisladora socialista Lionella Cattalini. En el mismo se repasan al menos cuatro legajos judiciales abiertos contra Edery. Una denuncia por amenazas realizada por una mujer que mantenía chateos periódicos con el fiscal por la red social Twitter (X); otra realizada por el fiscal Pablo Socca por una serie de delitos que entiende cometió Edery en su vinculación con dos imputadas en una banda que extorsionaba agencias de loterías; otra del fiscal Miguel Moreno a partir de la denuncia de dos abogados penalistas y dentro de esta el cuestionamiento debido a que el fiscal no se apartó de la pesquisa en el doble crimen que tuvo como una de sus víctimas, Natalia BumBum Salinas, con la que, según la denuncia, mantenía una relación personal.
Sólo un puñado de entendidos conocía el miércoles 20 de septiembre que era lo ocurriría en la audiencia en la que los fiscales Socca y Moreno acusaban a una banda de extorsionadores de agencias de loterías El Califa. Entre los nueve acusados estaba Máximo Ariel “Guille” Cantero como líder. Pero en la nómina de acusadas resaltaban dos mujeres: Mariana Ortigala, ex testigo protegida de la causa contra Esteban Alvarado, y Lorena Córdoba, la viuda de David Perona el “rey del juego clandestino” en el oeste de la provincia. A partir de lo que se ventiló en esa audiencia se generó un escándalo institucional en la Fiscalía Regional Segunda con final abierto e imprevisto. Esto motivó la presentación de varias denuncias que el auditor Mai entregó en la Legislatura luego de inhibirse por considerar que se trata, preliminarmente, de faltas graves.
Además de la denuncia administrativa que trata la Legislatura también se abrió sobre Edery el 21 de septiembre pasado una investigación penal en la Fiscalía Regional Segunda (CUIJ 21-09237124-4 y caratula “NN s/incumplimiento de los deberes de funcionario público”) presentada por el fiscal Socca, que aun no se encuentra en curso. Ese legajo judicial le fue asignado el 25 de septiembre a las fiscales Bárbara Ilera y María Laura Urquiza, pertenecientes a la Unidad Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1. A ellas se sumaron dos días más tarde sus pares santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg. Los fiscales realizaron el 28 de septiembre una inspección en las oficinas de la Agencia, donde trabaja Edery, en el Centro de Justicia Penal.
Amenaza
La primera denuncia que desglosó el informe la presentó una mujer el 13 de septiembre, dos días después de que se realizaran los allanamientos que entre otras llevó a la cárcel de Ortigala y a Córdoba. La mujer contó al ser entrevistada en la sede de la Auditoria de Wheelwright al 1700 que tenía contactos con el fiscal Edery por la red social Twitter desde hacía al menos un año y medio. Que en medio de un cruce de opiniones al conocerse la detención de Ortigala, y de saber esta mujer los antecedentes de la misma, le hizo un reproche primero privado y luego público a Edery. “No podía entender como una mujer con esos antecedentes era presentada como testigo estrella en una causa tan importante como la de Alvarado”, dijo la mujer.
Tras un breve cruce, y según capturas que están en el expediente, Edery le respondió por DM (mensajes directos) “me chupa un huevo lo que escribís, a mí y a todos. Pasaste el límite otra vez” . Según las capturas continuó diciendo: “Ahora pasaré todos los límites”. Esta respuesta hizo que la mujer se sintiera amenazada, pensando, según dijo, en los contactos a los que tenía acceso el fiscal. Días más tarde intentó retirar la denuncia.
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La valoración que hizo la auditoría es que las conductas que podría haber violado el fiscal Edery serían: Incurrir en una conducta pública y/o privada que afecte la confianza en la función que cumple el MPA. Violar el deber de reserva respecto de los asuntos que así lo requieran y en los que actúa el MPA; o extraer, duplicar o exhibir documentación que deba permanecer reservada. E incurrir en una conducta pública o privada que afecte al confianza en el MPA. No observar una conducta apropiada a las labores o emplear vocabulario impropio o improcedente. Actuar irrespetuosamente con motivo u ocasión de sus funciones dentro o fuera de una investigación afectando al MPA.
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Los acusadores. Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su par, Matías Edery.
Denuncia de Socca
Se le reprocha a Edery, en más de 30 páginas, haber procedido desde diciembre de 2021 a la fecha una serie de irregularidades como haber creado un registro de “informantes” de la Agencia; haber mantenido intercambio de mensajes con las personas que revestían ese rol o como testigos en investigaciones a su cargo, a quienes les daba información sobre la evolución de ciertas pesquisas; o intercambiaba mensajes con los mismos que resultan impropios a su rol de fiscal, siendo este flujo de información improcedente a la figura del “informante”. En este ítems el auditor pidió información respecto a si el ex fiscal general de la provincia Jorge Baclini, la entonces auditora, María Cecilia Vranicich (hoy fiscal general) y la fiscal regional, María Eugenia Iribarren (por entonces subrogando) estaban anoticiados de la creación del registro de “informantes”.
Ante los ojos del auditor se abren ante esta denuncia tres escenarios de posibles delitos.
1- Violar el deber de reserva respecto de los asuntos que así lo requieren y en los que actúa el MPA; o extraer, duplicar o exhibir documentación que deba permanecer reservada. Usar sin autoridad o su influencia con fines distintos al cumplimiento de sus funciones. Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, medios materiales o información del MPA para fines ajenos a los institucionales. Incurrir en una conducta pública o privada que afecte al confianza en el MPA. No observar una conducta apropiada a las labores o emplear vocabulario impropio o improcedente. Actuar irrespetuosamente con motivo u ocasión de sus funciones dentro o fuera de una investigación afectando al MPA. Ejecutar actos que afecten el buen funcionamiento del servicio, incumplir actos ordenados o no advertir situaciones que hagan peligrar la adecuada función, al servicio o cualquier trabajo específico.
2- No haber procedido a brindar la información que Mariana Ortigala le aportó a través de mensajes de texto vinculados a una balacera acontecida el 17 de julio de 2021 contra un local comercial de Mendoza 5198, esquina Matienzo, investigado por el fiscal Federico Rébola de la UFE de Balaceras”. El posible delito en el que habría incurrido Edery sería ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones, o la obstaculización del trámite o del servicio.
3- Ante la denuncia de que Edery no avanzó en la investigación de las actividades ilícitas perpetradas por Mariana Ortigala. Las posibles conductas delictivas en la que pudo incurrir el fiscal serían: Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculizaciones del trámite o del servicio. Actuar con negligencia en en la búsqueda de las pruebas que fueran necesarias para la presentación de una acusación o para su fundamentación en los tribunales. O Causar grave daño a la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales bajo su responsabilidad.
A cada uno de estos tres puntos, Edery contestó en su descargo, dando explicaciones y facilitando evidencia en favor de sus dichos.
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Natalia “BumBum” Salinas
Según explicaron hace una semana los fiscales Socca y Moreno, BumBum era una vendedora de drogas de barrio Tablada que operó como “informante” de Edery y que por este motivo fue ejecutada a balazos la tarde del miércoles 10 de febrero de 2021 en inmediaciones de Vera Mujica y Rueda. Según la denuncia Edery mantuvo una relación personal con esta mujer y posteriormente intervino en la investigación de su crimen.
Para la acusación se trató de una relación impropia a su rol de fiscal en razón de encontrarse Salinas vinculada a personas que integran o integraron bandas criminales que operan en la región de Rosario. Asimismo haber ordenado medidas y no haber solicitado su apartameniento del legajo fiscal (NN s/homicidio. Víctima Natalia Nancy Salinas y otro) a sabiendas que se encontraba afectada su objetividad por haber mantenido una relación con la víctima.
Las conductas de Edery podrían encuadrarse en las siguientes faltas a los ojos del auditor: No excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos de impedimento. Ejecutar actos que afecten el buen funcionamiento del servicio, incumplir actos ordenados o no advertir situaciones que hagan peligrar la adecuada función, el servicio o cualquier trabajo específico.
Para el miércoles próximo fue convocada por la bicameral de Acuerdos la fiscal regional Iribarren, jefa de los tres fiscales en pugna.
