Un paso histórico; asoma una nueva ley que eleva el presupuesto educativo progresivamente hasta el 8 por ciento (del total de presupuesto anual de todas las áreas) hacia 2030. Lo dictaminó la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados este miércoles. El proyecto lo impulsa el oficialista Frente de Todos (Unión por la Patria desde diciembre próximo) desde el Poder Ejecutivo. El despacho cosechó 37 firmas -incluyendo 12 de Juntos por el Cambio-, con disidencias.
El tema se trató en extenso en la Comisión de Educación, cabecera de la iniciativa, por donde pasaron expositores de todos los sectores durante cuatro reuniones.
Si bien el FdT pretendía llevar la iniciativa al recinto antes del balotaje, no le dieron los tiempos, y quedará para después de la crucial elección del próximo domingo 19.
Blanca Osuna (FdT de Entre Ríos), titular de la comisión de Educación, recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo fue impulsada por Néstor Kirchner en 2005 (llevó el presupuesto al 6 por ciento), bajo la idea de “la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias”.
La entrerriana señaló: “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo.
Se destaca la incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a los niveles de educación para adultos, educación popular, educación no formal; y también que se puso “un énfasis especial en el capítulo formación docente”, continuó la titular de la Comisión de Educación.
En plena tensión política por el desenlace electoral del próximo balotaje, Osuna advirtió sobre la preocupación respecto al tenor de los convenios, “nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó.
Los convenios de financiamiento que algunos segmentos que involucran a las provincias y municipios, fueron un punto de disidencia con los representantes de la fuerza opositora mayoritaria (JxC)
En ese sentido, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó el acompañamiento con disidencias, al tiempo que valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación” para acercar posiciones. Sobre las diferencias, se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. “Le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus erogaciones”, y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, abundó.
El diputado por San Luis consideró “válido, legítimo y constitucional hacerlo; nosotros compartimos que eso se haga”. Pero apuntó que “se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios” y “eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales”. “La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso”, añadió.
Osuna volvió a tomar la palabra y aseguró que “acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación; los gobiernos provinciales tienen prioridades pueden no coincidir”, remarcó y defendió que “estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja”. “Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad”, pidió.
En el cierre, y buscando el tono más acuerdista posible, el jefe de la bancada oficialista, el rosarino Germán Martínez (FdT), se mostró dispuesto a “acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto”. “Se nos abre una ventana de tiempo que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable”, señaló y ratificó “la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva”.
Finalmente, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), sostuvo que “tenemos dos visiones que no difieren en el fondo de la cuestión, lo que hay es una diferencia en el criterio constitucional”. Y pidió entonces “tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado; creo que es posible” de manera de “llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible”.