Detalles increíbles de un fraude de 500 millones de dólares que nunca tuvo un imputado

Uno de los mayores fraudes económicos de la historia de la provincia es la que ocurrió justamente con su banco. Se otorgaron créditos a personas que no tenían capacidad financiera para afrontarlos lo que derivó en que se transformaran en incobrables. Se hicieron traspasos injustificados de fondos de la entidad al gobierno de la provincia. Y hubo circunstancias que terminaron en un golpe de gracia que implicó la quiebra del banco. El total del perjuicio estimado fue de 500 millones de dólares.

Ese fue el resumen que este jueves a la mañana hizo la fiscal santafesina Mariela Jiménez para señalar la magnitud del delito y la necesidad de que se esclarezca por vías institucionales la forma en que se cometió. Hace veinte días un juez resolvió que la causa penal está prescripta. La funcionaria sostuvo que las valoraciones de ese magistrado contienen muchas inconsistencias. Y que hay razones jurídicas e históricas para que la causa siga viva.

"Un informe de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) dice que no hubo una investigación seria. En 25 años no se tomó una sola declaración imputativa a las personas acusadas de promover esto. Hace falta un compromiso y una investigación seria para dilucidar qué pasó y si hay responsables poder avanzar contra ellos", sostuvo Jiménez.

Uno de los principales motivos esgrimidos por la fiscal para que no se consolide el archivo de la causa es la existencia de funcionarios públicos en la comisión de aquellos delitos presuntos que hoy siguen ocupando funciones en el Estado. "Se podría suspender ese plazo de modo que la causa no caiga. Hacemos referencia a la gravedad institucional. Es un caso de mucha repercusión para todos. Todos tenemos derecho a saber qué pasó", dijo la fiscal santafesina.

La funcionaria hablaba de uno de los mayores delitos de guante blanco cometidos en la historia de Santa Fe. El deliberado vaciamiento de su banco con maniobras que supusieron beneficios para los integrantes de los directorios de la entidad. Eso fue explicado en la denuncia que integrantes de la comisión gremial interna del Banco Provincial de Santa Fe presentaron el 27 de agosto de 1990 ante el Juzgado Federal 2 de Santa Fe. En ella ponían en conocimiento que el banco había otorgado préstamos de altísimo riesgo y sin justificativos razonables por 500 millones de dólares por un lado y por el otro se habían transferido recursos del banco hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe.

El viernes pasado, al cumplirse 31 años de la denuncia, los fiscales apelaron el cierre. Y esta mañana Jiménez convocó a la prensa con el planteo de que un fiscal representa los intereses de la sociedad. Y que a la sociedad debe enterarse no sólo cómo se perpetró esta defraudación mayúscula sino también el modo en que la Justicia en la provincia se apartó del camino para aclararlo.

El juez Pablo Busaniche, que a fines del mes pasado declaró que la causa del vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe está prescripta, es hijo de uno de los principales deudores de la entidad financiera. Eso lo dice el informe de la llamada Comisión Nogueras que se constituyó a fines de la década del noventa para examinar la forma en que el banco drenó fondos a personas insolventes o hacia el gobierno. Y también lo consigna en su escrito la fiscal al señalar que la empresa “Piedras Blancas SRL”, de Dante Osvaldo Busaniche, "se encuentra entre un grupo de treinta de los principales deudores que más perjuicio le causaron al banco".

Una cosa que sostuvo la fiscal es que ese motivo debió llevar al juez a apartarse del caso. El motivo: es heredero forzoso del patrimonio forjado en parte con ese destrozo causado al banco. Por esta razón, sostiene, su fallo es nulo.

"Creemos que muchos cuestiones no fueron valoradas por el juez que permitirían que la investigación continuara y que pudiéramos todos los santafesinos conocer qué pasó con el banco de nuestra provincia y si existe alguna responsabilidad penal avanzar en una investigación. Y darle una respuesta a todos porque tiene que ver con la historia de nuestra provincia y lo más importante con tener una herramienta financiera", dijo Jiménez ante la prensa.

En los libros sobre delito de cuello blanco se reitera un patrón: los perpetradores de ilícitos comparten las mismas pertenencias, afiliaciones sociales y culturales con los encargados de aplicar la ley. Este caso estuvo 14 años inmóvil en el juzgado comercial 6 de Santa Fe al denunciarse. Luego permaneció cinco años más en el despacho del secretario del Juzgado Federal 1 de Santa Fe. Hasta que en 2013 el juez federal Reinaldo Rodríguez la declaró prescripta por primera vez. En 2016 la Cámara Federal de Rosario rechazó la prescripción al referir que no hay obstáculos serios para seguir investigando.

En la resolución donde ahora Busaniche declara la prescripción, dice la fiscal, se remarca lo que significó para los sospechados el largo tiempo con una causa abierta. Pero ni un solo párrafo de la resolución refiere a la otra parte de este conflicto, "tanto como a quienes se vieron perjudicados en su situación laboral como empleados del banco (y que los llevó a decidir en asamblea que había que denunciar ante la justicia lo que estaba pasando en el banco de la provincia), como a todos y cada uno de los habitantes de esta provincia ya que lo que sí está claro en el caso es que el Banco sufrió un enorme perjuicio patrimonial, que perdió su capacidad financiera y dejó de ser la herramienta financiera de nuestra provincia". La resolución no aborda, en suma, el derecho a la verdad de las víctimas y damnificados.

Entre los puntos objetados para cuestionar que se le de sepultura a la causa está que ningún juez haya valorado la falta de una investigación seria desde que se formulara la denuncia e incluso la inacción de algunos integrantes del Estado. Y que la Procelac, el principal órgano de persecución de la criminalidad económica, dictaminó en 2013 que la intención de la investigación fue llegar al punto que se llegó: la prescripción. Y que eso da cuenta "una vez más de cómo la impunidad que es consustancial al delito económico toma forma en la práctica judicial forense. Todos estos hechos deben ser investigados porque han conducido hacia la paralización del sistema de justicia frente a un caso de gravedad institucional y económica sin precedentes a nivel provincial y, en el que las personas denunciadas gozaban de influencia y poder suficiente para torcer los resortes burocráticos a su favor. Justamente de eso se trata la garantía de impunidad que beneficia al poder económico".

Esta causa representa un tapiz de las relaciones de poder en la provincia. Habla de un daño económico exorbitante, de vínculos familiares y políticos entre actores empresariales, políticos y judiciales. De una comisión gremial que denunció el vaciamiento que ocurría delante de sus ojos dado que los denunciantes eran trabajadores del banco. De un banco que fue llevado a la quiebra, como dijo la fiscal Jiménez, pero que un año después de la denuncia pasó de ser propiedad del Estado a transformarse en una sociedad con mayoría estatal. La fiscal que no quiere que la causa prescriba recordó esta mañana que algunas personas que formaron parte del directorio que produjo estos hechos sin investigar continúan a la fecha ejerciendo cargos públicos.