La Corte Suprema de la Nación confirmó la prisión preventiva de la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que se le dictara oportunamente por supuestos delitos derivados del Acuerdo de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA en 1994, informaron hoy fuentes judiciales.
También, por unanimidad y con un fallo de menos de una carilla, el máximo tribunal rechazó un planteo similar al que había formulado la exmandataria, del exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, contra el procesamiento dictado por encubrimiento agravado.
Los planteos, ambos firmados por el defensor Roberto Boico, llegaron a la Corte luego que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos contra la confirmación de sus procesamientos, en el caso de Parrilli sin prisión preventiva.
La negativa de la Sala IV a conceder recursos extraordinarios contra su decisión motivó sendos "recursos de queja" que fueron desestimados por la Corte.
"El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", consignaron las sentencias firmadas por el presidente Carlos Rosenkrantz, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El 6 de diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva y embargo de 50 millones de pesos a Fernández de Kirchner.
En la misma resolución y con multimillonario embargo de bienes, dictó los procesamientos de Parrilli, el fallecido excanciller Héctor Timerman y de exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.
También fueron procesados el diputado Andrés Larroque, el dirigente social (actualmente detenido por otra causa) Luis D'Elía, la exProcuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el también encarcelado líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche, entre otros.
Tres meses después, tras resistir planteos de recusación, Bonadio elevó la causa a juicio oral y público.
Timerman fue entonces beneficiado con arresto domiciliario, en tanto que la prisión preventiva de la expresidente quedó supeditada a un eventual proceso de desafuero ya que tras dejar ese cargo fue electa senadora nacional, cargo que desempeña en la actualidad.
El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.
El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con el pacto buscaban llegar a la verdad del atentado.
Nisman había denunciado que el gobierno anterior promovió el memorándum de entendimiento con Irán, con el objetivo de "hacer caer las alertas rojas que pesaban sobre los ciudadanos de ese país acusados por el atentado" y reflotar las relaciones comerciales.
