Confirmación de autoridades y fuerte polémica en el Senado

Con los mismos criterios que en la sesión preparatoria del 13 de diciembre pasado, el Senado ratificó este viernes a las autoridades de la Cámara alta: Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) de San Luis se quedó con la presidencia provincial, un cargo clave sucesorio tras la vicepresidenta Victoria Villarruel, seguido por Silvia Sapag como vicepresidenta, de Neuquén, en el interbloque de Unión por la Patria, luego Carolina Losada (Santa Fe) y Alejandra Vigo (Unidad Federal, de Córdoba).

La sesión, en principio meramente formal, sin embargo, estuvo fuertemente atravesada por el conflicto desatado entre el oficialismo y la principal oposición en relación al tratamiento del DNU 70/23. El día jueves pasado, el oficialismo y con la colaboración de aliados, finalmente constituyó la estratégica comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar y dictaminar sobre la valides de los DNU que emite el Ejecutivo nacional.

Ante el retraso en la constitución de esa comisión, y vencidos los plazos reglamentarios desde la que se emitió el DNU más grande la historia parlamentaria, el 70 / 23 (el 20 de diciembre de 2023) UP vino solicitando reiteradas veces ir directamente al plenario para tratar el DNU. Pero la presidenta del cuerpo no convocó a la sesión que le pidió la oposición.

No es el único conflicto grave que se en estos días generan máximo tensión en la Cámara alta. Tampoco se respetaron las proporcionalidades en la constitución de la bicameral, integrada por 16 miembros: el peronismo pretendía se aplique el reglamento y le concedan ocho de esos lugares, pero ambas presidencias de los recintos entendieron que sólo le correspondían seis lugares. UP finalmente sentó a sus seis miembros, aunque reiteró que impugnaba la composición, y no avaló con sus votos la elección del presidente del mini cuerpo, el riojano (libertario) Juan Carlos Pagotto.

Por si faltaba algo, la agrupación defensora de Derechos Humanos “Hijos”, hizo llegar una carta al senado (que fue leída en la sesión) donde le imputa a Pagotto connivencia con represores de lesa humanidad condenados en su provincia. Y le pide al Senado que impida su nominación en la bicameral. La carta fue leída, pero no tenida en cuenta.

Como si fuera poco, en la sesión que se extendió por más de dos horas (cuando es un trámite que dura pocos minutos), se agregó un cruce entre la presidenta del cuerpo, Villarruel, y el jefe del bloque de UP, José Mayans, que le recriminó por qué había retirado el busto de Néstor Kirchner del Salón de las provincias del Palacio.

“No fue senador, ni vicepresidente, y no soy su viuda, por eso mandé a retirarlo”, disparó la titular del Senado, compañera de fórmula de Javier Milei, ganadores del balotaje del 19 de noviembre pasado.

José Mayans, como en la sesión del jueves cuando se constituyó la bicameral, volvió a cuestionar la validez del DNU. Recordó que varios constitucionalistas insospechados de peronistas se expresaron contra la constitucionalidad del controvertido decreto, y afirmó que el gobierno “no puede derogar normas de fondo, como el Código Civil o el Código Aduanero, por medio de un DNU”.

Remarcó que el presidente Javier Milei “no puede emitir disposiciones de carácter legislativo”, como marca la Constitución Nacional en el artículo 99; es decir que “no puede derogar por un DNU setenta y nueve leyes, modificar otras trescientas y modificar los códigos de fondo del país”.

“Si eso pasa, tenemos que cerrar el Congreso”, advirtió el formoseño y alertó que “si la intención es cerrar el congreso, obviamente que se trata de un golpe de Estado”. Además, consignó que la misma Carta Magna impide una posibilidad semejante ya que, en su artículo primero, adopta para la República Argentina un sistema de gobierno “republicano, representativo y federal”.