Diputados radicales ingresaron a la Legislatura otra iniciativa que promueve enmiendas a la Constitución provincial
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
La Cámara baja santafesina, escenario clave del nuevo intento de reforma de la Carta Magna.
La ola reformista sigue creciendo en Santa Fe: otro diputado radical, Martín Rosúa, acompañado por las firmas de sus pares Ximena García y Dionisio Scarpin, presentó un nuevo proyecto que busca aggiornar la Carta Magna provincial, una de las más antiguas de la Argentina.
El oficialismo apura los tiempos con el objetivo de aprobar el proyecto que declara la necesidad de modificar la Constitución provincial en noviembre próximo. En el corto plazo, la Casa Gris procura sellar un acuerdo marco en la coalición Unidos (socialistas y radicales ya activaron sus respectivas comisiones de trabajo) que redunde en una hoja de ruta que, entre lo que resta de agosto y septiembre, llegue a manos del peronismo y otras fuerzas de la oposición.
En ese contexto, entre las filas del radicalismo alientan con fuerza la incorporación de la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro, un punto que hizo aflorar advertencias de académicos y dirigentes del PJ.
El proyecto ingresado por Rosúa a la Cámara baja apunta a modificar la Constitución provincial con el fin de “desarrollar un Estado moderno, dinámico, tecnológico, eficiente y con mayor control sobre quienes ejercen funciones públicas”.
La propuesta se basa en una iniciativa de Santiago Mascheroni, hoy secretario de Justicia provincial y encargado de pilotear la avanzada reformista de la UCR, que en 2017 había obtenido media sanción.
“Se incorporan los derechos que permiten adaptar la Carta Magna a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y derechos provenientes de tratados internacionales”, destaca el nuevo proyecto.
En materia económica y de gestión, la iniciativa fija como criterio estructural “los principios de disciplina fiscal y sustentabilidad tributaria”. Con ese objetivo, impulsa —entre otros límites— “ratios máximos de relación entre deuda, gasto y producto bruto”. Que la carga no pese sobre las espaldas de los contribuyentes, es la consigna.
El proyecto suma derechos que actualizan la mirada hacia la sociedad, como inclusión y total alfabetización digital, y una firme vinculación entre la educación, la innovación y el mundo del trabajo.
Además, de promover “el principio y requisito de ficha limpia”, tanto para cargos electivos como para lo funcionarios de la administración pública, la iniciativa va por la modificación del “sistema de fueros de la Constitución para eliminar los privilegios de la política, terminar con la impunidad y permitir una correcta actuación de la Justicia”.
A su vez, fogonea la ampliación del período de sesiones ordinarias de la Legislatura para garantizar su “permanente desempeño” y la autonomía municipal, unificando los lapsos de gobierno de las autoridades locales y provinciales, “eliminando de ese modo las elecciones intermedias que atentan contra el normal desenvolvimiento de las distintas gestiones”.
El proyecto radical también establece un límite para evitar “la mala práctica que supone la vinculación parental política, atacando así al nepotismo”.
Asimismo, la iniciativa propicia la discusión de “la duración y el límite de los mandatos, las posibilidades de reelecciones, el modo de designar y remover magistrados y, principalmente, la igualdad de género en la participación de la vida pública en todos sus ámbitos”.
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Pese a las posiciones de los tres diputados de la UCR sobre los temas en juego, la decisión es abrir los artículos del proyecto a una discusión que podría darse durante el debate de la ley de necesidad (si es que hay un núcleo de coincidencias) o, más tarde, con el tratamiento de la propia reforma.
Previamente, el diputado provincial del radicalismo José Corral había presentado un proyecto que establece modificaciones a la Constitución. A principios de año, su par socialista Joaquín Blanco hizo lo propio con una propuesta de diversas enmiendas a la Carta Magna, pero sin promover reelecciones en ningún cargo ejecutivo ni legislativo.
Antes, el diputado provincial Walter Ghione (Una Nueva Oportunidad, UNO), también integrante de Unidos, había reingresado un proyecto de su autoría que impulsa modificaciones a la Constitución. Y lo propio ocurrió con la peronista Lucila De Ponti.
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