Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
Marcelo D'Alessandro, en el ojo de la tormenta.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Martín Soria, anunció que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.
“Presenté una denuncia penal en la Justicia nacional para que investigue a D'Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, consignó el ministro en su cuenta de la red social Twitter, en la que replicó un comunicado de la cartera a su mando.
La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre D'Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.
Soria indicó que esta mañana se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.
Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de la Caba por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.
Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno porteño, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
El jueves, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había presentado una denuncia penal contra Robles y D’Alessandro "por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos".
En tanto, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, subrayó que el pedido de licencia de D'Alessandro como ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires es "producto de una operación ilegal".
"Es producto de una operación ilegal. Atacan derechos esenciales de las personas, como son la privacidad, la intimidad, la libertad misma. Tenemos que preocuparnos cuando estas cosas pasan", sostuvo.
Luego de que el funcionario pidiera licencia del cargo, Miguel ratificó el respaldo del Gobierno porteño: "Lo estamos acompañando y, mientras tanto, seguimos trabajando sin ningún reemplazo".
Asimismo, Soria sostuvo que la magistrada María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa por el atentando contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, cobra un sueldo del Gobierno porteño y destacó la incompatibilidad de esa situación.
En ese sentido, Soria se quejó de que “los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, mensaje que tuvo un retuiteo de la ex mandataria.
“Capuchetti está contratada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, desde 2019, en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de la Caba, el ministerio de D’Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno”, aseveró.
Melisa Negro acordó una pena de 5 años de prisión por un ataque con amenazas mafiosas a dos agentes de la cárcel de Coronda.
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