Argentina volverá a La Haya por el aumento de producción de la papelera ex Botnia

La inestable relación entre Argentina y Uruguay sufrió ayer un nuevo sacudón luego de que el gobierno de José Mujica autorizara un nuevo aumento de producción a la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia), emplazada frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, lo que fue calificado por la Cancillería como "un gesto inamistoso", y anunció que nuestro país va a "reevaluar" la relación bilateral y que acudirá otra vez a la Corte de Justicia Internacional de La Haya.

Por medio de una carta enviada a su par uruguayo, Luis Almagro, el canciller Héctor Timerman señaló que la decisión del gobierno oriental es "un gesto inamistoso en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay".

Según consigna la agencia internacional AFP, UPM señaló en un comunicado que su planta de Fray Bentos "ha cumplido con todas las exigencias impuestas" por el Ejecutivo uruguayo, mientras que el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, calificó como "impredecible" la reacción de Argentina ante la habilitación, de acuerdo al diario uruguayo El País.

"El gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del tribunal del 20 de abril de 2010", indicó el funcionario nacional en su misiva.

Timerman agregó que Argentina "procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales" y solicitó que el país vecino "deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución".

Asimismo, el canciller señaló que la habilitación para aumentar la producción de la ex Botnia se trata "de un gesto inamistoso de parte" del país oriental "en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia" en torno "a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay", que regula el uso de las aguas compartidas por ambas naciones.

Impredecible.Por su lado, Astori indicó que los funcionarios argentinos "estaban al tanto de la intención del gobierno de permitir un nuevo incremento de la producción" y estimó como "impredecible" la reacción, que luego se concretó desde Buenos Aires.

"La autorización concedida previamente era una parte de lo que se había acordado. Sabemos que hemos tenido dificultades (con Argentina), y no sólo por este tipo de cosas, también por decisiones argentinas que terminan afectando directa o indirectamente los intereses de los uruguayos", agregó.

En su comunicado, la empresa finlandesa explicó que la resolución "apoya el crecimiento del área de negocios de celulosa de UPM de acuerdo a las necesidades de sus clientes". "También contribuye al crecimiento y desarrollo del sector forestal en Uruguay", añadió.

Urribarri. Para el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, la actitud de Uruguay es "desconcertante" y "revela su escasa voluntad para encauzar la relación binacional por el camino de la fraternidad y la convivencia".

A su vez, destacó la necesidad de "revertir esta situación sin generar más daño a esta relación que es imprescindible para el desarrollo de toda el área limítrofe del corredor y para todo el Uruguay".

Urribarri respaldó la decisión de la Casa Rosada de llevar el diferendo nuevamente a la Justicia internacional: "Suscribimos totalmente la decisión del gobierno nacional de denunciar ante La Haya el incumplimiento de Uruguay de la sentencia del (referido) tribunal, ya que ha autorizado el incremento de la producción de la planta de UPM sin respetar el protocolo conjunto para implementar esas decisiones".

Estratégicos. La instalación en la margen oriental del río Uruguay de la planta de celulosa disparó desde el mismo momento en que se conoció el proyecto la cerrada oposición de los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, que en repudio al emprendimiento bloquearon durante casi cuatro años, hasta 2010, el tránsito en un puente internacional bilateral.

Ante una situación que parecía no tener salida debido a la intransigencia de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández llevó el caso ante la Corte Internacional de La Haya, que rechazó en 2010 su demanda de relocalizar la fábrica afirmando que no hay pruebas de que la planta contamine, pero ordenó que ambos países controlen conjuntamente el impacto ambiental en el río de los efluentes de la papelera.