El empresario rosarino Leonardo Peiti obtuvo ayer el derecho a la prisión morigerada en el marco de la causa que, como organizador de una asociación dedicada a regentear el juego ilegal, tiene abierta en los Tribunales de Rafaela. La decisión fue adoptada por la jueza Cristina Fortunatto en una audiencia pedida por la defensa del acusado, a cargo de los abogados Luis y Angelo Rossini, y después de que Peiti fuera sometido a una junta médica que determinó que no estaba en condiciones de seguir un tratamiento psicológico y psiquiátrico detrás de las rejas.
Peiti, de 47 años, carga sobre sus hombros cuatro causas con acusaciones similares: la de ser el jefe de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración y explotación económica en forma habitual y contínua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización de la autoridad competente defraudando así a la administración pública. Dos de esas causas se tramitan en los Tribunales de Rafaela, otra en Venado Tuerto y una más, que incluye el pago de coimas a agentes del Poder Judicial ya destituidos y apresados, en Rosario.
Pero por un acuerdo al que habían llegado la defensa del empresario rosarino y el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, el imputado transitaba todas esas causas en libertad. Sin embargo, el jueves 25 de marzo pasado el juez de Rafaela Javier Bottero rompió ese acuerdo y ordenó la detención de Peiti, la que se llevó adelante en su casa de Fisherton. Desde entonces quedó detenido a la espera del avance del expediente.
En ese marco Peiti, a través de los abogados Rossini, recusó al juez Bottero y presentó una denuncia por prevaricato, un delito que consiste en dictar resoluciones en forma contraria a lo que establece la ley. En este caso, la acusación es que el magistrado usó un hecho falso para justificar la decisión de dejarlo en prisión. Tras ello recusaron al juez solicitando que se aparte de las investigaciones contra el empresario. Ese pedido fue aceptado y Bottero, con fecha 23 de abril, firmó un decreto en el cual sostuvo que “a efector de aventar cualquier sospecha de parcialidad que pudiera generarse, como asimismo por razones de decoro y delicadeza, excusome de intervenir en la audiencia de revisión de prisión preventiva del imputado Leonardo Peiti, como también en cualquier petición que involucre al nombrado, debiendo darse intervención al subrogante legal”. De esa manera, lo dictado oportunamente por el juez quedó en estado de revisión ya que su orden de detención contra Peiti “quedó huérfana de contenidos”.
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Así las cosas, y tras la junta médica a la que Peiti fue sometido el martes, ayer fue la jueza Fortunatto la que presidió la audiencia en la cual la defensa del empresario rosarino solicitó la morigeración de prisión y el traslado de su cliente a una clínica en la cual pueda ser tratado de sus afecciones psiquiátricas y psicológicas. A pesar de la oposición de los fiscales que llevan adelante el expediente, Guillermo Loyola y Gabriela Lema, la magistrada aceptó la petición con la condición de que el establecimiento médico al que sea trasladado le informe semanalmente de los avances o retrocesos que sufra Peiti, quien dejará la prisión en las próximas horas y tras pasar allí 22 días.
En ese sentido, los abogados Rossini anticiparon que denunciarán a los fiscales Lema y Loyola ante la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al entender que actuaron de forma incorrecta al “desconocer un informe del Instituto Médico Legal de Rosario que llegó a los Tribunales de Rafaela por mail y en el cual se aconsejaba el tratamiento de Peiti, y asimismo negar el informe presentado por los peritos de parte de la defensa que asistieron debidamente autorizados a la junta médica de esta semana junto a un perito del MPA”, según dijo Luis Rossini a este diario.
Además, el letrado manifestó que “los fiscales ahora muestran su ahínco y se negaban a morigerar la prisión de nuestro cliente, pero están en funciones desde 2017, cuando ya había una denuncia por juego ilegal contra el fallecido David Perona, cuya actividad en vida no me compete porque no fue mi cliente, y no hicieron nada hasta que llegaron a Rafaela dos fiscales de Rosario con los oficios correspondientes y recién ahí sacaron del cajón la denuncia y empezaron a trabajar”.
