“Los delitos atribuidos a menores de 16 años, en estadísticas generales, son prácticamente insignificantes”. La jueza de Menores rosarina rosarina María Dolores Aguirre Guarrochena es una magistrada con recorrido. Una cultora del perfil bajo a la que le ha tocado intervenir en caso de alto impacto, como lo es por estos tiempos el caso de un pibe de 15 años _identificado como D.M.G._ acusado de asesinar al taxista Héctor Figueroa y al playero Bruno Bussanich, dos de los cuatro trabajadores ejecutados en cinco días en marzo pasado en una saga planeada para causar conmoción pública en la ciudad.
“Hay que desterrar la idea de que este chico está saltando en una pata haciendo su vida, disfrutando, paseando y haciendo como que nada haya pasado. Ahora está bajo custodia del Estado. Está vigilado muy de cerca. Tiene su vida, por supuesto, sumamente interferida. Su vida, no va, no va a ser la misma que la que haya podido tener hasta sus 15 años”, explicó la magistrada en diálogo con el programa “El primero de la mañana” de LT8.
“Si bien no se pueden dar respuestas punitivas por el Estado obviamente si tiene que dar otro tipo de respuesta. Y acá es precisamente donde el Estado normalmente falla. No digo en este caso, porque en este caso sí este chico está muy muy controlado. Pero quiero decir que en otros casos graves, que como les digo son estadísticamente insignificantes, pero en otros casos graves, donde el Estado debería intervenir con alguna respuesta que no tiene que ser punitiva es ahí donde el Estado falla. Y es lo que justamente genera malestar en la ciudadanía. Que es un malestar absolutamente comprensible y que lo comparto y lo entiendo”, explicó la jueza de Menores 4ª.
Saga de muertes
A partir de los asesinatos de los taxistas Figueroa, Diego Celentano, el chofer de la línea K Marcos Daloia y el playero de estación de servicios Bussanich, un grupo de siete fiscales _encabezados por Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Carbone_ lograron desentrañar una compleja telaraña delictiva que enlaza a dos células implicadas en los ataques que se registraron entre el martes 5 y el sábado 9 de marzo pasado. En el marco de la acusación contra las estructuras de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez y Axel Uriel “Franco” Rodríguez, integrado por varios menores de 16 años, inimputables para la ley argentina, en sus eslabones más bajos, se reavivó el debate de la baja la edad para que los pibes de menos de 16 años sean acusados penalmente.
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“Me parece que es una alternativa que no disminuiría las tasas de delito, dado que no influye para nada en los verdaderos motivos, a las verdaderas aristas del fenómeno del delito. Este fenómeno (del delito) está compuesto por muchos hilos que van entretejiendo una trama que tienen que ver con diversos factores sociales”, explicó Aguirre Guarrochena.
“Por ejemplo el acceso casi irrestricto a armas, sobre todo cuando son de fuego; la inequidad social; la falta de oportunidades reales; las fallas en el sistema educativo; las necesidades básicas insatisfechas de bastos sectores de la población; violencias sociales aprendidas fundamentalmente en el seno de la propia familia. Muchas veces estos chicos son víctimas de escenas de violencia familiar o ellos mismos son víctimas por casos de maltrato infantil; casos de violencia institucionales sufridas por bastos sectores de la población; y el grado de permeabilidad de los estamentos políticos y públicos a la hora de ser penetrados por la corrupción. Es decir, el fenómeno del delito es multifacético", indicó.
"Entonces si nosotros proponemos reducir la edad de la responsabilidad penal, eso es en realidad una respuesta poco estudiada, digamos. O poco poco meditada. Porque en realidad no va a afectar ninguna de las de los motivos reales que provocan las tasas de criminalidad. El fenómeno del delito va a seguir siendo el mismo nada más que vamos a tener más población criminalizada. No no va a resolver la cuestión de fondo”, indicó la magistrada.
Narcos y pibes
“Uno de los argumentos sistemáticamente empleados por las clases dirigentes es que las bandas narcocriminales utilizan a chicos, no punibles, para cometer delitos. Si bien lo que hay que responder es que este es un fenómeno marginal. No es mayoritario. Es un fenómeno absolutamente marginal que, por el momento si existiese voluntad política, podría llegar a abordarse. Nada más que evidentemente no hay una decisión política de abordar seriamente esta cuestión porque además convengamos que estos chicos que son reclutados por bandas criminales son doblemente vulnerables”, indicó la jueza.
“Por un lado son vulnerables ante las bandas criminales porque en esas organizaciones son colocados en los lugares de mayor exposición y pueden, obviamente y se sabe, que desde entre comillas negocios se sale o muerto o preso. No hay no hay jubilación en este trabajo, no? Y estos chicos son colocados en los lugares de mayor exposición. Son justamente los que reciben las balas. Terminan en los cementerios, en los hospitales o en la cárcel. Por ese lado digo que son vulnerables. Pero son doblemente vulnerables porque justamente si van a ser captados por el sistema punitivo. Justamente el Estado la única la única herramienta, la única estrategia que tiene, es la estrategia punitiva y no promotora de sus derechos. Es decir, son chicos que normalmente pertenecen a sectores con altísima, vulnerabilidad social, donde el primer contacto con el Estado es a través de un mecanismo represivo que va a aumentar su exclusión social. Lejos de integrar o de reintegrar a los chicos a la sociedad, lo que va a hacer es aumentar la exclusión porque el contacto con el sistema penal provoca estigmatización”, explicó.
“Cada uno de los hechos (graves en que han participado menores) son gravísimos. Pero estadísticamente (y recalcó la palabra estadístico) son absolutamente insignificantes. En las estadísticas generales. No quiere decir que el caso sea insignificante quiero decir que desde el punto de vista estadístico son insignificantes. Hay una estadística de 2023 de la base general de datos, que es una oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre casos relevados en la justicia ordinaria de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Esta oficina hizo entre enero y agosto del año 2022 de causas atribuidas a chicos y no punibles. Fueron 683 causas en una base territorial de tres millones y medio de habitantes, que es casi como toda la provincia Santa Fe. De esa cantidad de población hubo 683 hechos, donde intervinieron personas menores de 16 años. Tomando ese número, 683, como el cien por ciento, los delitos contra las personas fueron el 3.6 por ciento. La gran mayoría, el 69 por ciento, de los hechos en donde intervinieron pibes menores fueron robos, hurtos y otros delitos menores, digamos. En casos extremadamente graves como los homicidios es marginal la presencia de menores”, indicó Aguirre Guarrochena.
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“Si sacamos el caso de este chico de 15 años (por los homicidios del taxista y el playero) y vamos a los casos graves atribuidos a chicos menores de 16 años. En esos casos deben intervenir los estamentos políticos al primero y segundo nivel de protección de niñez. En el primer nivel estamentos municipales o comunas y en el segundo nivel las provincias. Este es el sistema que realmente no está dando respuesta. Desde noviembre del año 2021 hasta septiembre del año pasado (2023) personalmente he ido llevando una planilla de Excel con los casos que considero serios o graves cometidos por no punible”, contó la jueza.
“¿Cuáles serían? Seleccioné casos de homicidios; hechos con armas; abusos sexuales; casos de violencia de género, por ejemplo, noviazgos violentos; y reiterancia. Eran cinco ítems predeterminados donde yo hago intervenir a un auxiliar social de mi juzgado para que evalúe y hagan un amplio informe sobre indicadores de riesgo. Y con eso les doy intervención a estos estamentos estatales que dependen de los ejecutivos. Desde noviembre del 2021 a septiembre del 2023 he relevado 63 casos dentro de estos parámetros. Es decir, no estamos hablando de un número sideral. Hablamos de un número absolutamente manejable. ¿Sabe cual fue la respuesta estatal ante estos casos? Un tres (3) por ciento”, sentenció la jueza de Menores.
