Una entidad civil cuestiona a la Justicia de Santa Fe

La Asociación Civil Anticorrupción definió como "preocupante" el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe en un comunicado de prensa que advierte sobre "serias irregularidades" en el accionar de los fiscales, jueces y camaristas santafesinos. El informe de la entidad que a nivel nacional preside Ricardo Monner Sans plantea que en la Justicia local predominan las condenas a personas sin recursos cuando las causas por corrupción prescriben.

  El documento profundiza la crítica línea que la Asociación había definido el 14 de abril pasado, cuando le pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la provincia que se cumplieran la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus acordadas, además de reclamar que los fiscales y funcionarios redujeran sus exigencias académicas para dedicarse a sus funciones específicas. Entonces la Corte abrió un expediente con motivo del cual el 3 de julio pasado su titular se reunió con el abogado Mario Pilo, uno de los representantes de la entidad en Santa Fe.

  Según divulgó la emisora LT10 de Santa Fe, el profesional dio a Roberto Falistocco una copia del comunicado en el que se señala que el "desprestigio" de la Justicia provincial no es una creación de la Asociación que integra, "ya que ex el procurador general de la Corte (Agustín Bassó) lo admitió expresamente en entrevistas evaluatorias de su designación ante la Comisión de Acuerdos Legislativos, cuando reconoció que los jury de enjuiciamiento no se implementaban porque eran fatigosos".

Emblemáticas. El crítico informe enumera las causas más emblemáticas que prescribieron por el transcurso del tiempo (Caja de Jubilaciones, IBM-Banco Provincial de Santa Fe; la del vaciamiento de dicho banco; las que involucraron al ex vicegobernador Antonio Vanrell, Fibraca, Circo Vostok, medicamentos enterrados, entre otras) y denuncia que en la provincia sólo son condenados los que carecen de recursos influencias políticas. "En tanto que las causas que corresponden a aquellos relacionados o amparados por el poder terminan prescribiendo, beneficiando con la impunidad a los culpables", denuncia el comunicado.

  "Tal vez todo esto no es comprendido porque la deslegitimación institucional ha llegado a un coma cuasi irreversible", diagnostica el texto de la entidad anticorrupción, firmado por el director general de la entidad, Hugo Miretti, y por el secretario de Difusión y Cultura, Jorge Rodrigo.

  En uno de los tramos más salientes, el comunicado señala sus "dudas sobre la aptitud de la mayoría de los miembros Corte Suprema de Justicia" por no advertir, tras la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que el Código Procesal Penal de la provincia había devenido en inconstitucional. Y remarcan que el máximo tribunal santafesino recién reconoció la inconstitucionalidad de algunos procedimientos de la Justicia local tras el fallo Fraticelli de la Corte Suprema de Justicia Nacional.

"Selectividad". El texto retomó algunos tramos de la exposición de Bassó ante la Legislatura, cuando dijo: "Acá prescriben miles de causas sin que se haga una letra. Cuando los jueces de Instrucción reciben el expediente y son delitos menores tampoco lo tramitan". Para la Asociación Anticorrupción, ese "reconocimiento de las graves irregularidades cometidas evidencian no sólo su deficiente funcionamiento sino también las falencias tanto en la selección como en el sistema de exclusión de los jueces".