Un policía investigado por narcotráfico había estado detenido dos años antes

Hace dos semanas el sargento de la policía provincial Edgardo Baigoría fue detenido como miembro de una robusta organización de narcotraficantes en la provincia. Su nombre tenía varios motivos para resonar: su condición de uniformado, ser hermano de un ex subjefe de la policía santafesina y sus conexiones comerciales con el entorno de Luis Paz, el controvertido padre del asesinado Martín "Fantasma" Paz cuya ejecución inició la caída de la banda de Los Monos.

En el historial más reciente de Baigoría al margen de la ley resalta un episodio alucinante. Ocurre que este sargento ahora en prisión fue atrapado en Misiones hace dos años como eslabón de una banda que según la fiscalía federal transportaba una carga de casi 500 kilos de marihuana. El policía estaba detenido, le habían sacado la chapa, la credencial y su arma reglamentaria. Pero en doce horas ordenaron su libertad y la restitución de todos sus efectos; inclusive seis teléfonos celulares, aparatos que suelen aportar indicios de relevancia en investigaciones de delitos de esta clase. Las razones son aún difíciles de comprender y motivo de perdurable discordia para los que llevaron adelante aquella investigación.

Punta de lanza

No parece ser un capricho si se analizan las circunstancias del caso. La Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario y la delegación local de Drogas Peligrosas de la Policía Federal iniciaron en 2016 un seguimiento de una banda de la zona norte de la ciudad, la de Mario "Gringo" Visconti, que a poco de iniciadas las indagaciones sería víctima de un brutal asesinato mafioso en Ibarlucea.

Esa pesquisa los llevó a ubicar por escuchas a un hombre que en la ciudad de Santa Fe enlazaba a los compradores rosarinos con abastecedores de Misiones. Los preparativos para el traslado de la carga fueron precisos y los policías sabían cuándo y por dónde pasaría la carga.

Los policías de Rosario viajaron a Misiones decididos a salir al cruce de los traficantes. La madrugada del 8 de julio de 2016 iniciaron el seguimiento de dos vehículos en la ruta provincial 2 que corre en Misiones a la par de la costa del río Uruguay. Sabían por la investigación que delante iría un Suzuki Fun y detrás una Ford Ranger con la marihuana.

El rol del vehículo chico, llamado en la jerga "punta de lanza" o "puntero", es tantear retenes policiales en la ruta para advertir a los que vienen atrás con la droga. Los policías interceptaron al Suzuki Fun EHF-271 a la altura de la localidad de Apóstoles y detuvieron a sus tres ocupantes. Eran Lucas Gastón Da Silva, Hugo Marcelo Medina y el sargento Edgardo Baigoría. Este último reside en la ciudad de Santa Fe.

A la camioneta que venía detrás se la tragó la tierra. A la madrugada se supo que había salido a la banquina, atravesado un alambrado y cruzado a campo traviesa para alejarse de la ruta. No se halló en ese primer momento droga. Por esa razón el juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque entendió que no había motivos para mantener presos a los ocupantes del Suzuki y ordenó su libertad.

Los investigadores se contrariaron. Decían tener una investigación previa documentada con escuchas que había permitido llegar a esa detención. También afirmaban que buscaban intensamente la camioneta y la droga y que necesitaban más tiempo. Y cuando los tres detenidos ya estaban libres se reportó el hallazgo, en un campo de Apóstoles, de 450 kilos de marihuana que, decían habían descartado los de la camioneta Ranger.

A pedido de los policías, la fiscalía preguntó a la jueza federal de Posadas sobre su disposición de transferir esa droga a Rosario porque la investigación la ligaba a la banda que abastecía a los compradores de esta ciudad. La jueza manifestó su acuerdo si se le exhibían las constancias investigativas porque ese lote de marihuana para ella era una cosa sin dueño ni estaba vinculada a investigaciones propias. Pero ese mismo día el juez Bailaque dictó su incompetencia territorial para seguir avanzando dado que la droga no se había hallado en su jurisdicción y traspasó las actuaciones a Misiones para ser seguidas allí. También restituyó a los detenidos seis teléfonos secuestrados, uno de los cuales, según los policías, era una de las líneas bajo intervención.

Desatino

La fiscalía consideró tal cosa un desatino y apeló. Planteó que estaba previsto que un juez hiciera diligencias en otra jurisdicción cuando una investigación preliminar demostraba que tenía sentido. Y que este era el caso: una misma operación comercial que vinculaba a compradores rosarinos con vendedores del norte,

Baigoría había sido atrapado en Misiones en un auto que iba como puntero de una camioneta con droga algunos identificados en escuchas y seguimientos, por lo que no era razonable desmembrar la investigación.

   El hilo inicial de la causa fue a inicios de 2016. La fiscalía federal había empezado a seguir al Gringo Visconti, miembro de la barra brava de Rosario Central de zona norte, ladero de Andrés "Pillín" Bracamonte y con una condena en causas por drogas. En junio de ese año la pesquisa estuvo a punto de frustrarse. Fue cuando a pocos días del asesinato de Julio "Cara de Goma" Navarro, también referente de la barra auriazul, varias personas llegaron a la casa de Visconti. "¿Salís solo o entramos?", le dijeron. El Gringo salió y horas después lo hallaron muerto de nueve balazos en un camino secundario de Ibarlucea.

   El asesinato paralizó un par de semanas la investigación. Pero como los teléfonos interceptados siguieron activos pronto se supo que los socios del Gringo no desistían del negocio empezado. Uno de ellos era Eduardo "Picu" Smolski, que tenía un programa radial vinculado a Rosario Central y muy allegado a Visconti. A un mes del crimen la Policía Federal contaba con una pesquisa bien asentada: nombres y domicilios certificados de los compradores rosarinos. También sabían que el sargento Baigoría era un enlace en Santa Fe entre los compradores y la organización que vendía la droga desde el norte. Por eso el 8 de julio de 2016 se hizo el operativo en el que cayó el policía.

   Sin embargo, para el juez Bailaque no estaba acreditado el lazo entre el auto donde venía el sargento apresado y los 450 kilos de droga aparecidos ocho horas después. Si bien era cierto que el nexo no fue inmediato, para los investigadores la conexión se infería en las constancias del expediente. Y además la droga era una prueba a ser compulsada, porque muchas veces quedan huellas en los panes, lo que hacía razonable que se pidiera su traslado a Rosario.

   También señalaban que lo que se analizaba era una única y misma organización criminal abocada a cometer diversas fases de sus actividades en Misiones pero que las últimas las cometería en Rosario.

   El juez rosarino se mantuvo en su tesitura de ser incompetente y pasar todo al juzgado federal de Posadas. Su postura fue confirmada cuatro meses el 29 de noviembre de 2016 por los camaristas federales José Guillermo Toledo, Eleonora Pelozzi y Fernando Barbará.

Controversia

Lo que sucedió sigue sujeto a controversia: el mismo policía que ahora cae por narcotráfico en una causa de la Justicia Federal de Santa Fe (ver página 40) había sido capturado por lo mismo casi dos años antes por una pesquisa iniciada en Rosario. Pero entonces se ordenó su libertad porque no había nexo entre él y la droga que apareció ocho horas después.

   Esto último pudo buscar proteger una garantía constitucional, porque tiene que haber un nexo objetivo entre el detenido y la evidencia. Según la fiscalía ese vínculo estaba en la investigación. Dos años después el policía que protagonizó esta historia está preso por narcotráfico y bajo investigación de lavado de dinero como miembro formal de sociedades comerciales conectadas con Luis Paz y que se presumen pantallas para blanqueo de activos de origen ilícito.

   La Justicia de Misiones no determinó nunca la conexión entre la droga hallada en Apóstoles y el grupo detectado desde Rosario. Se partió la investigación y la causa no prosperó. No podría saberse qué habría pasado de haberse mantenido unificada. Pero hace un mes la Cámara Federal de Rosario ordenó no desmembrar investigaciones de jurisdicciones distintas por motivos de racionalidad y economía procesal.