Policiales

Un juez condenó por robo a un adicto y reclamó al Estado que le dé tratamiento

El magistrado consideró que, por no haberlo asistido antes, la provincia es responsable del delito Al joven acusado, dependiente de las drogas desde la infancia, le impuso un mes de prisión

Domingo 29 de Junio de 2008

Un juez penal condenó a un mes de prisión a un joven adicto en una causa por intento de robo pero al mismo tiempo instó al Estado provincial a que se haga cargo del tratamiento del muchacho, al entender que tiene responsabilidad en el caso por no haberlo asistido antes en su problema de adicción a las drogas y en otras carencias que sufrió desde la infancia.

Si el Estado recién aparece en la vida de un joven para castigarlo con una pena de prisión, pero no estuvo antes para garantizarle igualdad de oportunidades, entonces llega tarde. Esa es la esencia del novedoso planteo que desarrolló el juez de Sentencia rosarino Antonio Ramos. Lo hizo al término del juicio seguido a un joven de 21 años acusado de entrar con fines de robo a la casa de una vecina de Villa Gobernador Gálvez, de donde se fue corriendo sin llevarse nada cuando la mujer lo descubrió.

Como exige la ley, Ramos aplicó en el caso una sanción prevista en el Código Penal para ese ilícito: un mes de prisión condicional. Un castigo que, entendió, dejaría irresueltas las verdaderas causas que lanzaron al muchacho a cometer un delito. Por eso le reclamó al Estado provincial que, a través del Ministerio de Salud, "garantice la asistencia y atención" del muchacho con "los recaudos pertinentes para asegurar su recuperación".

Asimismo le impuso al joven implicado, como regla de conducta, que continúe con el tratamiento durante el tiempo que sea necesario para resolver su problema de dependencia a las drogas. Un familiar responsable deberá informar de los avances del tratamiento al tribunal.

Causas y efectos. En el planteo judicial se delinean dos análisis que suelen resonar en ámbitos académicos, aunque no es común su aplicación a casos concretos. Primero, que la pena en sí misma no garantiza que se resuelva aquello que dio origen al problema. Lo demostró el fracaso del endurecimiento de penas legislado bajo la presión del fenómeno Blumberg, que no resolvió el problema del delito.

Una segunda interpretación, que aparece enunciada en el fallo, es que el Estado y la sociedad también tienen responsabilidad en el fenómeno: "Un Estado que no resuelve el dolor de los niños de la calle debe hacerse responsable al menos de su asistencia futura, quizás tardía pero demostrativa de sus falencias", planteó Ramos.

En el caso en cuestión el muchacho implicado es Esteban M. El joven afrontó desde chico un problema de adicción por el que su madre comenzó a tratarlo en el Neuropsiquiátrico Agudo Avila. Pero, según contó angustiada en el juzgado que tramitó la causa penal, los esfuerzos de los profesionales no alcanzaron para resolver la situación y tampoco contó con un lugar público específico para abordar el problema de su hijo.

El caso.Ese drama quedó reflejado en el expediente que se inició el 13 de noviembre de 2005, cuando una vecina de Villa Gobernador Gálvez denunció en la comisaría 26ª que al regresar a su casa a las 3.15 de esa madrugada vio que en una pieza estaba Esteban, quien vivía al lado de su casa, con otro muchacho. Ella empezó a gritar y su hijo los puso en fuga. La mujer contó que sus vecinos habían roto una ventana que da a la calle para poder entrar y luego habían juntado algunas cosas que no se alcanzaron a llevar.

Al ser detenido, el joven implicado dijo que había estado en esa casa celebrando el bautismo de la nieta de su vecina, y que al volver un rato más tarde encontró a tres conocidos entrando a la fiesta por la ventana. Pero ese descargo se demostró falso con el testimonio del hijo de la mujer. Para Ramos, Esteban no debía ser declarado inimputable porque es capaz de comprender la criminalidad de sus actos. Por eso le impuso una pena de prisión condicional.

Pero entendió que esa sanción formal no le otorga al muchacho posibilidades de recuperarse ni de evitar la reincidencia: "Por el tiempo que el justiciable aparece comprometido con su adicción y la incidencia de ello en el ámbito familiar y social, es menester que el Estado asuma su cuota de responsabilidad", evaluó.

Además, siguiendo un planteo del penalista chileno Juan Bustos Ramírez, remarcó que en la culpabilidad de un sujeto en un delito no sólo se advierte la dimensión individual, sino también la responsabilidad de la sociedad: "La conciencia no es primeramente una cuestión psíquica sino histórico-social. La sociedad también responde por esa conciencia lograda por el hombre", citó.

La compleja situación que puso en evidencia el caso no es anecdótica ni aislada. Por el contrario, atraviesa al régimen penal santafesino, donde las cárceles se colman de jóvenes de condición humilde en muchos casos acusados de delitos contra la propiedad. Aunque cada causa tiene sus particularidades, la historia de M. se multiplica en numerosas causas penales en las que la problemática de adicción está presente, aunque no siempre llega a tratarse.

Situación repetida.Es a tal punto frecuente que de los 500 chicos detenidos en enero pasado que pasaron por el juzgado de Menores en turno, todos presentaban problemas con las drogas. Así lo indicó entonces con preocupación la jueza de Menores Nº 1, María del Carmen Musa, cuando planteó que el problema se agrava ante la ausencia de ámbitos públicos específicos donde brindarles tratamiento.

"Ponemos a los chicos presos porque no tenemos centros para atender sus problemas con drogas", manifestó en esa ocasión la jueza. Y remarcó que el problema básico de los chicos que llegan a su juzgado por conflictos con la ley no es primordialmente de índole penal sino de deterioro general de la salud psíquica.

Ese fenómeno parece desdibujarse cuando los encausados son adultos. Sin embargo, para Ramos, debe abordarse: "Es tiempo de resolver definitivamente desde la justicia social el fenómeno de la criminalización secundaria y el clientelismo penal. Es menester encarar la problemática de la seguridad tan cara a todos desde antes, asegurando a todos los ciudadanos las mismas oportunidades. La pena es una respuesta ficcionada que encubre los verdaderos orígenes del problema. Cuando llega el Código Penal, es tarde", consideró. l

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