Entre el martes y el jueves el empresario rosarino Leonardo Andrés Peiti fue acusado en dos audiencias realizadas por zoom desde los Tribunales de Rafaela en dos causas conexas impulsadas por los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema. Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le imputaron en ambos legajos ser el “jefe de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración y explotación económica en forma habitual y continua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización de la autoridad competente defraudando a la administración pública”. En ambos trámites penales actuó el mismo juez, Javier Bottero, quien para sorpresa de propios y extraños definió de manera diametralmente opuesta las medidas cautelares de cada una de las causas contra el acusado. En el primero de los casos le impuso a Peiti la prisión preventiva por el plazo de ley; en el segundo, 24 horas después, le dictó la libertad con restricciones tras rechazar la prisión domiciliaria. La decisión sobresaltó a la defensa del empresario, a cargo de los abogados Luis y Ángelo Rossini, quienes dijeron estar ante una contradicción evidente. La respuesta del juez no se hizo esperar: rechazó la queja y les dijo a los letrados que apelen ante los tribunales superiores, lo que realizarán apenas tengan los fundamentos de los dictámenes.
Como si eso fuera poco, cuando el juez Bottero le dio a los acusados la posibilidad de expresarse antes del segundo de sus dictámenes, Peiti rompió el silencio aún cuando sus defensores le habían sugerido que no hablara y prendió el ventilador como lo hizo en julio de 2020 cuando fue acusado por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario en una causa en la cual también se lo acusa de administrar salas presenciales y plataformas digitales de juego ilegal on line. En aquel momento habló de la complicidad de sectores de la policía y la Justicia en su actividad y la exigencia de pagos de coimas. Ahora disparó contra el jefe de los fiscales, el gobierno santafesino y una banda narcocriminal.
Leonardo Peiti tiene abiertas en la provincia cuatro causas penales por idénticos motivos. La de ser jefe y gerenciar el juego clandestino en el territorio santafesino. El primero de esos legajos está a cargo del fiscal Matías Merlo (Melincué), se inició en 2018 y está en camino a un juicio oral y público. La segunda es la que llevan adelante los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, un legajo que tuvo derivaciones judiciales y políticas luego de que Peiti declarara públicamente a mediados de 2020 que pagaba un canon mensual de 5 mil dólares al ex fiscal regional Patricio Serjal y al fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad por protección, por lo que éstos fueron acusados y detenidos. También fueron imputados policías que eran parte del negocio y hasta el senador provincial por el departamento San Lorenzo está mencionado como uno de los jefes del grupo pero no pudo ser imputado porque la Cámara alta desestimó el pedido de desafuero solicitado los acusadores. Los otros dos lejagos son los que investigaron los fiscales de Rafaela Guillermo Loyola y Gabriela Lema y que llegaron a audiencia imputativa esta semana.
En una de esas causas los imputados fueron el propio Leonardo Peiti, su hermano Roberto Esteban Peiti, el empresario rafaelino Edgardo Ángel Santucci Santillán, Andrés José María Sánchez y María Beatriz Spahn. Los fiscales les adjudicaron “conformar una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la organización, administración, explotación económica, en forma habitual y continua, de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización defraudando a la administración pública en el ámbito de la ciudad de Rafaela y la localidad de Eusebia y Carolina entre el 8 de julio de 2019 y el 18 de agosto del año pasado como así también las maniobras tendientes a la incorporación al sistema financiero legal del producido de origen ilícito proveniente de dicha actividad”.
Tras el descargo de las partes durante casi 18 horas de audiencia, el juez Bottero le dictó a Peiti la prisión preventiva por el plazo de ley al igual que a Santucci Santillán y Sánchez; al hermano de Peiti le otorgó la libertad con restricciones y a Spahn le dio arresto domiciliario por ser madre de un menor a su cargo.
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La otra causa debatida esta semana tiene como imputados al propio Peiti junto a Julio César de Itatí Perona y Facundo Perona, familiares directos del fallecido David Itatí Perona, quien era considerado “El rey del juego” en la ciudad de Rafaela y fallecido en noviembre pasado víctima del Covid-19. En este caso, y aunque la acusación planteada por los fiscales fue exactamente la misma que en el legajo anterior, el juez Bottero decidió medidas cautelares diferentes. Al empresario rosarino le otorgó la libertad bajo restricciones tras rechazar el pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa; a Julio Perona le dictó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud; y a Facundo Perona la libertad bajo restricciones.
¿Por qué un juez ante dos figuras delictivas idénticas toma medidas cautelares diferentes sobre una misma persona? Eso se sabrá seguramente cuando Javier Bottero de a conocer los fundamentos de sus decisiones, pero para más de un entendido del derecho penal que sigue las causas contra Peiti, es probable que el magistrado haya entendido que en una causa había más evidencias que en la otra. O quizás en la primera de las audiencias se sintió muy presionado por las circunstancias y decidió la prisión del empresario tras lo cual alguien pudo haberlo llamado para decirle que Peiti, a pesar de las otras causas en su contra, siempre se mantuvo a derecho y que no había motivos para tenerlo tras las rejas por lo cual optó por darle la libertad.
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“En más de 30 años de profesión jamás he visto algo tan incogruente”, dijo el abogado Luis Rossini a este diario. Y se preguntó: “Si estamos ante el mismo delito en dos legajos diferentes, con los mismos fiscales y el mismo juez, ¿cómo puede actuar de manera tan diferente?”
Gastó todas las fichas
El otro momento fundamental de las audiencias realizadas entre el martes y el jueves, las que consumieron más de 27 horas, fue cuando el juez Bottero le dio la oportunidad a los acusados de hacer uso de la palabra y Leonardo Peiti, sin hacerle caso al pedido de silencio de sus abogados, abrió la boca y disparó munición gruesa contra distintos actores de los poderes del Estado santafesino.
A pesar que desde 2014 el sistema procesal penal santafesino determina que las audiencias son públicas y el contenido de las mismas debería estar al alcance de cualquier interesado, nada se comunicó oficialmente de lo dicho por el empresario desde la celda rosarina donde permanece desde el 25 de marzo, cuando la policía lo apresó en su casa de Fisherton donde permaneció siempre sujeto a derecho, sin entorpecer el proceso de la Justicia y asistiendo a la Oficina de Gestión Judicial para estampar su firma semana a semana. No obstante, siempre hay filtraciones y La Capital tomó conocimiento de parte de lo que dijo Peiti el jueves.
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En ese sentido, como lo hizo en julio de 2020, el empresario echó leña al fuego como quien gasta sus últimas fichas en el paño verde de la ruleta y se juega a todo o nada. Entonces fue contra el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, por no respetar el acuerdo que habían pautado con su defensa el año pasado para que al declarar en carácter de “colaborador”, lo que terminó desnudando la extorsión a la que era sometido por los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad, se le respete la libertad hasta que no haya una sentencia firme en su contra.
También dijo que el gobierno le cajoneó todos los pedidos que había presentado para ser habilitado como desarrollador de emprendimientos de juegos on line de forma legal como lo hace en otras provincias del país y hasta en Paraguay, y en diciembre de 2020 terminó otorgándoles el redituable negocio al Grupo Boldt Peralada (consorcio integrado por Boldt SA y Grup Peralada) e Inverclub, operadores de los casinos en Rosario, Santa Fe y Melincué.
Además, Peiti se presentó como víctima de una banda rosarina que lo mantenía amenazado y lo extorsionó en varias ocasiones para que les participe de las ganancia de su empresa. En ese orden no hay que olvidar la balacera de julio de 2019 contra un edificio de Servando Bayo al 1000 donde vivían algunos de sus allegados y en el cual los atacantes dejaron una pintada con aerosol rojo que decía “Leo pagá”.
