El empresario rosarino Andrés Peiti, detenido el jueves 25 de marzo en su casa de Fisherton, fue imputado ayer en una audiencia realizada por zoom desde los Tribunales de Rafaela bajo la conducción del juez de primera instancia Javier Botero y en el marco de dos causas similares aunque presentadas por separado en las cuales se lo sindica como organizador de una red de juego clandestino que operaba en la provincia. Los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema le achacaron en ambos legajos ser el jefe de una asociación ilícita que tuvo como objeto la organización, administración y explotación económica en forma habitual y contínua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización de la autoridad competente defraudando así a la administración pública. Hoy, tras la sesión desprolija de ayer en la cual los imputados no fueron siquiera invitados a hacer sus descargos y uno de ellos no contó con su abogado particular en el inicio del debate, se conocerán las medidas cautelares. Es decir saber quién sigue preso y quien recupera la libertad tras la evaluación del juez.
Por esos mismos cargos, aunque en jurisdicciones territoriales diferentes, Peiti tiene abierta una causa que está en manos del fiscal Matías Merlo y va camino a juicio oral en los Tribunales de Melincué por sus presuntas operaciones en el sur provincial; y otra en la cual los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, lo tienen como principal organizador del mismo delito en esta ciudad y localidades vecinas actuando bajo el paraguas protector de sectores de la policía y de la Justicia, hecho que llevó a la destitución y la prisión preventiva de quien fuera el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal; y del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.
En uno de los legajos que se presentó ayer en Rafaela, Leonardo Peiti fue acusado junto a Julio César de Itatí Perona y Facundo Perona, familiares directos de quien fuera conocido como “El rey del juego” en la cabecera del departamento Castellanos, David Itatí Perona, fallecido en noviembre víctima del Covid-19. En las dos causas presentadas ayer, para los fiscales el empresario rosarino “ocupó el rol de jefe general de la asociación ilícita con plena autoridad de decisión y acción, teniendo por misión la organización y dirección de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa delictiva destinada a la actividad del juego clandestino en diferentes modalidades, siendo el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio y recolectar el dinero producido de esas actividades”.
En ese marco, dice la acusación, “Peiti proveyó a (el fallecido) David Perona de las máquinas, del software con el que funcionaban los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos) que éste último administraba (principalmente en Rafaela, Ramona y Sunchales), del personal técnico que le brindaba asistencia y determinó los porcentajes de ganancias que cada uno obtendría”.
En tanto, Facundo Perona fue considerado como “organizador local” de la asociación siendo un eslabón intermedio entre los jefes y el administrador de los locales de juegos en Sunchales, sobre los cuales ejercía un rol similar a una gerencia y administraba por sí mismo bajo la órbita de la organización”. Asimismo, dijeron los fiscales, “recaudaba las ganancias del local producto del sistema empleado debiendo compartirlas directamente con su tío y jefe local de la organización, David Perona. Como así también, con pleno conocimiento del origen de los fondos, ingresaba al circuito financiero formal lo producido por la actividad ilícita actuando como prestanombre”.
Sobre Julio César de Itatí Perona, la acusación sostiene que “ostentó la calidad de organizador teniendo un papel preponderante entre los jefes y los demás organizadores, donde tenía a su cargo el gerenciamiento y asesoramiento con relación a la gestión y administración de los recursos económicos, materiales y humanos de la asociación ilícita como así también en relación a las ganancias producidas”. Asimismo, dicen los fiscales, “con pleno conocimiento del origen de los fondos, a los efectos de simular la licitud de los mismos actuaba como interpósita persona facilitándole la extensión de las tarjetas de crédito de las que era titular a los fines de solventar los gastos de David Perona ingresando de ese modo el dinero proveniente del ilícito al circuito financiero formal”.
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En la misma causa ya fueron imputados con diferentes roles Pablo Irusta, Silvina Ceci, Leandro Salas, Carina Gabriela Zeballos, Lara Mariel Escala, Leonardo Rodriguez y Evangelina Perona, quienes “cumplían el rol de administrar indistintamente y de manera rotativa los locales de Rafaela y Sunchales, mientras que Hugo Mapelli tenía el mismo rol en la localidad de Ramona”.
A su vez, dicen los fiscales, los funcionarios policiales Javier Alejandro Gorosito, José Jorge Alberto Pérez, Fabián Esteban Forni, Juan Pablo Bengochea y Flavio Fernando Aranda acordaron con Peiti y Perona “establecer planes y ejecutar acciones que les permitieran de manera reiterada, contínua y sistemática extraer parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal violando e incumpliendo los deberes de funcionarios públicos dirigidos a otorgar protección a las actividades delictivas”.
Distinto pero lo mismo
El otro legajo que expusieron ayer los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema involucra además de a Leonardo Peiti, a su hermano Roberto Esteban Peiti, al empresario de Rafaela Edgardo Angel Santucci Santillán, a Andrés José María Sánchez y a María Beatriz Spahn. En este caso también les atribuyeron junto a los ya imputados Mauro David Castaño, Pablo Ezequiel Quintana, Facundo Santillan, Dionela Veron, Claudia Cassera y Eliana Soledad Calvimonte como así también a otras personas aún no individualizadas, haber conformado “una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la organización, administración y explotación económica en forma habitual y contínua de juegos de azar y/o apuestas sin contar con la debida autorización competente defraudando a la administración pública en el ámbito de Rafaela y la localidad de Eusebia y Carolina”.
“Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas antes mencionado asumió distintos roles con distintos niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo usufructuando las ganancias derivadas de la misma”, dice el texto acusatorio.
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En ese marco, sostienen los fiscales que las actividades se desarrollaron en un primer momento en una finca de Iturraspe 1045 de Rafaela, junto al local de quiniela “Agencia Cacho” propiedad de Santucci Santillán; y posteriormente en instalaciones del hotel “Perla del Oeste”, cuyo dueño es el mismo acusado y habría sido construido con dinero proveniente de la actividad legal del juego. En ambos sitios “había instaladas máquinas y equipamiento electrónico para acceder a juegos on line necesarios para continuar, de manera articulada y ordenada, con el emprendimiento vinculado a juegos de azar de forma ilegal en el primero de los sitios y a la par de la actividad hotelera” en el segundo.
En este caso, como en el primer legajo, cada uno de los imputados cumplía un rol diferente. Así, los hermanos Peiti fueron considerados jefes de la organización desde el 27 de septiembre de 2017, cuando se certifica un primer contacto con Santucci Santillán. El rol de Mauro Castaño era el de brindar las herramientas para operar las páginas de juego on line otorgándole acceso a las plataformas informáticas, cargando los créditos y recibiendo el dinero en concepto de pago por la carga de dichos créditos; Andrés José María Sánchez actuó como organizador y nexo inicial entre Santucci Santillán y Peiti para que éste le proporcione crédito de una página web que cuenta con una ruleta on line y actuó para expandir la actividad delictiva con los operadores del juego clandestino.
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Asimismo, Santucci Santillán fue consideraro el jefe local de la asociación ilícita organizando los medios económicos, técnicos y humanos para el funcionamiento de la explotación disponiendo de propiedades y recursos para el desarrollo de las actividades aludidas. Y María Beatriz Spahn tomó parte de la asociación como organizadora a partir del 27 de junio de 2020 asumiendo las gestiones para la expansión territorial de la actividad delictiva en localidades de Córdoba como Brinkmann, Porteña y Miramar; y en Santa Fe en la localidad de Eusebia y Carolina.
Finalmente, Pablo Ezequiel Quintana, Dionela Andrea Verón, Facundo Emiliano Santillán y Claudia Beatriz Cassera contribuyeron en la asociación de manera esencial, en distintos tiempos y en forma alternada como encargados y responsables de la atención y administración de las salas de juego ilegal reportando en forma directa a Santucci Santillán y obteniendo un rédito económico por esas tareas. El círculo lo cierran los fiscales con la participación de Eliana Soledad Calvimonte, propietaria de un spa y centro de estética en Rafaela que habría sido montado con dinero proveniente de la actividad ilícita desplegada por la asociación.
