Cuando el empresario rosarino Leonardo Esteban Peiti declaró en julio en carácter de “colaborador”, dentro de la causa que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario llevan adelante y en la cual le imputaron ser organizador de una asociación ilícita que regenteaba locales de juego clandestino en distintas localidades de la provincia, jamás imaginó que las máquinas de ruleta tenían más de 37 números como los históricos paños verdes. Ayer, tras dos extensas jornadas de debate realizadas por zoom desde los Tribunales de Rafaela, donde Peiti tiene abiertos otros dos legajos por idénticas acusaciones, el juez de primera instancia Javier Bottero actuó como un croupier de casinos y al cantar no va más sostuvo que salió el 44. En otras palabras, para quienes entienden de timbas y el lenguaje numérico de los sueños, le dijo que va a la cárcel y le dictó prisión preventiva por el plazo de ley.
De acuerdo a la acusación que llevaron adelante los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, Peiti actuó en calidad de jefe de una asociación ilícita dedicada a organizar, administrar, operar y explotar sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente y defraudar así a la administración pública, todo ello en carácter de coautor.
Tras conocer el dictamen, los defensores del empresario, Luis y Ángelo Rossini, dijeron que van a “esperar los fundamentos del juez para saber por qué tomó semejante medida cuando nuestro cliente, que tiene causas similares abiertas en Melincué desde 2018 y en Rosario desde el año pasado, jamás intentó profugarse, siempre estuvo a derecho y nunca entorpeció los procesos penales”. En ese sentido, aseguraron que “una vez que accedamos a los fundamentos apelaremos la medida y pediremos que Peiti mantenga el estado de libertad que nunca debió haber perdido”.
La resolución del juez Bottero también alcanzó a Roberto Esteban Peiti, a quien los fiscales le atribuyeron los mismos delitos que a su hermano pero sin embargo el magistrado decidió otorgarle la libertad con restricciones.
En ese mismo legajo está imputado el empresario hotelero de Rafaela Edgardo Ángel Santucci Santillán, acusado de los mismos delitos que los hermanos Peiti además de lavado de activos calificado por haber construido un hotel con los fondos provenientes del juego ilegal, todas calificaciones en carácter de coautor y en concurso real entre sí. Para él, el juez también dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.
Asimismo, José María Sánchez fue imputado por los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador; organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente y defraudación en perjuicio de administración pública, todo ello en carácter de coautor y le dictaron la prisión preventiva por el plazo de ley. Y a María Beatriz Spahn, imputada por idénticos delitos le otorgaron el arresto domiciliario por ser madre de un menor de edad a su cargo.
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En cuanto al otro legajo, Peiti está acusado por los fiscales de Rafaela junto a Julio César de Itatí Perona y Facundo Perona, familiares de quien era considerado “El rey del juego” en la llamada Perla del Oeste santafesino y que falleciera en noviembre pasado víctima de la pandemia de Covid-19. A estos dos hombres la Fiscalía les atribuye ser organizadores de una asociación ilícita, administrar, operar y explotar sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente; defraudación en perjuicio de administración pública; y lavado de activos calificado en carácter de coautores y en concurso real entre sí. La medida cautelar contra ellos se conocerá hoy.
Acerca de la actividad que la asociación ilícita llevaba adelante fundamentalmente en el departamento Castellanos, los fiscales sostuvieron a partir de escuchas telefónicas, seguimientos y tareas de inteligencia realizadas por fuerzas provinciales y federales, la misma era desarrollada con protección policial en una agencia de quinielas y un hotel que Santucci Santillán tiene en Rafaela además de otros locales de esa ciudad; también en el poblado de Eusebia y Carolina y desde al menos junio de 2020 intentó extenderse con el aporte de María Beatriz Spahn a la provincia de Córdoba en las localidades de Brinkmann, Porteña y Miramar.
La caída de los fiscales
El nombre de Leonardo Peiti se hizo conocido en julio del año pasado cuando los fiscales de Delitos Complejos de Rosario, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, lo imputaron de regentear una red de casas de juego clandestino en esta ciudad y otras localidades de la región. Por entonces, el empresario declaró como “colaborador” y dijo que para llevar adelante su actividad ilícita gozaba de protección policial y judicial.
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Esa afirmación fue tan real que en el avance de la investigación el primer condenado (en un acuerdo abreviado) fue un ex policía sorprendido cuando salía con dinero en efectivo de un garito de Villa Gobernador Gálvez; y más tarde fueron detenidos y desplazados de sus cargos quienes fueran fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Incluso, los investigadores sostuvieron que también participaba de la asociación ilícita el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, cuyo desafuero fue solicitado y rechazado por la Cámara alta provincial.
Según quedó demostrado en el expediente a través de escuchas telefónicas, filmaciones y registros fotográficos y tal como lo declaró Peiti, les pagaba alrededor de 5 mil dólares mensuales a los fiscales y al empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini para que lo mantuvieran informado de las causas abiertas o por abrirse contra su persona y todo otro tipo de intervención que pudiera entorpecer sus negocios.
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Fue en ese marco que la semana pasada, cuando Peiti fue apresado en su casa de Fisherton, el abogado Luis Rossini dijo que “algo huele a podrido en la provincia”. Se refería a que “no hay nada nuevo en los expedientes para detener a mi cliente, pero la causa se ha politizado y el arresto se produce dos días después de que una jueza rechazara un planteo hecho por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para que se declare la inconstitucionalidad de la norma que impide indagar e imputar a un legislador provincial”. Y agregó: “Hay severas incongruencias en lo que pasa. Algo huele a podrido en Santa Fe. ¿No será que teniendo preso a Peiti lo obliguen a hablar para comprometer a ese senador? ¿Qué quieren los fiscales? ¿Abrir una nueva puerta para lograr desaforar al legislador y detenerlo? Este no es el camino”.
Un acuerdo burlado
Rossini también sostuvo que cuando Peiti declaró como “colaborador” fue tras acordarlo con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien “se comprometió a que mi cliente no sería detenido hasta tanto haya una sentencia firme en su contra en cualquiera de los expedientes instruidos en la provincia, y ese acuerdo fue dejado de lado al permitir que un juez de Rafaela ordene su arresto y le dicte la prisión preventiva. Tengo todos los elementos de prueba que sostienen el acuerdo burlado por el Ministerio Público de la Acusación y los presentaré, de ser necesario, ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para que citen a Baclini a declarar”, dijo Rossini.
Además, Peiti tiene abierta una causa en los Tribunales de Melincué que va camino a un juicio oral y público por sus actividades en el sur provincial. Según el fiscal Matías Merlo, el empresario rosarino manejaba salas en Venado Tuerto, Casilda y Hughes además de otras localidades. No obstante, el mismo fiscal que lo investiga desde hace tres años le permitió salir del país en dos oportunidades y Peiti volvió para seguir a disposición de la Justicia.
