En las audiencias de la semana pasada los fiscales trabajaron para mostrar cómo para ellos, en definitiva, la mayor fragilidad del grupo acusado es no poder fundamentar en ninguna actividad lícita el origen de las viviendas y los vehículos que adquirieron, en lo que fue el remate de un encadenamiento acusatorio apuntalado en esas tres etapas: planificación de acciones violentas que se ejecutan, acopio de armas y compra de bienes que son decomisados.
A la vista
Si para algo sirve un juicio oral y público es para estimular de manera vívida en quienes escuchan la impresión sobre si una acusación tiene o no respaldo. La semana pasada acudieron a las audiencias personas que tuvieron contactos comerciales con Los Monos. Arquitectos y constructores que les refaccionaron casas, propietarios que les cedieron inmuebles, empleados de distintas concesionarias que les vendieron vehículos. Se habló allí de pagos al contado efectivo, de demoras en las escrituraciones mientras se evaluaba a quién poner como titular registral de bienes, de la participación de testaferros en las inscripciones, prestando sus identidades para ocultar a los verdaderos propietarios.
Al día siguiente de que en la audiencia se expusiera por primera vez el circuito económico de la banda la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe comunicó a los medios de prensa que en noviembre pasado había rechazado siete recursos presentados por integrantes de la familia Cantero para frenar el decomiso de sus bienes. Se habían confiscado seis inmuebles y más de 50 vehículos. Al hacerlo los fiscales señalaron que el grupo apeló al ocultamiento de las casas y los vehículos comprados mediante testaferros. Que los bienes fueran de una asociación ilícita, señalaban, supone con toda lógica que no serán registrados a nombre de los que están fuera de la ley, por lo que no habrá medios documentales que prueben el vínculo entre el delincuente y el bien que detenta.
Sin embargo hay algo elocuente: al momento en que se hacen los secuestros de los bienes, básicamente los autos, estos eran poseídos por los miembros de la asociación. Y la mayoría de quienes aparecían como titulares registrales de otros bienes secuestrados o embargados jamás solicitaban la devolución de los mismos. Para los fiscales está claro por qué no lo hicieron: no eran los dueños reales de esos bienes.
Los actos violentos son los que por su mayor impacto ponen en foco a un grupo que se mueve en el terreno ilícito. Sin embargo lo distintivo de su acción es la búsqueda de rédito porque es eso, no otra cosa, lo que explica las acciones cruentas. En ese sentido fueron relevantes las audiencias de la semana pasada en las que quedó de manifiesto la relación nula entre los bienes acopiados y una actividad legal que explique su acumulación.
La botella de champagne
Es en ese punto donde en los países con tradición en investigación patrimonial los grupos que actúan al margen de la ley se ven en aprietos. En una memorable escena de Breaking Bad el fabricante de metanfetaminas Walter White, que es un modesto profesor de química devenido millonario, festeja con su mujer la compra de un lavadero de autos, pantalla con la que buscará justificar sus ingresos como narco. Al final de la cena Walter pone en la mesa para celebrar una botella de champagne Cuvée Pol Roget de 320 dólares. Su esposa, que es contadora, lo perfora con la mirada. "Cómo la pagaste". El contesta que en efectivo. "Lo que pregunto es cómo hiciste, siendo un maestro desempleado, para pagar por ella". El se defiende diciendo que nadie lo vio. "El que te la vendió sí te vio", replica ella. "Según los papeles no tenemos dinero. No te pido una disculpa. Te pido que seamos inteligentes".
Es la compra de bienes sin respaldo lo que descubre a una organización criminal. En una de las numerosas apelaciones de Monchi Cantero el camarista Carlos Carbone dice que nunca va a dejar marcas formales la asociación ilícita y que el acuerdo entre sus miembros se prueba con los indicios de sus integrantes para cometer delitos indeterminados. "Mal que les pese a las defensas esta pertenencia a una asociación ilícita se prueba por el tenor de los diálogos que han mantenido entre sí los imputados y todos referidos a la comisión de delitos diversos como tráfico de estupefacientes, homicidios, amenazas (...)", dice Carbone. Lo que se pena, afirma el camarista en el mismo fallo, no es participar en un delito determinado, sino el solo hecho de tomar parte de la asociación ilícita.
Durante la instrucción los fiscales sostuvieron que es imposible acreditar la existencia de la banda por medios documentales que registren sus acciones a modo del contrato de una sociedad comercial. Pero si hay estabilidad en el tiempo de un grupo de personas, si se las escucha organizando el trabajo en búnkeres u encargando homicidios, si compran bienes y hablan de ir al contador o al escribano, si ordenan adquirir pistolas, cargadores y balas, si en las concesionarias de autos los conocen, si hay testigos en las causas que van al juicio y cuentan cómo son las transacciones, si no hay respaldo legal de ingresos lícitos, todo se torna difícil de contrastar. En un juicio oral no hay que especializarse en Derecho para entender qué se analiza, sino solamente tener sentido común. Lo que no ha probado hasta ahora la fiscalía es que los delitos que imputa, más allá de los líderes, alcancen a todos los que están acusados.