Autoridades penitenciarias iniciaron el traslado de los pacientes del pabellón
psiquiátrico de la cárcel de Coronda a instituciones de la red de Salud Pública, con el propósito
último de cerrar definitivamente ese sector, conocido como "corralito". La iniciativa convoca las
acciones de tres ministerios y fue comunicada a la Corte Suprema de la provincia. Aspiran a que el
máximo tribunal requiera a los jueces penales que, en lo posible, no sigan transfiriendo al
mencionado pabellón a personas juzgadas por delitos que hayan sido declaradas inimputables.
En el proceso en trámite ya fueron derivados seis internos con problemas de
salud mental desde el "corralito" a unidades psiquiátricas específicas. Todavía quedan catorce
personas allí, según informó el secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti. Algunos de
ellos son inimputables. Otros son presos procesados o condenados con problemas mentales.
Corti es uno de los firmantes de la carta junto a la secretaria de Salud
provincial, Débora Ferrandini, y a la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, que fue cursada
al titular de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, para reportarle la nueva situación.
En la carta se explica el diseño en marcha de un dispositivo de asistencia
clínico-jurídica que sustituirá al actual pabellón psiquiátrico para alojar a los inimputables. En
este nuevo espacio terapéutico, dicen, se definen los recursos para asistir adecuadamente, dentro
de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se
hallaban en el corralito.
Espacio crítico. El llamado "corralito" de Coronda lleva más de 23 años de
funcionamiento. En ese lapso hubo múltiples proyectos para su cierre definitivo a raíz de
innumerables reclamos y solicitudes de organismos nacionales e internacionales que han identificado
situaciones de desasistencia clínica, ausencia de recursos humanos suficientes y capacitados,
deplorables condiciones edilicias, hacinamiento y sobrepoblación.
Los firmantes de la carta a la Corte entienden que el alojamiento de personas
inimputables al interior de una institución carcelaria es una situación contraria a los derechos
fundamentales de las personas que requieren de un tratamiento clínico en lugares adecuados por una
medida judicial de seguridad.
También se resolvió conformar un equipo interdisciplinario que tome a su cargo
la asistencia inmediata y la evaluación, caso por caso, de la estrategia terapéutica
pertinente.
Ese equipo coordinará con profesionales designados por las direcciones de los
Hospitales Mira y López, Agudo Avila y de la Colonia Oliveros, la estrategia terapéutica a seguir,
incluyendo lugar de alojamiento. La Secretaría Penitenciaria afirma que se articularán dichas
acciones con los equipos de fortalecimiento en Salud Mental de la red de centros de salud, de
Rosario y Santa Fe y los equipos de los departamentos de salud mental en las unidades
penitenciarias provinciales.
Las autoridades anunciaron que también se adecuará, en forma transitoria, un
espacio físico en la colonia psiquiátrica de Oliveros, garantizando los recursos humanos necesarios
para la creación de un dispositivo de alojamiento de aquellos pacientes declarados inimputables que
requieran mayores condiciones de seguridad que las brindadas por las salas comunes de
internación.
