Policiales

Trasladan internos y anuncian cierre del pabellón psiquiátrico de Coronda

Funciona entre gruesas críticas hace 23 años. Derivan a los pacientes a la red de salud pública

Sábado 19 de Julio de 2008

Autoridades penitenciarias iniciaron el traslado de los pacientes del pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda a instituciones de la red de Salud Pública, con el propósito último de cerrar definitivamente ese sector, conocido como "corralito". La iniciativa convoca las acciones de tres ministerios y fue comunicada a la Corte Suprema de la provincia. Aspiran a que el máximo tribunal requiera a los jueces penales que, en lo posible, no sigan transfiriendo al mencionado pabellón a personas juzgadas por delitos que hayan sido declaradas inimputables.

En el proceso en trámite ya fueron derivados seis internos con problemas de salud mental desde el "corralito" a unidades psiquiátricas específicas. Todavía quedan catorce personas allí, según informó el secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti. Algunos de ellos son inimputables. Otros son presos procesados o condenados con problemas mentales.

Corti es uno de los firmantes de la carta junto a la secretaria de Salud provincial, Débora Ferrandini, y a la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, que fue cursada al titular de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, para reportarle la nueva situación.

En la carta se explica el diseño en marcha de un dispositivo de asistencia clínico-jurídica que sustituirá al actual pabellón psiquiátrico para alojar a los inimputables. En este nuevo espacio terapéutico, dicen, se definen los recursos para asistir adecuadamente, dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario, a los pacientes procesados o condenados que se hallaban en el corralito.

Espacio crítico. El llamado "corralito" de Coronda lleva más de 23 años de funcionamiento. En ese lapso hubo múltiples proyectos para su cierre definitivo a raíz de innumerables reclamos y solicitudes de organismos nacionales e internacionales que han identificado situaciones de desasistencia clínica, ausencia de recursos humanos suficientes y capacitados, deplorables condiciones edilicias, hacinamiento y sobrepoblación.

Los firmantes de la carta a la Corte entienden que el alojamiento de personas inimputables al interior de una institución carcelaria es una situación contraria a los derechos fundamentales de las personas que requieren de un tratamiento clínico en lugares adecuados por una medida judicial de seguridad.

También se resolvió conformar un equipo interdisciplinario que tome a su cargo la asistencia inmediata y la evaluación, caso por caso, de la estrategia terapéutica pertinente.

Ese equipo coordinará con profesionales designados por las direcciones de los Hospitales Mira y López, Agudo Avila y de la Colonia Oliveros, la estrategia terapéutica a seguir, incluyendo lugar de alojamiento. La Secretaría Penitenciaria afirma que se articularán dichas acciones con los equipos de fortalecimiento en Salud Mental de la red de centros de salud, de Rosario y Santa Fe y los equipos de los departamentos de salud mental en las unidades penitenciarias provinciales.

Las autoridades anunciaron que también se adecuará, en forma transitoria, un espacio físico en la colonia psiquiátrica de Oliveros, garantizando los recursos humanos necesarios para la creación de un dispositivo de alojamiento de aquellos pacientes declarados inimputables que requieran mayores condiciones de seguridad que las brindadas por las salas comunes de internación.

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