Comenzó el juicio oral contra 28 personas acusadas de integrar una secta que tuvo base en Buenos Aires y funcionó desde 1972 a 2020. Los detalles de una oscura historia
Secta religiosa: la sede de Templo Filadelfia en San Justo, provincia de Buenos Aires.
Eva Petrona Pereyra, una de las líderes de Templo Filadelfia.
Desde 1972, y de manera ininterrumpida hasta 2020, funcionó en la provincia de Buenos Aires una secta religiosa con conexiones internacionales. Conocida como Templo Filadelfia, captaban a personas en situación de vulnerabilidad, las explotaban laboralmente y se quedaban con sus ganancias. Este jueves, inició un juicio oral en la Justicia federal contra 28 miembros de la organización por delitos cometidos en estos 48 años contra al menos 25 víctimas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 de San Martín inició el juicio contra 28 acusados por delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Los hechos ocurrieron en una sede central que la organización tenía en la localidad bonaerense de San Justo. Pero durante la investigación se conoció que había anexos en otras ciudades del país, así como en Paraguay y Brasil.
Los integrantes de Templo Filadelfia, según consta en la investigación, consolidaron un sistema de captación de personas en contextos vulnerables. Les prometían mejorar sus condiciones de vida, los trasladaban a la sede de la organización y una vez convertidos como parte de la congregación comenzaban a explotarlos laboralmente.
Las víctimas eran obligadas a trabajar en la elaboración de productos panificados, venta ambulante, albañilería y otros rubros, cuyo salario era apropiado por la secta. Lo que los investigadores aseguran haber comprobado es que los ingresos económicos debían ser entregados de forma íntegra a Templo Filadelfia.
Las supuestas líderes decían ser "ungidas de Dios, seres divinos que podían escuchar y transmitir los designios y voluntad del Señor". "Bajo esta creencia se ganaban la confianza, respeto y obediencia de los fieles", aseguraron. De esa manera lograban una fidelidad forzada, dado que "faltar a su palabra era equiparado a fallarle al Señor".
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La explotación laboral también tenía como objetivo "el goce personal de las líderes". Los fiscales pusieron de ejemplo la construcción de una casa en un barrio cerrado de San Miguel del Monte, que fue construido por los albañiles captados por la organización. Esa vivienda funcionaba como lugar de descanso de Eva Petrona Pereyra, sindicada como una de las líderes de Templo Filadelfia.
Las condiciones de esclavitud, además, eran extremas. "Las horas de sueño eran limitadas y la alimentación no era suficiente. Se les brindaba una sola ración de comida sólida al día, dormían pocas horas vivían en malas condiciones", aseguraron los investigadores.
En la sede de San Justo las víctimas vivían en habitaciones de espacio muy reducido y compartían camas. Tenían poca libertad para salir del lugar y cuando lo hacían era bajo control estricto.
Semejante nivel de reducción a la servidumbre fue posible porque las víctimas también eran manipuladas por los miembros de la organización. "Debían asistir, obedecer y alabar a las líderes de la organización que se arrogaban poderes divinos", describieron desde la Justicia Federal.
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Los investigadores hablaron de "rigurosos métodos de adoctrinamiento y castigos". Además les prohibían tener contacto con personas ajenas a la organización. En ese sentido desde la secta se imponía la formación de parejas "presuntamente elegidas por Dios".
De esa manera nacían niños criados bajo estas creencias que al llegar a determinada edad eran incorporados al sistema de explotación laboral junto a sus padres. La mayoría de miembros no poseía documento de identidad y no tenían acceso a otros derechos como el de la salud. Pocas veces se les permitía recibir atención médica.
Los investigadores describieron que el proceso de captación se realizaba de forma paulatina. En un primer momento se les transmitía a los fieles que se congregaban en las distintas filiales que el Templo Filadelfia tenía a lo largo y ancho del país, como así también en países vecinos, la idea de prosperidad y bendición a cambio de la entrega y "fidelidad al Señor".
Estos templos se ubicaban en localidades de la provincia de Buenos Aires como San Justo (sede central), Pontevedra y Bahía Blanca; Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán; Melipal, en la provincia de Neuquén; Guaymallén, provincia de Mendoza; y en la ciudad de Salta, en la provincia homónima. Asimismo, también existían al menos dos templos más en Brasil y Paraguay.
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El objetivo de la secta eran las personas con características de vulnerabilidad: menores de edad, condiciones socioeconómicas desfavorables, escaso o nulo nivel de escolaridad, familias desmembradas o personas con problemas de salud. Mediante distintos métodos se les hacía creer que Dios los había elegido para vivir en la sede central de San Justo, en donde serían bendecidos y sus condiciones de vida mejorarían.
Según la investigación, para este momento, la voluntad de las víctimas ya se veía condicionada. Se les imponía que el ofrecimiento en verdad representaba para ellos un designio de Dios que no podía ser desacatado.
El tribunal está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese. La acusación es representada por el fiscal Alberto Gentili, y las querellas por la Defensoría Pública de Víctimas, Inés Jaureguiberry, y la querella particular por Mariana Barbitta.
De los 28 acusados que llegaron al juicio están quienes participaron del inicio de la organización y eran considerados líderes: Eva Petrona Pereyra, Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos, Carlos Raúl Barrionuevo, Mónica Susana Giménez, Rigoberto Ismael Mora Bogado y María Luisa Alza.
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Por otra parte fueron identificados quienes se unieron a la organización en 1997: Ruth Elizabeth Mora Bogado, Juan Pablo Mora Bogado, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Martín Carlos Cáceres, Ramón Omar Carranza, Olga Mabel Carranza, Norma Aydee Valdez, Osvaldo Horacio Gutiérrez, Claudia Elizabeth Acosta, Carlos Matías Barrionuevo, Claudio Rubén Álvarez Díaz, Katherin Esther Herrera de Alegre, Fabio Bernabé Aguirre, Claudio Gabriel Aguirre, Guillermo David Alza, Norma Beatriz Gutiérrez, Víctor Abraham Ayunta, Pablo Elías Carranza, Liliana Beatriz Barrionuevo y Damaris Fernanda Sabich.
La audiencia había sido postergada a pedido de su defensa por problemas de salud. La mujer, de 88 años, debe declarar ante la Justicia federal en la causa por sustracción de identidad
Por Facundo Borrego
Por Elbio Evangeliste
