El ministro de Justicia, Héctor Superti, aseguró ayer que la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que establece el enjuiciamiento oral y público de delitos, no está en riesgo ni sufrirá postergación alguna.

El ministro de Justicia, Héctor Superti, aseguró ayer que la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que establece el enjuiciamiento oral y público de delitos, no está en riesgo ni sufrirá postergación alguna.
"La Legislatura aprobó por unanimidad las cuatro leyes más complejas de implementación. Y está en marcha el trámite por el cual se definen inversiones de infraestructura y de nuevos organismos, lo que implica que no nos apartamos un ápice del camino trazado", señaló Superti ayer en un ámbito afín: un congreso binancional de Derecho Procesal Penal que se celebra en Rosario, donde el cambio de modelo recibió un envión de académicos, miembros del Poder Judicial y abogados locales (ver aparte).
Interpretaciones. La situación que dio a entender que se podía frenar el proceso, señaló el ministro, deriva a su entender de lecturas erradas de un planteo que hizo la Suprema Corte provincial. Eso ocurrió la semana pasada, cuando el máximo tribunal advirtió que la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley ampliando el catálogo de delitos que se tratarían en juicios orales, entre ellos los homicidios simples.
Ante ello la Corte hizo notar en una acordada que, sin estar la infraestructura del nuevo sistema a punto, se produciría una crisis de respuesta, tanto por falta de personal como de lugares donde hacer los juicios.
Superti entendió que este señalamiento de la Corte es razonable y en absoluto implica interrumpir ningún proceso. El Senado no aceptó, en base a la advertencia del tribunal superior, la iniciativa que llegaba de Diputados ampliando el número de delitos a tratar en juicio oral. Pero al hacerlo frenó otro aspecto del proyecto: el que prorrogaba hasta el 1º de enero de 2011 la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal. Conclusión: hubo quienes, dice Superti, creyeron equivocadamente que con ello el nuevo Código empezaba a regir.
"Dicen barbaridades". Tal cosa es un error porque es el gobernador el único con facultades para definir el momento de la implementación parcial o definitiva del nuevo procedimiento penal. "Como siempre, aparece alguno que no lee todo el articulado, y empieza a fogonear la idea de que entra a regir el nuevo Código, lo que al no estar terminada la transición genera alarma, más si se dicen barbaridades tales como que habrá por ello que soltar a los presos", señaló Superti.
Ante tal malentendido, dice el ministro, "la Corte señaló en una nueva acordada que el Código nuevo entrará a regir cuando se den las condiciones y el Poder Ejecutivo lo disponga, lo que es algo totalmente razonable. Y para poner en marcha el nuevo Código no nos apartamos un ápice del camino trazado".
En un panel —con otros académicos y de cara a un auditorio masivo— Superti resaltó ayer que el nuevo Código Penal es una política de Estado iniciada por otro partido político. "En este camino hay imperfecciones, no lo negamos, pero estamos en marcha".



Por Carina Bazzoni