Los datos indican que 40 menores estaban privados de la libertad al cierre de 2024 en Santa Fe. El caso Jeremías Monzón reabrió el debate
Santa Fe: los menores representan el 0,34% de la población carcelaria
Al cierre de 2024, la provincia de Santa Fe tenía 11.814 personas privadas de la libertad, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública. Dentro de ese universo, solo 40 eran menores de 18 años, lo que representa apenas el 0,34% del total de la población encarcelada.
La cifra adquiere particular relevancia en el actual contexto político y social, marcado por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre pasado en la ciudad de Santa Fe. El caso, de extrema violencia y con participación de menores, volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y la eventual baja de la edad de imputabilidad, discusión que el Gobierno nacional anunció que llevará al Congreso.
De acuerdo al relevamiento del Observatorio, al 31 de diciembre de 2024 había en Santa Fe:
38 adolescentes privados de la libertad en espacios penitenciarios,
2 menores alojados en dependencias policiales.
Se trata de jóvenes que cumplían medidas dispuestas por la Justicia provincial en el marco del sistema penal juvenil.
El informe incorpora además un dato que suele quedar relegado en el debate público: 15 niños y niñas se encontraban alojados en unidades penitenciarias sin estar judicializados, únicamente porque sus madres estaban privadas de la libertad en cárceles de mujeres. En estos casos, el encierro no responde a una causa penal propia, sino a la ausencia de dispositivos alternativos de cuidado.
El asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en un predio abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón, tuvo un fuerte impacto social. La posterior viralización del video del crimen amplificó la conmoción y derivó en una nacionalización del caso.
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A partir de ese episodio, funcionarios del Ejecutivo nacional retomaron públicamente la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal, presentando el crimen como uno de los ejemplos que justificarían una reforma legal. Sin embargo, los datos oficiales de Santa Fe muestran que la cantidad de menores privados de la libertad es reducida en términos absolutos y marginal dentro del sistema penitenciario provincial.
La ejecución de las medidas judiciales que involucran a adolescentes de entre 16 y 18 años está a cargo de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. El sistema combina dispositivos de encierro con alternativas socioeducativas.
Existen dos centros cerrados, ubicados en Santa Fe y Rosario. Funcionan con gestión mixta entre personal civil de la DPJPJ y el Servicio Penitenciario. Allí se alojan adolescentes acusados de delitos penales, con programas orientados a la continuidad educativa, talleres de oficios y actividades recreativas.
La provincia cuenta con cuatro ESPA, en Rafaela, Coronda, General Alvear y Venado Tuerto. Son dispositivos de puertas abiertas, gestionados por personal civil, que permiten a los jóvenes continuar la escolaridad y mantener vínculos comunitarios.
En estos programas, los adolescentes transitan el proceso penal en libertad, acompañados por equipos interdisciplinarios. Funcionan en más de diez localidades, entre ellas Rosario, Santa Fe, Reconquista y Villa Gobernador Gálvez.
Son espacios no residenciales orientados a la formación laboral, educativa y recreativa. Actualmente, funcionan en Reconquista y Rosario.
En Santa Fe, las estadísticas muestran que el encierro juvenil representa una fracción mínima del sistema penal, mientras que la mayor parte de las intervenciones se realizan a través de dispositivos alternativos al encierro.
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