Los cinco policías de la Patrulla de Caminos que están acusados de intentar coimear a un camionero rehusaron declarar ayer ante el juez que investiga el caso. Los delitos que se les imputan son tentativa de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tentativa de estafa procesal y adulteración de instrumento público.
El episodio del que están acusados los uniformados ocurrió el 30 de abril en el puesto policial ubicado en el peaje de General Lagos, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. Un camionero fue sometido en ese lugar a una inspección de rutina por los uniformados. En ese trámite, los policías le anunciaron que el número de motor se encontraba adulterado. Así fue como, según la denuncia, le pidieron dinero a cambio de no registrar esa irregularidad en el sumario.
El chofer negó en forma terminante que hubiera algún problema con el vehículo y los policías convocaron a efectivos de la Unidad Regional II para un peritaje conocido como revenido.
Esa pericia dio que los guarismos estaban adulterados. El camionero entonces fue demorado más de nueve horas durante las cuales, adujo, volvieron a pedirle dinero a cambio de "mejorar los papeles".
El chofer fue liberado luego de que los policías informaran de la presunta irregularidad al juez de Instrucción en turno en esos días, Javier Beltramone, quien dispuso la excarcelación del camionero y el secuestro del vehículo.
Pero la víctima se dirigió a Tribunales y radicó una denuncia por pedido de coima. Además exhibió al juez toda la documentación del rodado, que estaba en orden. Luego se dipuso una nueva pericia sobre el chasis y el motor, que arrojó un resultado diferente: no había adulteraciones. A partir de ese momento Beltramone ordenó la detención de los policías que habían participado en el operativo más los jefes de la sección.
La imputación de estafa procesal es porque presume que al presentarle documentación en apariencia adulterada para amparar su accionar ilegal también lo engañaron a él.
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