Eran las 2 de la madrugada de un jueves de enero. En la casa de Marina Marsili, una empleada de Fiscalía que investigaba los patrimonios de bandas criminales, su hijo de 12 años y dos amigos jugaban a la play en la sala. De pronto empezaron a retumbar balazos en el frente: dos plomos entraron por una ventana mientras los chicos corrían a protegerse a un dormitorio. Antes de abrir la puerta de calle, antes de recibir a la policía, antes de presenciar cómo vallaban la propiedad de barrio Martin en busca de vainas, esta contadora y doctora en economía hizo una pausa para intentar entender qué estaba pasando. “Cuando voy a abrir la puerta me planteo: soy investigadora, tengo que pensar con racionalidad. Traté de tomarme un tiempo para pensar quién fue. No lo dudé ni por un instante. Pensé: Esteban Alvarado”.
Lo siguiente que se preguntó Marsili aquella noche de 2019 fue por qué el empresario narco -por entonces prófugo y detenido dos días más tarde- atacaría a una investigadora técnica de bajo perfil de la que muchos compañeros de trabajo no conocían ni su nombre. Se dijo que alguien tenía que haberla traicionado. “Ahí pensé en Pablo Báncora. No lo dudé por un segundo. Una vez que me dije eso a mí misma, abrí la puerta”, contó. Ese atentado del 31 de enero de 2019, precedido por un incidente mafioso en el que le arrojaron la cabeza de un perro en el jardín de la casa, fue el único delito que admitió Alvarado cuando empezó el juicio oral en su contra el 22 de febrero pasado.
En ese juicio brindó este martes Marsili una declaración que, por el contexto y la profundidad del aporte, resultó inédita. Es la primera vez que una empleada de una dependencia pública, víctima de un atentado, señala a un jefe narco al que investigaba. La profesional trabajaba codo a codo con Báncora, un policía infiltrado por la banda en el núcleo de la agencia fiscal más estratégica de ese momento. En diciembre de 2019 sería condenado a 1 año de prisión condicional por sus aportes a la organización criminal: un día olvidó abierta su sesión de WhatsApp web y se descubrió que filtraba información a Alvarado.
El testimonio contrastó con los raquíticos dichos de dos funcionarios federales citados al juicio para explicar por qué ese fuero eludió investigar a Alvarado por diez años. Tampoco se escucharon declaraciones de ese tenor en el juicio por las balaceras a magistrados y edificios judiciales cometidas por la banda de Los Monos en 2018. En un retorcido giro de tuerca, el ataque a Marsili tuvo además un condimento propio de la ingeniería de Alvarado: según la acusación, fue ideado por el jefe narco para amedrentar a los investigadores y para incriminar con pruebas falsas a Los Monos. A tal fin se usó en el atentado un auto clonado, deliberadamente expuesto a las cámaras de vigilancia.
Ante las preguntas de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, Marsili repasó su formación como contadora pública y doctora en economía especializada en lavado de activos que, antes de ingresar por concurso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue inspectora en el Banco Central en Buenos Aires y fiscal del Tribunal Municipal de Cuentas en Rosario. Ingresó en 2015 a la recién creada Oficina de Delitos Económicos, donde se especializó en la interpretación de documental y participó en la pesquisa de la “megacausa” sobre estafas inmobiliarias. El área, recordó, fue disuelta en abril de 2018 por decisión del ex fiscal regional Patricio Serjal cuando investigaban una causa por subsidios en el Senado.
Luego de dos meses “cargando legajos” comenzó a trabajar en el diseño de perfiles patrimoniales en los primeros tiempos del Organismo de Investigaciones (OI). En mayo de ese año comenzaron las balaceras a objetivos judiciales, causa que investigó. En noviembre de 2018 terminaban de imputar al grueso de los acusados por esos hechos —el jefe de Los Monos Ariel “Guille” Cantero y otras seis personas fueron condenados por esos atentados en septiembre pasado—, al equipo que integraba Marsili le asignaron las investigaciones por dos desaparecidos: Nahuel “Chino” Fernández, hermano de dos víctimas del triple crimen de Granadero Baigorria, y Cristian Enrique, cuyo homicidio se le asigna al clan Alvarado en este juicio.
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Pronto se sumó a esa lista Lucio Maldonado, un prestamista informal que por entonces estaba en carpeta de los investigadores por su “exteriorización de riqueza que no se condecía con su situación patrimonial”. Según contó Marsili, lo habían investigado por sus conexiones con el financista Yalil “Turco” Azum, detenido el año pasado por manejar plata del narcotráfico desde una mesa de dinero que funcionaba en el Club Echesortu. El 11 de noviembre de ese año Maldonado fue secuestrado en la puerta de su casa de Garibaldi 608. A los dos días apareció muerto a balazos cerca del casino City Center con un cartel que decía “con la mafia no se jode”.
Fue el crimen de Maldonado el que orientó la pesquisa hacia a Alvarado cuando el GPS del Chevrolet Cruce de la víctima arrojó que había estado cautivo en una quinta del paraje Los Muchachos. Marsili contó este martes cómo ella misma ingresó con su clave a una página del servicio de catastro provincial, ingresó las coordenadas y el mapa digital arrojó que el lote estaba a nombre de los hijos de Alvarado. A partir de ese momento Marsili comenzó a sentir un quiebre en la relación con Báncora, sumado a que una parte del equipo se oponía a seguir interviniendo en la causa Maldonado.
“Yo con Báncora tenía muy buena relación. Fue mi primer compañero en el MPA, él había sacado fotos en el cumple de 15 de mi hija, era mi mejor compañero en materia de investigación. En ese momento comienza a quebrarse la relación en cosas cotidianas. Yo hablaba y él manifestaba descontento, empiezo a notar una cierta distancia. Esto fue después de que apareciera Alvarado en la investigación. Después del allanamiento a la isla empiezo a notar comportamientos diferentes de Báncora con respecto a mí”, dijo la profesional.
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Hacia fines de diciembre, según dijo, Báncora empezó a pedirle con insistencia elementos de la investigación que por su función no precisaba: una carpeta con un dibujo de Winnie the Pooh que contenía documentación secuestrada en Los Muchachos y un celular de Yalil Azum que el financista alcanzó a destrozar antes de que allanaran su casa con puerta blindada. Marsili se negaba a entregarle esos elementos a Báncora: “El celular no te sirve de nada, está roto, con cadena de custodia y bajo llave”, le decía. “Esta tarea no le correspondía a él. Era extraño que me lo pidiera”, analizó. Por eso resolvió cambiar de lugar esos objetos secuestrados, lo que generó un llamado exaltado de Báncora el 15 de enero para recriminárselo.
“Me asusté. Trataba de tranquilizarlo. Me decía que le estaba escondiendo las cosas. En ese momento todos dudábamos de todo lo que pasaba, pero yo nunca había compartido mis dudas”, dijo la contadora. Dos días antes había recibido un audio preocupado de su madre por el hallazgo de una caja con una cabeza de perro en el jardín de su casa, detrás de una reja. La mujer le dijo que le recordaba a una escena de la película de El Padrino. Que pensó en una broma de mal gusto pero también en un acto mafioso. Marsili se quebró en llanto al escuchar en la sala la reproducción de la voz de su madre, que sufrió un ACV meses atrás y está en estado vegetativo.
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Aquel 31 de enero, un hijo de la empleada había organizado una dormida con amigos y en el living del frente dormía su abuela. “Se escucha una ráfaga de tiros. Claramente me di cuenta de que era una doble secuencia. Los chicos suben corriendo las escaleras asustadísimos, entra el perro ladrando y se esconde bajo la cama. Los chicos decían que se escuchó la moto, la ráfaga. Busco tranquilizarlos. Salgo inconscientemente a la calle y me doy cuenta de que estoy sola en una calle oscura. Vuelvo a entrar y atino a llamar a la policía”, relató.
Antes de volver a salir se detuvo a pensar qué había pasado y entonces tuvo la certeza de que la balacera había sido obra de Alvarado. Fueron unos ocho balazos ejecutados desde una moto a la que un auto esperaba en las cercanías. A la casa entraron dos balas: una pasó cerca de la cabeza de su abuela, otra se frenó en una puerta abierta de un baño, “sino hubiese ingresado adonde los chicos estaban jugando a la play”. Uno de los que se acercó esa madrugada a la escena fue el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, que recientemente había sido designado director de OI.
Recién al día siguiente Marsili le transmitió sus sospechas a una compañera del equipo, la abogada Carla Belmonte: “Le dije que estaba segura de que Pablo había tenido algo que ver y le había dado mis datos a Alvarado para desviar la investigación”. Las dos mujeres le comunicaron sus sospechas a Sain, quien recomendó hablar de la cuestión con el fiscal general. “Las dos nos pusimos muy mal porque era una persona de nuestra confianza, estábamos poniendo en palabras sensaciones que no nos atrevíamos a creer que eran ciertas”, añadió.
El día del atentado, según recordó en un testimonio que seguirá este miércoles, la llamaron y le escribieron hasta compañeros de la escuela primaria. Pero Báncora no se acercó. “Vino al otro día, me abrazó llorando y me dijo «perdoname, perdoname». Habíamos decidido no blanquear nuestra hipótesis así que le dije: «Yo no tengo que perdonarte nada. Esto me lo mandó Alvarado». Y él me contestó: «La responsabilidad es mía porque no te supe cuidar». Fue la última vez que lo vi”.
